Observatorio Metropolitano

El Cronista | Guillermo Pereira

Aprobó los lineamientos para la gestión de la Base Única de Beneficiarios (BUB) y estableció la "obligatoriedad" de la presentación de los listados de adjudicatarios por parte de los institutos de vivienda provinciales que construyan casas con fondos nacionales. Hasta hoy era voluntario.

Buscando transparentar el otorgamiento de las casas que se construyen el marco del Plan Nacional de Vivienda (PNV), el Gobierno resolvió aprobar un manual de lineamientos para la gestión de la base de datos de beneficiarios de esas soluciones habitacionales -comúnmente llamadas viviendas sociales- y estableció la "obligatoriedad" de la presentación de los listados de adjudicatarios por parte de los institutos de vivienda provinciales que construyan casas con fondos del mencionado programa.
Así lo establece la Resolución 19/2018 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, publicada hoy en el Boletín Oficial, que lleva la firma del secretario de Vivienda y Hábitat, Iván Kerr, que busca evitar la discrecionalidad con la que se entregan estas viviendas en las provincias, sobre todo en tiempos electorales.
La norma dispone la aprobación del manual de ejecución del "Sistema de Gestión de Beneficiarios (SIGEBE)", una herramienta creada en enero de este año para gestionar la Base Única de Beneficiarios (BUB), donde figuran los inscriptos para acceder a esas casas.
Y establece en su artículo 2° "la obligatoriedad de la presentación de los listados de pre-adjudicatarios y beneficiarios a todos aquellos Entes (...) que ejecutan soluciones habitacionales financiadas o promovidas con fondos nacionales".

Los institutos de vivienda provinciales deberán presentar esa información dentro de los 20 días corridos desde la entrada en vigencia de la norma, según establece el artículo 3°. Y dispone la "suspensión de los pagos de los certificados de obra" hasta que cumplan con lo solicitado.
La puesta en marcha del SIGEBE podría generar tensiones entre el Presidente y los gobernadores que en tiempos electorales -el año próximo la mayoría irá por un nuevo mandato- suelen usar esta herramienta de manera discrecional.
"El sistema requiere que las provincias envíen la documentación en tiempo y forma para que se efectúen los controles de validación de los procesos de adjudicación de las soluciones habitacionales. Seis jurisdicciones cumplieron desde que comenzó a funcionar en enero: Salta, Formosa, Misiones, San Juan, Santiago del
Estero y Tucumán", explicaron a El Cronista desde la Secretaría de Vivienda y Hábitat.
Otros distritos como Buenos Aires, CABA, Jujuy, Mendoza y Corrientes -gobernados por Cambiemos-; más Catamarca, Chubut, Chaco, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Río Negro,
San Luis, Santa Cruz y Santa Fe, no enviaron la documentación o lo hicieron esporádicamente.

"Ahora el envío será obligatorio. Buscamos que sean prolijos y, de esa forma, también que el sistema sea más transparente. La gente del SIGEBE está yendo a las provincias para enseñar cómo hacer el trabajo de manera más rápida y eficaz", añadieron.
El sistema en cuestión apunta a brindar soluciones habitaciones a personas que ganan hasta dos salarios mínimos, por lo que no cuentan con recursos económicos para acceder a un crédito hipotecario.
El salario mínimo, vital y móvil es actualmente de $ 10.700 por lo que el tope de ingresos es de $ 21.400.

Desde el inicio de la gestión de Cambiemos se entregaron más de 40.000 viviendas en el marco del Plan Nacional y se espera que en 2019 se finalicen otras 25.000.