La izquierda Diario
La Justicia Federal dictó una medida cautelar que ordena a los gobiernos municipal, provincial y nacional proteger los ríos de La Plata y Santiago y el arroyo El Gato.
Hace unos días se conoció el fallo judicial en la causa que inició la Clínica Jurídica de Derecho Ambiental de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en representación de un grupo de vecinos de la localidad de Ensenada.
El mismo se da en el marco de varios reclamos por parte de los vecinos de la zona que ven la contaminación creciente en las aguas de los arroyos y ríos.
Dicha medida afectará a toda la cuenca del Río de La Plata (costas de La Plata, Berisso y Ensenada) y ordenó al gobierno provincial y a la Municipalidad de La Plata a que pongan fecha de inicio y plazo de ejecución de un proyecto para el tratamiento y disposición final de los líquidos cloacales de La Plata, Berisso y Ensenada, instalar barreras flotantes de contención y extracción, sobre el Arroyo el Gato, para facilitar el retiro de los residuos sólidos del curso hídrico.
A su vez, el fallo ordena a la provincia de Buenos Aires y a la empresa Aguas Bonaerenses (ABSA) que presenten al Juzgado un plan provisorio para evitar los efectos perjudiciales del vuelco de líquido cloacal sin tratamiento, en el sistema compuesto por el Arroyo el Gato, Río Santiago y Río de La Plata.
Es conocida la denuncia que vienen realizando los vecinos de barrios aledaños a arroyos o al mismo Río de La Plata, debido a la destrucción ambiental que realizan empresas cómo Frigoríficos Gorina, YPF, Copetro,o barrios privados cómo el Grand Bell que destina sus restos cloacales al Arroyo Rodriguez.
En el fallo también se solicita a la provincia y a los municipios involucrados que practiquen un relevamiento de toda la extensión de arroyos y cuenca del Río de La Plata, limitada a las aguas que bañan las localidades de La Plata, Ensenada y Berisso, a fin de identificar todos los puntos a través de los cuales se produce con habitualidad, el vertido de sustancias contaminantes sólidas o líquidas al curso de agua, a través de actividades antrópicas legítimas o ilegítimas.
Asimismo, se involucró en el proceso, al Estado nacional, ya que es el Río de La Plata el cuerpo receptor final de los efluentes, basándose en el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo -Ley 20.645- y otras normas y acuerdos internacionales, pudiendo la degradación del curso hídrico comprometer la responsabilidad internacional de la República Argentina, en virtud de los daños ambientales que podrían producirse fuera del territorio provincial y nacional.
El estado del Río de La Plata es alarmante
El estado de los efluentes, tanto los arroyos, los ríos, como los canales y humedales en la región necesitan medidas urgentes ya. Los gobiernos y el modelo extractivista de todos estos años llevaron a que los recursos hídricos se vayan perdiendo, y la zona sea considerada zona de sacrificio.
Por nombrar algunos conflictos ambientales que afectan a barrios aledaños, con problemas de salud, pérdida patrimonial, y una calidad de vida disminuida por vivir rodeado de contaminación, podemos comenzar hablando de las 27 mil toneladas de hidrocarburos que contendría los fondos de los canales Oeste y Este en Ensenada y Berisso, canales que desembocan en el Río de La Plata.
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Si bien YPF, tras diversos juicios, se vio obligado a modificar la forma en que desechan sus residuos industriales, después de varias denuncias de vecinos de El Dique y alrededores de la fábrica por afectaciones graves en la salud, el problema sigue existiendo y la solución que dio la empresa no resuelve el problema. Ambos canales son recipientes de los residuos no solo de YPF, sino de todas las fábricas de la zona.
También es conocido el conflicto alrededor del Arroyo Rodriguez y Maldonado, donde vecinos se organizaron contra la basura arrojada por el Barrio privado Grand Bell, donde viven Tolosa Paz y el actual intendente de La Plata, Julio Garro.
Además denuncian al frigorífico Gorina, uno de los más grandes exportadores de carne, que arroja sus desechos en el efluente y hace insoportable la vida en los barrios aledaños, con fuertes olores y pérdida de diversidad biológica.
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El arroyo el Gato, también se encuentra en estado crítico y muchas personas viven a su alrededor en condiciones precarias. Esto es el resultado de que ningún gobierno tuvo una planificación urbana ni plan de obras para garantizar el derecho a la vivienda de miles de personas.
Recordemos que el Arroyo El Gato es uno de los más contaminados, y esto llegó a la catástrofe con la inundación de 2013, en una situación quizá poco difundida por los grandes medios. Luego de que bajaran las aguas de la inundación quedaron las enfermedades.
Muchas personas que vivían alrededor recibieron el rebalse del arroyo, con los desechos que este contenía, dejando una situación crítica.
Vale mencionar que estos arroyos también contienen agroquímicos que se utilizan en el cordón hortícola, el más grande productor de alimentos de la Argentina, y uno de los más contaminados.
Estos pesticidas vuelan y terminan arrastrados varios kilómetros hasta terminar en el río y los arroyos. Estos mismos agrotóxicos terminan en nuestra comida y nuestra agua.
Por su parte, el Ceamse y la filtración del lixiviado de los RSU (Residuos sólidos urbanos) a las napas por la degradación de la malla impermeable, también son un problema. Estos residuos terminan en el río también, y recordemos hasta no hace poco la aparición de cianobacterias producto de la contaminación, dejando a miles de familias sin agua potable por unos días.
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El problema con el agua y el mal servicio viene de la contaminación en la región y la falta de inversión de los gobiernos y las empresas.
Por último, tenemos el problema con los humedales. El humedal urbano Génova también se ve afectado por las políticas del gobierno municipal. Los residuos cloacales sin tratamiento son arrojados al humedal sin ningún tipo de control y las tareas de saneamiento, terminan destruyendo su biodiversidad.
La lucha ambiental crece ante el extractivismo de Kicillof
Hace una semanas, se realizó una movilización provincial donde varias asambleas y organizaciones ambientalistas, sociales y políticas se movilizaron a el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y que terminó en la Gobernación de la provincia de Bs As donde se presentó un escrito exigiendo el fin de las políticas extractivistas que lleva adelante el gobierno de Kicillof.
Esta lucha colectiva viene creciendo en todo el país, en especial en la provincia de Bs.As. donde el agronegocio, la especulación inmobiliaria y otros emprendimientos ecocidas, son beneficiados por gobiernos municipales, provinciales y nacional.
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El gobierno nacional que discursivamente dice defender el ambiente, no hace más que favorecer el desmonte mediante incendios o la extensión del monocultivo con uso de agrotóxicos, impulsa la exploración petrolífera en los mares, las mega granjas porcinas y dilata la aprobación de la Ley de Humedales que está en peligro de perder estado parlamentario.
Esta política, si bien se disfraza de verde, no es casual. Se tratan de medidas desesperadas que tiene el gobierno del Frente de Todos para cumplir con los pagos de la deuda odiosa e impagable que contrajo Macri con el FMI. Todo esto mientras la pobreza, el hambre, la salud, educación y ambiente reciben cada vez menos presupuesto.
Se trata de un fallo que reconoce el reclamo de que no hay planeta B y refuerza la necesidad de seguir movilizados en las calles en defensa del ambiente, unificando la lucha ambiental con el resto de los sectores que, además de ser ajustados, somos los principales afectados por la contaminación y daño del planeta.
Por todo esto se hace más que necesario rechazar el acuerdo con el FMI y movilizar el próximo 11 de diciembre al Congreso Nacional para evitar que sigan hipotecando nuestro futuro a costa de nuestra salud y ambiente.