Observatorio Metropolitano

Oul-BAM | Observatorio Urbano Local Buenos Aires Metropolitana

Autor: Artemio Pedro Abba, Coordinador General del Observatorio Urbano Local – Buenos Aires Metropolitana (OUL-BAM), CIHaM/FADU/UBA

El reciente acuerdo que modificó Pacto Fiscal y que restituyó a la Provincia de Buenos Aires el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense, conocido popularmente como Fondo del Conurbano, dejo pendiente un tema no asumido por los la inmensa mayoría de los actores políticos del país. Una mirada cortoplacista oculta bajo la alfombra el problema de una “ciudad sin ciudadanos” protagonizada por la población que habita en los invisibilidades territorios metropolitanos emergentes.

El resultado de la negociación, positivo en sí mismo, quitó el tope que limitaba la parte que recibe la Provincia de lo recaudado por Ganancias (Artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias) permitiendo que el gobierno estadual reciba significativos recursos que le permitirá afrontar situaciones de inequidad y pobreza estructural que se vienen acumulando en la ciudad extramuros de la Buenos Aires Metropolitana. Esta discusión que fue instalada políticamente por Antonio Cafiero a fines de los ’80 (“Informe sobre la Problemática Estructural del Conurbano Bonaerense”, 1989) e incorporada presupuestariamente por Eduardo Duhalde en lo ’90 con el llamado comúnmente Fondo del Conurbano Bonaerense (Danani, C, Chiara, M y Filc, J, 1997)).

Ese reconocimiento de que la “deuda interna en el conurbano” constituye un problema de alcance nacional, debido a fenómenos migratorios que lo originan, se devaluó a partir de que en 1996[2] se colocó un tope en lo percibido por la Provincia y el reparto del creciente saldo se realizó entre las provincias restantes que pasaban por un profunda crisis de financiamiento. El nuevo Pacto Fiscal permitirá a la Provincia una mayor autonomía para el manejo en forma directa de la relación con los “barones del conurbano” y le permitirá en el futuro encarar la problemática de la inequidad y la pobreza reinante en el GBA, tan bien descripta por Agustín Salvia desde el Observatorio de la Deuda Social, interpelando a los sucesivos gobiernos de turno (UCA, diciembre 2017).

Pero, retomando la afirmación inicial, si se evalúa la decisión tomada desde el mediano y largo plazo debería considerarse solo como el primer paso del reconocimiento del Estado de un problema más que evidente. Desde esta posición la sociedad civil, las instituciones y fundamentalmente la clase política debieran dar un segundo paso reconociendo la cuestión metropolitana “más allá de la Ruta 6”,[3] y afrontar sabiamente el futuro:

• por una parte que la cuestión metropolitana argentina no termina en la Buenos Aires Metropolitana, aunque cuantitativamente sea una porción considerable (1/3 de la población nacional), sino que existen en el país otras aglomeraciones urbanas metropolitanas que vienen acumulando en proporciones alarmantes carencias y privaciones de sus habitantes.
  
• y en segundo término la cuestión metropolitana nacional, además de su incorporación en las cuentas nacionales, debe ser reconocida como una deuda en la gestión que permita una aplicación efectiva de los recursos obtenidos.
  

Los “nuevos territorios metropolitanos” que desacomodan la geografía institucional decimonónica, localidades compuestas de acuerdo al INDEC (que las mide desde el Censo de 1970), supera las viejas jurisdicciones locales o estaduales engendrando nuevos problemas urbanos de escala supra-local que originan nuevas competencias en el marco de nuevos espacios de gestión. No se han asumido las consecuencias de largos procesos de cambios en los sistemas productivos rurales o la actividad manufacturera tradicional que expulsan población de alta dinámica demográfica que pasaron a ser los excluidos en las ciudades no preparadas para recibirlos.

Con la finalidad de dimensionar la importancia de la problemática en el país basta con decir que las localidades mayores de 50 mil habitantes, que constituyen el umbral de la aparición de mayores niveles de complejidad funcional (transporte, redes de infraestructura, servicios de salud, servicios educativos, etc.), alojan algo más del 70 % de la población del país[4], ver Figura 2. Pero lo más significativo es que el 60 % de la población reside en asentamientos urbanos con algún grado de complejidad interjurisdiccional, dado que habitan en “localidades compuestas” (LC) de acuerdo a la definición del INDEC.[5]

Una primera caracterización de las localidades de más de 50 mil nos muestra que las “localidades simples” (LS), que no presentan problemáticas de interjurisdiccionalidad, si bien son 38 centros solo involucran al 14,7 % de la población del estrato y su talla promedio ronda los 100 mil habitantes, ver Figura 1. El 85,3 % de la población del estrato reside en LC y representan un número de 31 localidades y una talla promedio próxima a los 800 mil habitantes donde la complejidad funcional ya requiere instrumentos financieros y de gestión superlativos.

Una muy sintética caracterización sociodemográfica de los asentamientos humanos urbanos y rurales del país muestra ciertos perfiles preocupantes de acumulación de problemáticas sociourbanas. El sistema de centros del país si bien muestra rasgos de maduración en su estrato superior de centros, las TCMA superiores se observan en el tramo de localidades menores a 50 mil habitantes, y los procesos habituales de envejecimiento y feminización de la población, también registran un agravamiento de la condiciones de pobreza y hacinamiento critico en los asentamientos de mayor complejidad funcional e interjurisdiccional del estrato, ver Figuras 3 y 4.

Es muy significativo que desde los asentamientos rurales dispersos hacia los de mayor concentración y complejidad las variables sociodemográficas se asocian aumentando las relacionadas con la proporción del estrato de mayores edades y porcentaje de mujeres y la disminución de la pobreza y hacinamiento, coincidiendo con los procesos de urbanización mundial. Sin embargo el gradiente de disminución de las condiciones sociales adversas para el sistema urbano nacional se altera en el último tramo considerado (LC) agravándose la situación relativa para sus habitantes, ver Figura 4.