LA NACION | POLÍTICA | LA CRISIS DEL SARMIENTO | Hugo Alconada Mon
5 de enero de 2019
Sobre llovido, mojado. El cuestionado consorcio de empresas que ganó el proyecto para soterrar el tren Sarmiento afronta ahora una nueva investigación penal. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) lo denunció por supuesta evasión vinculada al pago de sobornos a exfuncionarios públicos por esa obra pública, según
confirmaron a LA NACION fuentes judiciales.
La AFIP consideró que existen indicios suficientes como para sospechar que las empresas que integraron ese consorcio -Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa- dibujaron sus balances por US$10,3 millones, de los cuales US$4,5 millones se giraron al Principado de Andorra para, desde allí, pagar sobornos a los entonces funcionarios
argentinos involucrados.
La denuncia de la AFIP suma así un nuevo eslabón en la cadena de evidencias e indicios que se acumulan desde Brasil, la Argentina, Estados Unidos, Uruguay, España y el Principado de Andorra sobre cómo habría sido la ruta del dinero para que el consorcio manejara ese proyecto, valuado en US$1500 millones.
El trabajo de la AFIP comenzó a pedido del juez Marcelo Martínez de Giorgi , que requirió su colaboración para desarrollar una auditoría integral de las empresas que conformaron ese consorcio entre 2008 y 2015, período en el que Odebrecht ya admitió en Brasil que se pagaron coimas.
Durante ese análisis, los sabuesos de la AFIP detectaron dos transferencias sospechosas por un total de US$4.495.250 dirigidas a una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA) a nombre de la consultora "Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación SA", más conocida por las siglas "DSC" o "DSC Workshop".
La aparición de la consultora DSC encendió las alarmas dentro de la AFIP. En particular, porque Odebrecht también la utilizó para canalizar sobornos en otros países de América Latina como Perú, Colombia, Guatemala, Brasil y Ecuador.
Contactados por el diario El País de España, los responsables de "DSC Workshop" se victimizaron. Afirmaron que fueron "engañados y utilizados" por Odebrecht, una empresa de la que "nadie sospechaba" y con la que "todos querían trabajar" por aquellos años. "El estudio ha servido de puente sin saber qué había detrás de esos pagos", adujeron desde Madrid.
Esa pregunta -qué hubo detrás de esos pagos- es la que también le planteó la AFIP a las cuatro empresas consorcistas para soterrar el tren Sarmiento cuando las intimó a explicar por qué giraron US$4,5 millones a la cuenta de "DSC" en Andorra.
Las respuestas del consorcio fueron, como mínimo, insuficientes. Alegaron que no podían aportar demasiado porque la documentación ya la tenía la Justicia argentina porque había allanado sus oficinas.
Según reveló LA NACION durante los últimos meses, sin embargo, "DSC Workshop" y la Banca Privada de Andorra funcionaron como una escala intermedia en la ruta de los sobornos a los exfuncionarios argentinos que los exejecutivos de Odebrecht ya confesaron ante la Justicia brasileña.
Esa compleja trama delictiva integra la "Operación Pernambuco", según surge de un informe de la Policía de Andorra que delineó cómo el consorcio recurrió a los servicios de la casa de cambio Giovinazzo, en Buenos Aires, y a cuatro sociedades offshore controladas por el estudio uruguayo Belhot, González Lerena (BGL).
Esas cuatro sociedades -Convergence Capital, Natland Financiering, Lion's Soul y
Klienfeld Services Ltd- sirvieron como trampolines para girar millones de dólares otros
destinos. Entre otros, a Sabrimol Trading, la firma uruguaya que Jorge "Corcho"
Rodríguez negó que le pertenezca.
Libros contables
En ese sentido, los sabuesos de la AFIP detectaron "inconsistencias" en el vínculo
existente entre el consorcio y "DSC Workshop" que los llevó a sospechar que ese
contrato era "ficticio" y destinado "a derivar fondos al exterior con fines espurios",
según resumió el propio Martínez de Giorgi.
Por ese motivo, la AFIP no solo le entregó al juez un primer informe sobre "DSW
Workshop" a mediados de octubre, sino que a fines de diciembre radicó la denuncia
contra el consorcio por la supuesta evasión del impuesto a las ganancias a través de
"salidas no documentadas" de dinero, con un potencial perjuicio para las arcas públicas
por $8,7 millones, más los intereses correspondientes, que podrían sumar otros $8
millones.
Con la denuncia ya presentada, la AFIP ahora espera colaboración adicional de los
organismos tributarios de España y Brasil sobre la operatoria sospechada, mientras que
el juez Martínez de Giorgi deberá evaluar los pasos a seguir. Podría conservar la
denuncia en su Juzgado -junto al informe previo- o remitirlo al fuero en lo Penal
Económico, para que desarrolle una investigación paralela contra el consorcio por
evasión.
Por: Hugo Alconada Mon