Por Matías Alonso
23 nov 2015
Gabriela Merlinsky es investigadora del Instituto Gino Germani de la UBA y del CONICET. Desde hace casi 20 años analiza la problemática ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo y los aspectos sociales que la marcaron durante su historia.
Agencia TSS – El Riachuelo es el río más contaminado de la Argentina y su curso es una herida abierta que muestra la desidia histórica de sucesivas y diversas autoridades nacionales, provinciales y municipales en lo que se refiere a políticas de preservación y remediación del medio ambiente. Pero también es reflejo del desinterés de los ciudadanos por abordar un problema que, además, puede ser la causa de afecciones en las ocho millones de personas que viven en la cuenca Matanza-Riachuelo.
El problema no es nuevo: en 1871 se iniciaron las obras para modificar su curso, para hacerlo apto para la navegación de buques de ultramar y para limpiar sus márgenes, ya que las inundaciones que se producían después de grandes lluvias hacían que la contaminación del río llegara a los barrios linderos. Durante el siglo XX se sucedieron muchas promesas, pero la puesta en marcha de un plan de descontaminación recién ocurrió en el año 2006, cuando una demanda judicial llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que resolvió que los Gobiernos de las tres principales jurisdicciones que integran la cuenca –la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires– debían ser los responsables de crear un plan integral de saneamiento.
Gabriela Merlinsky es doctora en Ciencias Sociales e investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).Desde hace casi 20 años, Merlinsky analiza la problemática ambiental que envuelve al Riachuelo y los aspectos sociales que llevaron a que este problema fuera invisibilizado durante más de un siglo.
¿Por qué hubo que esperar a 2006 para que se tomaran medidas para remediar el Riachuelo si ha sido un río contaminado por lo menos durante los últimos 100 años?
Hay muchas razones históricas. La primera es nuestro modelo de desarrollo imperante, que ha sido muy productivista, muy centrado en la extracción intensiva de los recursos naturales. Además, para la Ciudad de Buenos Aires el Riachuelo siempre fue la frontera de un lugar hostil: el conurbano. El Riachuelo fue el corazón del primer proceso de sustitución de importaciones de la Argentina, pero antes, durante buena parte del siglo XIX, la industria estaba ahí y siempre había sido visto como un símbolo de progreso. Por ejemplo, en las pinturas de Quinquela Martín, en la poesía y en la literatura se habla del color oscuro de las aguas del río como algo bueno, como algo naturalizado en el paisaje urbano.
“La Boca sin duda tiene una identidad con el río, La Boca es el Riachuelo”, destaca Gabriela Merlinsky.
¿Cómo y cuándo cambió esa perspectiva?
A fines de los años 90, yo trabajaba en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.Era una de las primeras áreas ambientales porteñas y tenía un programa para el Riachuelo, pero era puramente enunciativo, no había medidas ni acciones concretas. El cambio grande se dio con el nuevo milenio, a la luz de muchos conflictos ambientales en la Argentina –como los de Esquel y Gualeguaychú–, conflictos relacionados con el relleno sanitario, el acceso al agua potable y la contaminación de cursos de agua, y más recientemente también con los pueblos fumigados. Pero la bisagra fue la intervención de la Corte Suprema de Justicia, cuando declaró competencia originaria en la causa de Beatriz Mendoza. Al decir que era una cuestión de Estado y relacionarlo con el artículo 41 de la Constitución Nacional, que se refiere al derecho a un ambiente sano, y generar un dispositivo institucional (la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo – ACUMAR) para que se cumpla ese derecho, el problema se volvió visible.
¿La gente que vivía en los márgenes del Riachuelo tenía conciencia sobre el derecho a la preservación del medio ambiente o en su reclamo primaba el derecho a la vivienda?
Si nos referimos al año 2006 y a cómo se armó la causa judicial, se trató de una demanda por daño ambiental colectivo. Fue planteada en términos de derecho ambiental. Con el paso del tiempo, es diferente lo que pasa en la arena judicial y lo que pasa en el territorio, porque estamos hablando de un problema que involucra a ocho millones de habitantes. En el territorio hay innumerables organizaciones y demandas. La gente que vive sobre los márgenes y en asentamientos informales tiene problemas diversos: de salud, de transporte, y, en los últimos tres o cuatro años, empezó a haber un reclamo mucho más fuerte por el acceso a la vivienda. Sobre todo porque en el marco de la causa hay un plan de urbanización de asentamientos y villas para la cuenca Matanza-Riachuelo, que también implica desplazamientos de población.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, resolvió que la Nación, Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma deBuenos Aires debían ser las responsables de crear un plan integral de saneamiento de la cuenca.
En relación al transporte, ¿piensa que autorizar la navegación del Riachuelo ayudaría a crear conciencia sobre la recuperación de la cuenca?
La navegación es muy compleja porque depende del porte de los barcos. Si son barcos de gran calado, hay que dragar, y dragar es algo que los especialistas en temas de suelos y barros no recomiendan porque el fondo del río tiene metales pesados y al removerlos entran en contacto con el agua y el aire, y generan mayor contaminación. En este momento hay navegación porque ACUMAR tiene dos barcos pequeños que van todos los días a controlar unos diques de contención para la basura flotante. El organismo los controla y recoge la basura. También hay navegaciones que hacen el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ACUMAR para que la gente conozca el Riachuelo. Pero debería ser a una escala pequeña y no para barcos de gran porte, porque es un río de llanura de poca profundidad y dragarlo sería un problema.
A principios del sigo XX había una identificación muy fuerte de la población con el Riachuelo. ¿Quienes hoy viven en sus márgenes mantienen algo de esa identidad o le dan la espalda?
Hay que diferenciar, porque entre la cuenca alta, media y baja están comprendidos 14 municipios. Avellaneda tiene una relación interesante con el río, porque ahí hubo clubes de regatas y hay espacios recuperados. La Boca sin duda se identifica con el río, La Boca es el Riachuelo. La gente que vive en Villa Jardín, en Lanús, vive en la villa más antigua de Buenos Aires, es de la década de los 30. Hay películas que retrataron esos tiempos y mucha historia escrita. En La Matanza hay una zona que tiene una reserva natural muy interesante. En Esteban Echeverría está la Laguna de Rocha, para la que gran cantidad de gente hizo mucho para que se declarase reserva natural y ahora hay visitas guiadas todos los fines de semana. Es un territorio enorme, es más grande que la Ciudad de Buenos Aires. Según en qué lugares, en qué barrios y en qué organizaciones, creo que sí, que hay identidades muy interesantes respecto del Riachuelo, pero no podría hablar de una identidad de quienes viven en la cuenca. ACUMAR está trabajando bien con esas cosas. Hacen actividades, y ahora hay una feria de ciencias con las escuelas para que propongan proyectos innovadores con el Riachuelo. Hubo muestras fotográficas y las navegaciones también ayudaron. Hay un grupo de gente que hace navegaciones por su cuenta los domingos.
“El Riachuelo fue el corazón del primer proceso de sustitución de importaciones de la Argentina, durante buena partedel siglo XIX, la industria estaba ahí y siempre fue sido visto como un símbolo de progreso”, dice la investigadora.
¿Qué evaluación hace de la gestión de ACUMAR?
En ACUMAR están representados los Gobiernos porteño, bonaerense y nacional. Y, en un segundo nivel, los municipios, pero también hay grandes tensiones políticas entre las partes y se necesitan acuerdos de fondo en el largo plazo para avanzar. Como mínimo, los tres tienen que poner fondos para la política de recomposición del Riachuelo. ACUMAR es en este momento el organismo coordinador y tiene que rendir cuentas a la Justicia, porque la causa judicial no se cerró. Es monitoreado por un cuerpo colegiado, que coordina la Defensoría del Pueblo de la Nación y en el que participan varias organizaciones no gubernamentales de defensa del ambiente. Pero lo cierto es que en los últimos dos años la Corte ha intervenido mucho menos. Había un juez de ejecución que fue desplazado por la Corte Suprema (el juez Luis Armella) y la causa se dividió: ahora hay un juez que se ocupa de controlar lo presupuestario y otro controla el complimiento de las medidas de ejecución. Hace poco, uno de esos jueces dijo que había que revisar todo el plan integral de saneamiento ambiental, porque faltan las metas finales.
Hace años que trabaja en la cuenca Matanza-Riachuelo y ha visto los cambios que se fueron sucediendo. ¿Cómo evalúa el futuro de la cuenca?
La recomposición ambiental es un tema muy complejo por su temporalidad. Todavía nadie dijo con certeza cuánto tiempo llevará recuperar el ecosistema de la cuenca. La Ley General del Ambiente dice que debería recomponerse a su forma original, pero parece bastante difícil. Todavía no están claras las metas intermedias, ni desde la causa judicial, ni desde ACUMAR. Por ejemplo, hay que definir qué quiere decir recomponer la cuenca, qué calidad de agua queremos y qué niveles de uso pretendemos para la cuenca. Dicho esto, se han hecho cosas: hay menos basura superficial, hay mayor accesibilidad al curso de agua y a sus márgenes, se hizo un inventario de industrias y hubo expansión de la red de agua. Son medidas esenciales, pero un plan en el que podamos esperar grandes resultados necesita un horizonte temporal de unos 30 a 40 años. De ahí surge la preocupación sobre quiénes van a ser los gestores institucionales encargados de esto y si habrá continuidad de este plan como política de Estado respecto del programa para el Riachuelo. Un punto crítico es la articulación entre políticas sectoriales. Para recomponer la cuenca hay que tener políticas de salud, de vivienda, de infraestructura y de transporte, y todo eso de forma coordinada y de manera interjurisdiccional.