Durante los últimos dos años, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires profundizó una política de ajuste que golpea con especial dureza a los sectores populares, en especial a las mujeres. Frente a un modelo urbano subordinado a la especulación inmobiliaria, se impone la necesidad de un movimiento amplio que enfrente la privatización del derecho a la ciudad. La Izquierda Diario
Política - Urbanismo
Ayelén PerezArquitecta UBA
Miércoles 15 de octubre
El contexto urbano del ajuste
El ciclo político actual se inauguró con el decreto 70/23 del gobierno de Javier Milei, que, entre otras medidas, anuló la Ley de Alquileres. Con ello, eliminó el mínimo marco regulatorio que protegía a más de 1.077.000 personas que alquilan en la Ciudad de Buenos Aires, casi el 35% de sus habitantes.
El año legislativo anterior concluyó con la reforma del Código Urbanístico, diseñada a medida de las desarrolladoras inmobiliarias. Más de 1.500 personas participaron en la audiencia pública no vinculante para rechazar los cambios, que aun así se aprobaron con el voto favorable del oficialismo y la pasividad de buena parte de la oposición peronista. Las modificaciones introdujeron un paquete de desregulaciones bajo el argumento de “simplificar trámites”, habilitando licencias constructivas que maximizan la rentabilidad privada a costa de la calidad de vida urbana y del acceso a la vivienda.
Mientras tanto, los precios de los alquileres crecieron muy por encima de los ingresos. La inflación de septiembre fue del 2,1%, pero el rubro vivienda y servicios registró un 3,1% siendo el parámetro que más aumentó. Según un estudio de Inquilinos Agrupados, las familias destinan en promedio el 42% de sus ingresos al alquiler; en los hogares con mujeres jefas, el porcentaje supera el 50%. Para los jóvenes trabajadores, alquilar un monoambiente implica gastar casi el 70% del salario promedio. En este contexto, la vivienda se vuelve un lujo y el acceso a un techo digno, una carrera imposible.
Ajuste local y vaciamiento
El ajuste nacional se replica en la Ciudad. Tras la derrota legislativa y su acuerdo con el gobierno de Milei, Jorge Macri profundizó el recorte y la subordinación al capital inmobiliario. El vaciamiento presupuestario en vivienda y hábitat se combinó con despidos masivos de trabajadores municipales precarizados.
En los barrios populares de la ciudad se estima que habitan alrededor de 400.000 personas, en donde las obras de reurbanización están paralizadas o reducidas al mínimo, con servicios inconclusos y promesas incumplidas. En la Villa 31, Rodrigo Bueno, Playón de Chacarita, Villa 20 y la 1-11-14 que dependen del IVC— el presupuesto cayó un 29,6% respecto del año anterior. Cientos de mejoramientos habitacionales, patios o “esponjamientos” y obras de emergencia quedaron pendientes o avanzan a cuentagotas, agravando el hacinamiento y la insalubridad. A esto se suma el recorte en comedores populares y programas sociales.
En el plano nacional, los 50.000 despidos estatales y la eliminación de programas como Mi Pieza, que financiaba la autoconstrucción mediante la SISU, dejaron a miles sin acceso a mejoras básicas. Todo con la pasividad de los sindicatos estatales, que dejaron pasar el grueso de los despidos y abandonaron la defensa del hábitat popular.
Desalojos como política pública
La gestión de Jorge Macri, obsesionada con “limpiar la ciudad”, se jacta de haber concretado más de 400 desalojos en menos de dos años, mientras hay más de 1200 órdenes de desalojo en curso. El propio Gobierno celebró el “desalojo número 400” en el ex Hotel Santa Ana, en San Telmo, con participación de la Policía de la Ciudad y los ministerios de Espacio Público y Desarrollo Humano y Hábitat.
El discurso oficial omite el impacto social: familias sin alternativa habitacional fueron expulsadas sin reubicación ni asistencia real. En lugar de fortalecer programas de vivienda, la Ciudad consolida un modelo de expulsión y disciplinamiento urbano, que combina desalojos con persecución a manteros, trabajadores informales y personas en situación de calle.
La misma lógica se aplica a la política hacia las personas en situación de calle. Los nuevos paradores y operativos de “limpieza” no garantizan derechos: levantan y desplazan a quienes viven en el espacio público, ahora rodeado de arquitectura hostil —rejas, bancos inclinados, canteros puntiagudos—.
Aunque hubo aumento presupuestario en paradores, estos espacios transitorios, con horarios restringidos y condiciones indignas, funcionan como instrumentos de control social más que como respuesta habitacional. Mientras se busca mostrar una Buenos Aires “ordenada”, se oculta la miseria que el propio modelo urbano genera.
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Muchas de las familias afectadas optan por el camino de la lucha, se organizan en asambleas y coordinadoras contra los desalojos, acompañadas por movimientos sociales, inquilinos y estudiantes solidarios. La lucha de las mujeres de Guernica en la provincia sigue siendo un ejemplo de esto: lograron coordinar con otras luchas y conquistar viviendas en el mismo predio del cual fueron desalojadas hace 5 años atrás por el gobernador Axel Kicillof.
Tierras públicas, negocios privados
Mientras se recorta en vivienda social, el gobierno porteño continúa rematando tierras públicas continuando con su predecesor Horacio Rodriguez Larreta que entre 2018 y 2023 se subastaron 461 inmuebles estatales, 455 dentro de la Ciudad. Desde 2024, se reanudaron las ventas y remates para financiar obras y concesiones privadas.
Decenas de hectáreas públicas en Costa Salguero, Colegiales y Catalinas Sur fueron privatizadas, profundizando la desigualdad urbana y eliminando la posibilidad de destinarlas a vivienda accesible o equipamiento comunitario. Así, la ciudad se fragmenta: barrios populares sin urbanización completa frente a torres de lujo vacías. Se estiman más de 228.000 viviendas desocupadas en Buenos Aires, mientras la población en calle crece año a año.
La ciudad que expulsa
La ausencia de políticas habitacionales no es un error, sino una estrategia deliberada de redistribución regresiva del suelo urbano: menos inversión pública, más mercado; menos derechos, más control. El acceso a la ciudad se convierte en un privilegio determinado por la capacidad de pago y no por el derecho a habitar.
Las mujeres, los jóvenes y los trabajadores informales son quienes más sufren este modelo: alquileres que superan la mitad del ingreso, falta de crédito y amenaza constante de desalojo.
Bancas, ¿para qué?
En este escenario, las bancas del Frente de Izquierda-Unidad fueron las únicas en acompañar los reclamos por vivienda digna. La reforma del Código Urbanístico se aprobó con solo 31 votos, mientras 18 diputados de Unión por la Patria (hoy Fuerza Patria) se abstuvieron. Sus propios referentes, como Santoro, se pronunciaron contra la Ley de Alquileres, bajo la presión del lobby inmobiliario.
La candidatura de Myriam Bregman y Christian Castillo en la Ciudad plantea una alternativa: una banca que impulse una política habitacional integral, con prohibición de desalojos, financiamiento para la reurbanización, créditos a tasa cero. Partiendo la anulación del decreto 70/20 para que vuelva a entrar en vigencia la Ley de Alquileres y regulación de Airbnb. Para ampliar la oferta accesible con un banco de tierras públicas para poner a disposición los bienes del estado con control social de los inmuebles por parte de las organizaciones inquilinas y un impuesto progresivo a la vivienda ociosa.
Porque sin vivienda digna, no hay derecho a la ciudad posible. Retomando las palabras de Henri Lefebvre, “la revolución será urbana o no será”: solo la organización colectiva de quienes habitan y resisten puede revertir el dominio de la especulación sobre el suelo urbano. Como lo demostraron las mujeres de Guernica o en la histórica huelga de inquilinos, coordinar las luchas y desafiar los privilegios de los que acaparan la ciudad es el primer pensar otro imaginario urbano si se ponen en valor los ejemplos de resistencia de ayer y de hoy: una ciudad para vivir, no para especular.