Cuáles son los principales desafíos y deudas ambientales

Gustavo Sarmiento. 05/06/2022. Tiempo Argentino
Desde leyes que no se cumplan o los humedales que aún no tienen regulación, hasta los efectos del cambio climático y el rol de las potencias en el panorama mundial. Un panorama por los principales temas nacionales e internacionales en el sector, a propósito del Día del Ambiente. La importancia de la adaptación, y no solo la mitigación.

Los “Días de…” suelen ser creados para informar y concientizar sobre determinada temática. El Día del Ambiente, cada 5 de junio, es uno de los más trascendentales por lo que implica y lo que demanda social, cultural y políticamente. Algo que excede a un país, pero que no lo exculpa. A continuación, algunos puntos relevantes que involucran a la Argentina y a las potencias mundiales, las más implicadas en lograr una solución, o al menos mitigar o adaptarse a consecuencias cada vez más severas.

Lo primero que se puede marcar es que en materia legislativa, la Argentina no está tan mal respecto a otros país: cuenta con la ley de bosques, de glaciares, la de educación ambiental, y de mitigación y adaptación al cambio climático, entre otras. Claro que luego, como sucede con los bosques y glaciares, lo que debe darse es el efectivo cumplimiento.

Y en épocas de crisis socioeconómicas, a la que nuestro país está acostumbrado en los últimos años, el cumplimiento de leyes ambientales parece quedar relegado por los diferentes actores gubernamentales.

La Ley de Humedales es, sin dudas, la norma ambiental que necesita con más urgencia sancionarse. Tres veces se presentó en menos de una década en el Congreso. Las tres veces perdió estado parlamentario. Con las Cámaras fragmentadas es poco probable (aunque hay un sector del oficialismo que la promueve) que tenga su visto bueno este año. Y no se trata de algo pequeño. Los humedales ocupan un 20% del territorio nacional.

Aquí, como en gran parte de los temas ambientales, entran en juego los lobbys y las provincias, que son quienes deben bregar y cuidar el patrimonio ambiental. En gran parte son ellas y sus representantes, las que se niegan a tratarla. El mayor ejemplo es Corrientes, que rechaza la Ley de Humedales a pesar de haber sufrido la pérdida de casi 80 mil hectáreas protegidas el último verano por culpa de incendios, en su mayoría intencionales. En 2020 más de 350 mil hectáreas del Delta también fueron arrasadas. ¿La razón de la negativa de Corrientes? Su intención de transformarse en polo forestal en el continente.

Las provincias y el lobby de distintos sectores, desde el inmobiliario hasta el rural, donde se incluyen los productores de monocultivos, el sector forestal y el ganadero, entre muchos otros, atentan contra la biodiversidad. Al mismo tiempo, se profundiza un déficit histórico del país es el control y las sanciones. De hecho, recién después de 30 años el Ministerio de Ambiente de Nación actualizó y aumentó las multas a empresas o personas por infracciones ambientales. El tema luego es que se cumplan las multas. Ahí de nuevo entran las provincias, e incluso los municipios, donde el poder de lobby y cercanía entre el infractor y quien sanciona es muchísimo mayor. En los últimos años ocurrieron serios derrames, desde la Barrick Gold hasta el de la empresa Oleoductos del Valle Sociedad Anónima (Oldelval) en Río Negro a fines del 2021, el mayor derrame de petróleo en una década. En  ningún caso hubo consecuencias penales concretas.

Uno de los mayores desafíos del gobierno nacional es lograr la delgada convivencia entre desarrollo económico y cuidado ambiental. Esto va desde lo comunicacional (la gestión del recientemente despedido Matías Kulfas había iniciado la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad, MEMAC) hasta lo político. Un ejemplo se ve con la exploración petrolera a 400 kilómetros de la costa marplatense, algo que ocurre en numerosos países. Defendida por el oficialismo, rechazada por un sector social, terminó judicializada. Esta semana se llevó a cabo la primera audiencia pública en el Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredón. Durante esa jornada el investigador de CONICET-FLACSO, Ignacio Sabbatela, apuntó: «Es erróneo que hay 100% de probabilidad de derrames. Tampoco habrá contaminación visual, es a 300 km. La gran traba para la transición energética en nuestro país es la disponibilidad de divisas. Esta actividad puede relajar la restricción externa y contribuir a la transición a energías más limpias en nuestro territorio».

El gobierno promueve con medidas económicas la explotación minera e hidrocarburífera. Las provincias buscan avanzar con más permisos mineros. Mendoza, por ejemplo. Chubut, que tuvo un fuerte rechazo social. El Ejecutivo nacional sabe que la energía es uno de los sectores claves del futuro. La Argentina cuenta con yacimientos (Vaca Muerta es el ícono), y por varios años no se tendrá la capacidad nacional de suplantar todo el sistema hacia las energías renovables. Ningún país lo logró por ahora. Hoy es imposible crecer sin la energía convencional. La incógnita es cuánto y de qué modo se realizará la transición (si es que se hace), y cuánto de lo obtenido por hidrocarburos será destinado a promover y profundizar las renovables.

Mientras tanto, la crisis también genera que se dejen de priorizar deudas ambientales históricas. El Riachuelo es el caso preponderante. Otro factor es el uso de posibles contaminantes en la producción rural, que acapara gran parte del territorio nacional. La reciente resolución 2022-27APN-SABYDR#MAGYP publicada el 12.5.2022 autoriza la liberación comercial del Organismo Vegetal Genéticamente Modificado (OVGM) trigo IND-ØØ412-7 (Hb4), tolerante a la sequía y al glufosinato de amonio.

“Este trigo, diseñado para tolerar el estrés hídrico y al herbicida glufosinato de amonio, es un nuevo recurso tecnocientífico para expandir un modelo de agricultura extractivista basado en el objetivo de producir commodities e ingreso de dólares, de la mano de prácticas que han incrementado la concentración de la riqueza, la exclusión de las poblaciones rurales y pueblos originarios, así como el deterioro de la salud humana y del ambiente”, plantea el colectivo Trigo Limpio, integrado por científicos, referentes ambientales y académicos de todo el país.

Agregan que en Argentina, según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), desde la autorización de la soja RR en 1996 hasta la primera variedad de trigo transgénico del mundo aprobada en 2020, se autorizaron 62 eventos transgénicos: “Cincuenta de ellos, fueron diseñados para ser tolerantes a agrotóxicos. La mayoría fue solicitada por 9 corporaciones transnacionales, lideradas por Monsato-Bayer que es responsable de 25 de estas variedades transgénicas”.

Foto: AFP

Lo internacional

Cuando en 1972 se celebró en Estocolmo, Suecia, la primera Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano la concentración de CO2 era de 327.46 partes por millón (ppm). En mayo de este año se registró un valor de 420.99 ppm. Hay sobradas muestras en el mundo de que la situación ambiental está en franco deterioro.

Las principales culpables fueron y son las grandes potencias, aunque sus consecuencias se desparramen por el mundo. Los países desarrollados se comprometieron a destinar cien mil millones de dólares anuales hacia los países en desarrollo hasta 2025. Nunca se cumplió. En cambio, este año, con el justificativo de la guerra, el gasto en Defensa de las potencias del G7 superó ampliamente ese número. Solo Alemania anunció para este año cien mil millones de dólares en gasto de Defensa. De nuevo, y como siempre en ambiente, el tema son las prioridades. Luego del fracaso declarativo y propósito de la COP26 de Glasgow, se espera qué ocurra en la COP27, que se celebrará en Egipto en noviembre.

Los diagnósticos son alarmantes en cada estudio que se presenta. Solo este año hubo dos reportes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) que evidenciaron cómo el cambio climático impacta en diferentes regiones y aristas del planeta. La Argentina lo vive: temperaturas extremas, largas sequías que traen situaciones económicas críticas, como en el caso del Río Paraná; inundaciones, calentamiento de glaciares y del hielo antártico. Ya no se habla solo de mitigación, sino también de adaptación.

Tiempo atrás, la secretaria de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, Cecilia Nicolini, contó a este diario el avance del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación para el año 2030, y aseveró: “Se hizo mucho esfuerzo en los últimos años en lo que tiene que ver con mitigación, cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora lo que intentamos, y hacemos principal hincapié como prioridad para estos próximos años, es el Plan de Adaptación. Poder adaptar nuestro territorio a que sea más resiliente y pueda soportar mejor el impacto que tienen en la vida de las personas los fenómenos extremos que ya estamos evidenciando fruto del cambio climático”.

“Por otro lado, estamos trabajando en la estrategia para alcanzar la neutralidad de carbono para 2050, que también es un desafío enorme, en respuesta a lo que demanda la sociedad –continuó–. Esos planes desde ya que atraviesan el desarrollo y el crecimiento productivo de un país. El desafío es cómo hacemos que ese desarrollo sea cuidando el ambiente, con inclusión, que sea justo, con igualdad y con toda la gente adentro. Para eso estamos trabajando en 6 líneas estratégicas que engloban esa transición justa: la energética, el transporte sostenible, la conservación de ecosistemas y recursos naturales; pensar las transiciones y reconversión productiva. Para poder tener un desarrollo sostenible no podemos seguir produciendo y consumiendo como hacíamos en el siglo pasado”.

Foto: Télam

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, estuvo esta semana en Suecia para participar del encuentro que conmemora los 50 años de acción ambiental global transcurridos desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972. Allí hizo hincapié en la cuestión del financiamiento climático. Afirmó que es necesario “equilibrarlo entre mitigación y adaptación, poniendo mayor énfasis en la adaptación” debido a que “nuestros países necesitan grandes obras de infraestructura para combatir el cambio climático. Nuestra región tiene el Amazonas, el parque Chaqueño y las cuencas forestales que benefician al oxígeno de la humanidad”.

De cara a la COP27 consideró que “Egipto va a tener una postura muy fuerte en cuanto al financiamiento, y eso nos parece muy bien, necesitamos metas de financiamiento que se puedan contabilizar. Por eso, llamo a que los países de renta baja unifiquen sus posturas para facilitar este acceso. En este sentido, el presidente Alberto Fernández, tomó una decisión muy interesante vinculada al conjunto de los países de la región y el Caribe. Nosotros tenemos la oportunidad de armar una propuesta que pueda ser contabilizada. Debemos tomar una postura común, con una realidad común y así defender nuestra posición”.

Los reclamos unificados por las regiones serán una de las claves posibles para presionar a las potencias, aunque en un mundo envuelto en guerras que llegan hasta Europa, las decisiones centrales aún son inciertos. Desde hace tiempo la Argentina viene proponiendo crear mecanismos de pagos por servicios ecosistémicos, canje de deuda por acción climática e instalar el concepto de deuda ambiental. Por ahora, la propuesta no fue atendida.