Clarín.com | Gabriel Lanfranchi
Barrio de emergencia Rodrigo Bueno en Costanera sur, muy cerca de Puerto Madero. Foto: Emiliana Miguelez
La ley de regulación dominial de villas, sancionada por el Congreso, es una de las noticias más importantes de los últimos años en materia de desarrollo social. Declara de utilidad pública y sujetos a expropiación a los inmuebles en los que se asientan todos los barrios populares relevados por el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). La ley busca dar respuesta a un problema que afecta en nuestro país a 3,5 millones de personas que viven en 4.228 villas y asentamientos.
Más allá de la buena noticia que implica la aprobación de la ley, es importante que sea el punto de partida para que la reurbanización de villas y asentamientos se convierta en una política de Estado. La implementación va a llevar mucho tiempo y para que sea efectiva aún hacen falta instrumentos específicos que están al alcance de la mano. Además de la Ley y el Fideicomiso propuesto, hace falta contar con un instrumento de gestión específico, capaz de moverse con agilidad e implementar los proyectos con rapidez. Cada gran aglomerado del país podría contar con una Corporación de Promoción Metropolitana, es decir, una empresa pública desarrolladora capaz de llevar adelante la gestión de regularizar, generar infraestructura y llevar servicios a los barrios informales. Este organismo debería tener también la función de desarrollo de nuevo suelo urbano para evitar que los barrios informales se sigan expandiendo.
El Laboratorio Urbano Digital de CIPPEC (LUD), que mide la expansión urbana en Argentina, encontró que el área urbanizada de los 33 aglomerados urbanos del país creció, entre 2006 y 2016, 102.587 hectáreas. De esa expansión, el 8% (más de 8.000 hectáreas) son barrios informales, asentamientos o villas. Cualquier política de reurbanización debería también tener en cuenta un plan de generación de suelo urbano. Estudios recientes indican que la reurbanización de barrios informales cuesta entre 6 y 9 veces el valor de urbanizar suelo nuevo.
En el reparto de roles institucionales, la Agencia de Administración de Bienes Estatales (AABE), designada como sujeto expropiante según la nueva ley, debería dedicarse exclusivamente a administrar los bienes, y nuevas organizaciones podrían dedicarse exclusivamente a desarrollar, contando con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social en la provisión de parte de los recursos. Un antecedente en este sentido es la Corporación Puerto Madero, que desde 1989, ha desarrollado una de las operaciones de regeneración urbana más exitosas de Latinoamérica, administrando tierra que pertenecía al gobierno nacional y financiándose con la puesta en valor del suelo.
La generación de Corporaciones de Promoción Metropolitana en los grandes aglomerados urbanos del país garantizaría la participación de los distintos niveles de Gobierno en el desarrollo de sus barrios y fortalecería el financiamiento de tan ambiciosa empresa. Poner en marcha políticas de desarrollo integral de ciudades es clave para potenciar el desarrollo local de los barrios informales existentes y prevenir la formación de nuevos barrios sin infraestructura. Sería el inicio de un largo proceso que nos llevaría a un país más justo e integrado.
Gabriel Lanfranchi es director del Programa de Ciudades de CIPPEC