Observatorio Metropolitano

En dos años (2017 y 2018) el gobierno nacional y el de Horacio Rodríguez Larreta, remataron 53 inmuebles, habilitaron la construcción de 1.200.000 m2 sobre un total de 140.000 m2 de superficie de tierra solo en la Ciudad de Buenos Aires. Por despojar al fisco de todas esas propiedades, el gobierno recaudó 953.000.000 de dólares.

Los datos fueron volcados en un mapa con enlaces a cada subasta que fue realizado por el observatorio AMBA del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo.

En atención a esas conclusiones, el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo junto al Centro Argentino de Ingenieros, el Consejo Profesional de Ingeniería Civil y la Sociedad Central de Arquitectos decidieron enviar una carta al presidente de la Nación, Mauricio Macri, para manifestar su preocupación respecto de la subasta o enajenación de inmuebles del Estado Nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

«Entendemos que, la sumatoria de estas operaciones vista en su conjunto, representa una política de venta de tierras públicas sobre la cual no se ha evaluado de forma integral su impacto en el marco del desarrollo y la planificación de la Ciudad .

Este proceso tiene como denominador común la enajenación del suelo público por medio de subastas individuales, otorgando normas urbanísticas particulares, que habilita la transferencia de renta urbana al sector privado bajo la forma de proyectos de obras o emprendimientos inmobiliarios, para usos residenciales y de oficina. En lo que respecta al soporte legal de estas acciones, es importante destacar que la consumación de la venta de suelo público debe seguir una serie de procedimientos para su aprobación, radicando su legitimidad en constituirse como emprendimientos de interés público, destinados al desarrollo y la inclusión social.

Entre 2017 y 2018 más de 40 inmuebles nacionales iniciaron procesos de subasta, incluyendo predios con una localización y dimensiones relevantes a escala urbana, según se puede ver en el mapa on-line realizado por el Observatorio Metropolitano.

Vale recordar que el tratamiento urbanístico de los inmuebles estatales no está contemplado cabalmente en el nuevo Código Urbanístico.

Los inmuebles estatales constituyen, en su conjunto, un bien limitado y por ello un recurso invaluable. Es importante, por la propia entidad del tema, poner en discusión el proceso de privatización de la tierra pública en un marco amplio de análisis, basando su desarrollo en el beneficio común, e incluyendo las operaciones en una dinámica integradora de la planificación urbana de la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, se recomienda para todo proceso de enajenación, considerar la incidencia en cuanto a plusvalías urbanas (o en algunos casos minusvalías) que se producen al transferir inmuebles a desarrollos comerciales privados con normas urbanísticas especiales. Este concepto forma parte de las modificaciones aprobadas en el nuevo Código Urbanístico de la Ciudad .

A partir de la evidente incidencia territorial de las acciones impulsadas por el Estado Nacional, y la necesidad de un abordaje desde la planificación urbana, a partir de visualizar las operaciones contextualizadas en una cartografía de conjunto, las entidades firmantes ofrecen su colaboración una vez más, para diseñar un programa de desarrollo urbano que contemple integralmente los espacios públicos y nuevos proyectos, su funcionalidad para el bien común, considerando las necesidades actuales y futuras de equipamiento e infraestructura, así como el impacto urbano que genera la inclusión de grandes predios en el desarrollo urbano general, evaluando la pertinencia social, económica y financiera de las operaciones, dando un marco conjunto a las acciones individuales.