Voces de la Ciudad - El Movimiento
Concluyeron las audiencias públicas para la privatización del último tramo público de la Costanera, tomada por concesiones que datan de los años 90. Qué dijeron las organizaciones sociales y ambientalistas durante el debate con el Ejecutivo porteño y las empresas.
por Matias Ferrari - 19/02/2022
Aprobadas la rezonificación de los predios de Costa Salguero y la ex Ciudad Deportiva de Boca a fines del año pasado, el Gobierno porteño va este año por la privatización de otras 14 hectáreas de la zona costera. Esta semana concluyó la audiencia pública virtual en la que se debatió el “Master Plan” de lo que denominó en 2018 como “Distrito Joven”, el tramo de la Costanera norte que limita con el Parque de la Memoria. Se trata de una extensión de 7 kilómetros de terrenos públicos con vista privilegiada al Río de la Plata, a lo largo de los cuales se ubican varios boliches, restaurantes y clubes náuticos VIP, cuyas concesiones fueron renovadas por 10 años más a fines de 2020, tal como había adelantado en su momento El Grito del Sur.
La audiencia se extendió a lo largo de tres jornadas y contó con la participación mayoritaria de organizaciones sociales y ambientalistas que rechazaron el proyecto, tal como sucedió con Costa Salguero y con el proyecto de IRSA en la Costanera Sur. Por parte del Ejecutivo porteño, expusieron el arquitecto y «project manager» del «Masterplan Distrito Joven», Juan Lázaro, y Gustavo Fernández Protomastro, de la consultora Ecogestionar, empresa ganadora de la licitación para realizar el estudio de impacto ambiental del proyecto. Ambos redundaron en los supuestos beneficios de la privatización, como la «transformación y recuperación del borde costero» para que sea «transitable de forma libre e irrestricta» o la incorporación de «nuevos espacios para uso público». Concluidas las audiencias, el oficialismo ya está en condiciones de votar el proyecto en la Legislatura porteña.
Los representantes de las organizaciones, sin embargo, cuestionaron esos argumentos. “Este máster plan y su estudio, implican una clara violación a la democracia participativa ambiental en la ciudad de Buenos Aires, no solamente por la cuestión de la forma, sino porque históricamente la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece en una de las pocas normas de planeamiento que tiene, que la Costanera en su totalidad tiene que ser pública y de uso libre y gratuito”, dijo el abogado Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
El plan solo «reitera una forma de explotación y legaliza las concesiones ilegales» y «los pocos espacios verdes que van a quedar serán fragmentados y funcionales a la explotación gastronómica y bailable», dijo Baldiviezo. Tal como reveló este medio, el Ejecutivo porteño renovó las concesiones dentro del marco del “Distrito Joven” a empresarios que ya vienen haciendo negocios con los terrenos como Ernesto Melinsky, Rodrigo José Sueiro y Eugenio Cristian Klein, desde los años 90s. Tanto Sueiro como Klein son socios en distintos emprendimientos en el Paseo de la Infanta y en el propio predio de Costa Salguero, como subconcesionarios de la empresa Telemetrix SA, en cuyo directorio participa el marido de la exdiputada y actual subsecretaria de Relaciones Institucionales del Gobierno de la Ciudad, Carmen Polledo.
“No se está presentando ningún plan novedoso: lo que se está haciendo es reiterar la forma de explotación de la costanera de los 90 y se están legalizando todas esas concesiones que fueron ilegales y que se vienen reconcesionando a través de permisos en los últimos años”, destacó Baldiviezo.
“La evaluación de impacto ambiental no hace referencia al fenómeno de calentamiento que atraviesa la ciudad. Desde la década del 60, la temperatura máxima anual viene aumentando sostenidamente y en particular este fenómeno de calentamiento se profundizó en las últimas tres décadas. En paralelo se fue ocupando el entorno ribereño y se destruyeron las superficies verdes absorbentes. En las últimas tres décadas, la Temperatura Media Máxima Anual aumentó 0,8°C. Y respecto a las precipitaciones, la otra amenaza de origen natural que enfrenta la Ciudad, la conclusión del estudio es que no hay modificaciones en relación al régimen de lluvias en las últimas décadas”, dijo María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA e integrante del Movimiento la Ciudad Somos Quienes la Habitamos.
“El propio Consejo de Planeamiento Estratégico (COPE), órgano creado por la Constitución e integrado por más de 200 espacios de la ciudadanía, aprobó el Plan de Gestión Integrada para el Sector de la Ribera de Buenos Aires y en la página 60 propone la derogación del Distrito Joven. A contramano de la Constitución de la Ciudad, el Plan Urbano Ambiental, lo establecido en el COPE, la crisis climática y negando décadas de resistencia ciudadana para recuperar nuestra Costanera, el gobierno avanza con su proyecto de ocupación del entorno ribereño cuyas consecuencias ambientales serán irreversibles para la Ciudad y su entorno”, agregó.
El proyecto “habla de corredor biológico, pero dibuja unos arbolitos por delante de hileras de locales de 300 y 600 mts2; habla de superficies verdes absorbentes y ralentización de agua de lluvia pero dibujan manchones verdes entre franjas de asfalto. Al mismo tiempo, habla de biodiversidad pero dibuja una pared con un matorral ribereño del lado del agua, y habla de humedales artificiales pero dibuja charcos con cunetas verdes. Por pura voluntad de los realizadores de este proyecto insuficiente, las lluvias van a infiltrarse en el asfalto”, advirtió por su parte la especialista en Recursos Naturales y Ambiente Rosana Olivieri, doctora en derecho y maestranda en bioética ambiental.
“¿Alguno de ustedes piensa en el supuesto de construir boliches, canteros, parches de biodiversidad, algunos árboles y mucho cemento podrían cumplirse las enunciaciones vacías y vaciadas de sentido?”, preguntó a los funcionarios porteños la arquitecta Alicia Gerscovich, del Movimiento la Ciudad Somos Quienes la Habitamos. “El discurso del Ejecutivo es violento, porque violencia es también que tergiversen y manipulen los datos y los resultados expuestos”, sostuvo.
“Los proyectos privatizadores que afectan la Costanera y otras zonas atractivas para los negocios siguen todos la misma lógica, la de maximizar la rentabilidad del suelo urbano y de capturar los factores de valorización para beneficio de unos pocos, como lo son, en este caso, el río y el paisaje. La privatización de la Costanera se complementa con la fuerte presión para desarrollos inmobiliarios suntuosos en los barrios de la franja norte de la Ciudad, aledaños a la zona ribereña en el marco del Código Urbanístico o fuera de él, por medio de numerosas excepciones selladas por convenios urbanísticos”, concluyó Liana Battino, del Observatorio del Derecho a la Ciudad y del Movimiento la Ciudad Somos Quienes la Habitamos.