Las organizaciones alertan por el aumento de familias en zonas vulnerables. La Masacre de Catán volvió a exponer la miseria y el negocio de las tierras usurpadas. Mientras, el Estado se va, el alquiler se vuelve inalcanzable y la Ley Ómnibus ataca la política de Integración Socio Urbana.
20/01/2024. Tiempo Argentino
Por: Gastón Rodríguez
Araceli Ledesma tiene 45 años, más de veinte como vecina del Barrio Luis Lagomarsino, en Pilar. Cuando llegó –recuerda– faltaba todo: asfalto, cloacas, luz, transporte, escuela. El primer embarazo le sumó, además de kilos, la convicción íntima de proveer a su familia de los servicios básicos. Ingresó a la junta vecinal y creó una mesa de trabajo para, de a poco, solucionar los problemas –la vida– a la gente.
Al principio, confiesa, creyó que lo suyo era un acto de solidaridad, pura voluntad bienintencionada, hasta que entendió que lo que estaba pasando era una constante vulneración de derechos. La apodaron “La Sarmiento” porque no faltaba nunca; una locomotora repartiendo viandas de guiso, desmalezando, echando narcos. Se volvió lideresa y también integrante de la Mesa Nacional de Barrios Populares en representación de TECHO Argentina, la organización que busca aliviar la situación de las personas que viven en asentamientos y que vuelve en loop en la historia de la Argentina de estos años. Se vivió esta semana en La Matanza y también en el tratamiento de la Ley Ómnibus que amenaza con dejar de lado el financiamiento de la política de integración socio urbana.
“Lo primero que hay que decir –en referencia a “La masacre del barrio 8 de diciembre”, esa emboscada infame para sacarles plata a vecinos que ocuparon terrenos en González Catán y que terminó con cinco muertos, incluido un chico de 16 años– es que el problema del acceso a la tierra y a la vivienda no es reciente. Lo que se ve ahora es un aumento de la población de estos barrios populares porque cada vez más personas no pueden sostener un alquiler y se ven obligados a asentar».
Y continúa: «Se habla mucho de la inflación, pero nadie habla de los salarios. No estamos pudiendo llegar ni siquiera a sostener la compra de los alimentos básicos. Cada vez que vamos a un territorio y volvemos a la semana o al mes, vemos una crecida importante de la población, los barrios se van agrandando, cada vez hay más gente con necesidad de vivienda. La desesperación los lleva a pensar ‘en vez de quedarme en la calle con mis hijos, tomo un campito’”.
El derecho a la vivienda está reconocido en el Artículo 14° Bis de la Constitución Nacional. Sin embargo, el déficit habitacional sigue siendo uno de los problemas urgentes. En Argentina, el 10% de la población vive en urbanizaciones precarias sin agua corriente, cloacas o red eléctrica. Tampoco tienen la titularidad de la tierra que habitan, en algunos casos, desde toda la vida.
Sin acceso
Hasta la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) era el organismo público encargado de llevar adelante políticas que atiendan la actual crisis habitacional. La conjugación en pasado, aún cuando no haya ninguna directiva oficial de desmantelamiento, tiene que ver con la inequívoca realidad.
“Nos pusimos a disposición, tratamos de reunirnos, pero todavía no están definidos quiénes van a ocupar los cargos, ni siquiera sabemos qué va a pasar con el fideicomiso (en referencia al administrado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior que recibe parte de lo recaudado por el Impuesto PAIS y del gravamen a las grandes fortunas de la gestión anterior, que es el principal financiamiento del Fondo de Integración Socio Urbana). No me ha llamado nadie para contarles lo que hicimos en estos años y los recursos que tienen disponibles. No sabemos qué quieren hacer, lo que está claro es que en los discursos de este gobierno no aparecen los pobres”, subraya la ex secretaria de Integración Socio Urbana, Fernanda Miño.
Nacida y criada en La Cava, una de las villas más “famosas” de zona norte, Miño tiene un historial de militancia política, tanto en el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) como en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Además, fue la impulsora de la Mesa Nacional de Barrios Populares. Nada en su trayectoria haría pensar que es de las que no se hacen cargo.
“Lo de Catán me causó mucho dolor y tristeza –dice–, porque no se termina de acomodar la situación a nivel estatal. Yo, que encabecé el área, conociendo la realidad de los barrios populares en Argentina, sabía lo difícil que iba a ser la gestión y no pudimos llegar en tiempo y forma. Estuvimos en 1400 barrios, trabajamos con 250 mil mujeres con el programa Mi Pieza, pero una solo puede pensar en cuánto falta todavía. Vemos al pobre contra el pobre y al delincuente que aparece cuando el Estado no está presente. Ese es el gran problema. No es un tema de tierras, sino de acceso. Cuando el Estado se retira y no da oportunidades a los que menos tienen, pasan estas cosas”. Para tener una idea de qué pasa en concreto: según las denuncias, la banda que manejaba las tierras de González Catán hasta cobraba un ABL prop a las vecinas y los vecinos.
Impacto negativo
Mientras tanto, el Estado nacional hace sus mayores intentos por no estar presente. El martes 16 de enero, en el Plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados por el proyecto de Ley «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» que impulsa el Ejecutivo, el director de TECHO Argentina, Juan Maquieyra, pidió que no se desfinancie la Ley 27.453 (conocida como “ley de barrios populares”, aprobada por unanimidad en el gobierno de Mauricio Macri y fortalecida durante la gestión de Alberto Fernández) por tratarse de “una política que construyó miles de viviendas y cientos de kilómetros de infraestructura”.
Al mismo tiempo, organizaciones sociales que forman parte de la Mesa Nacional de Barrios Populares advirtieron: «vemos con preocupación la inclusión de diferentes reformas en la propuesta de Ley Ómnibus que se encuentra actualmente en tratamiento en el Congreso de la Nación que impactarían negativamente en la continuidad de esta relevante política de Estado». En concreto, la propuesta del gobierno implica «la eliminación de la asignación específica al financiamiento de la política de integración socio urbana» que actualmente es el 30% de lo recaudado por el Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) y la supresión de los fideicomisos públicos.
Miño no maquilla lo que viene: “Los que tenemos más de 40 años ya sabemos lo que pasó en el 2001. Yo he comido del trueque, nadie me la contó. La Argentina que soñamos ahora está más lejos, los únicos beneficiados van a ser los empresarios que armaron ese DNU mientras quienes trabajamos toda la vida no vamos a poder comprar ni lo justo y necesario. La situación en los barrios es desesperante, hay mucha gente sufriendo, pero los demás solo se enteran cuando se terminan matando por un pedazo de tierra”.