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por Samtiago Brunetto
El superemprendimiento inmobiliario incluye torres de hasta 145 metros que se erigirán en el terreno costero de 72 hectáreas. Los jueces ahora no consideraron las advertencias por los posibles daños ambientales.
La Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires le dio el visto bueno al Grupo IRSA para que inicie las obras del barrio de torres de lujo que proyecta en Costanera Sur. Lo hizo al revocar el fallo de primera instancia que había dado la razón a las organizaciones ciudadanas que rechazaban la construcción del emprendimiento Costa Urbana en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, habilitado en la Legislatura por el oficialismo porteño a fines de 2021. Además de las torres de hasta 145 metros que se erigirán en el terreno costero de 72 hectáreas, esta semana IRSA tuvo otra buena noticia: el grupo se quedó con un céntrico edificio público en el que funcionó el Ministerio de Educación porteño.
Más de un año pasó desde que los y las legisladoras de Juntos por el Cambio aprobaron en la Legislatura el convenio urbanístico que habilitó a IRSA a levantar su megadesarrollo inmobiliario en los terrenos de los que es dueño desde 1997. En la última sesión antes del recambio legislativo de 2021, el oficialismo aprobó un paquete que incluyó la rezonificación de Costa Salguero y otras excepciones inmobiliarias para construir torres. Sin embargo, las organizaciones ciudadanas, que se expresaron mayoritariamente en contra del proyecto en audiencias públicas, fueron a la Justicia y en marzo de 2022 consiguieron que el juez Luis Ammirato impugnara el convenio al considerar que se habían incumplido los mecanismos de participación ciudadana y por los posibles daños ambientales del proyecto.
La buena noticia para las organizaciones duró solo un año. Este lunes, la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad decidió revocar la sentencia al hacer lugar a la apelación presentada por el GCBA e IRSA en conjunto. En su fallo, las juezas Nieves Macchiavelli y Laura Perugini sostuvieron que al no haber comenzado aún las obras "no puede sostenerse que exista un caso ambiental, dado que no hay una acción directa sobre el ambiente, ni tampoco se explica de qué manera las modificaciones normativas pueden por sí mismas implicar un daño al ambiente".
Pese a que el convenio establece, entre otras cosas, el tamaño y los límites de los polígonos en que se dividirá el predio, la parte que será para las torres y la que será para parque público, y hasta las alturas de los edificios, las juezas consideraron que el impacto del emprendimiento todavía no puede definirse ya que "no se elaboró aun un proyecto concreto". Con respecto a la participación ciudadana, el juez Ammirato había sostenido que las audiencias tendrían que haberse realizado antes del tratamiento legislativo del proyecto, apoyándose en lo establecido por la Ley N°123 de Evaluación de Impacto Ambiental. Ahora, siguiendo la lógica anterior, los camaristas consideraron que, al no haber debatido la Legislatura el proyecto concreto de obra sino una modificación de normativa urbanística, esas instancias no eran necesarias como tratamiento previo.
"En la sentencia sólo se abordó la cuestión de la necesidad de convocar a instancias de participación ciudadana antes de la firma del convenio, pero el procedimiento de aprobación tuvo otras tantas irregularidades e ilegalidades", dijo a Página 12 Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad que presentó el amparo que derivó en el fallo de origen. Según precisó, hay otras acciones judiciales en marcha que cuestionan, entre otros puntos, la falta de evaluaciones de diagnóstico y de impacto antes de la firma del convenio, y la votación en la Legislatura que no llegó a los dos tercios del recinto. El abogado sostuvo, además, que "era previsible que en plena campaña den vía libre al emprendimiento".
El fallo de la Sala IV salió menos de una semana después de que el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, asegurara en la apertura de sesiones de la Legislatura que este año el GCBA buscará "recuperar la costanera y el acceso al río" con proyectos que incluyen a Costa Urbana. "La Empresa compró el terreno a 50 millones de dólares y con la nueva normativa hoy se valoriza a más de 800 millones. El jefe de Gobierno, hoy candidato a presidente, le otorgó una renta extraordinaria a expensas de nuestra costa impactando en la destrucción del ecosistema", dijo, en tanto, el diputado del Frente de Todos Matías Barroetaveña.
María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, otra de las organizaciones que acompañaron el amparo, sostuvo por su parte que Costa Urbana "implica destruir uno de los pocos humedales que tiene la Ciudad, estamos sufriendo una de las olas de calor más importante de las últimas décadas y el GCBA junto con IRSA quieren continuar llenado de torres y cemento la Costanera". "La decisión judicial confirma el escandaloso cambio normativo quue consiguió IRSA de parte de Larreta, quien premió a la empresa con normativa para realizar un barrio semiprivado sobre un humedal", completó Barroetaveña.
El proyecto que habilita la construcción de un nuevo barrio en la Ciudad frente a la Reserva Ecológica, humedal protegido internacionalmente, implica la construcción de más de 30 edificios de hasta 145 metros en parte del predio, con una capacidad constructiva de 895 mil metros cuadrados. A cambio, IRSA deberá entregar una porción de los terrenos ribereños para construir un parque público. Aunque IRSA promociona que el 71 por ciento será destinado a ese parque, los números finos del convenio marcan otra cosa. Además de calles y veredas, en ese porcentaje se cuentan como contraprestación, por ejemplo, 11 hectáreas de un "espejo de agua" conformado por agua que ingresa del Río de la Plata.