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Un estudio realizado entre 2003 y 2016, recientemente publicado por el programa Ciudades de Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad), concluyó que las ciudades argentinas crecieron, en promedio, el doble en territorio más que en habitantes. En algunos casos crecieron hasta seis veces. Se trata de una expansión urbana perjudicial para una gestión adecuada del espacio. Si se toma conciencia de que en 2025 el 70% de las personas vivirán en ciudades, es fácil comprender que este sistema es más caro e ineficiente: se alienta al uso del transporte individual de automóviles, la construcción de grandes autopistas, la proliferación de grandes centros de compra, el aumento de servicios de transporte público, cloacas, agua, electricidad y recolección de residuos. Con una mayor densidad, los sistemas de transporte público resultan más eficientes, los servicios urbanos más baratos, resurgen los pequeños comercios de proximidad y el espacio público gana en calidad y uso.

Las ciudades son motores de crecimiento económico: allí se genera alrededor del 80% de la producción económica mundial. También el 70% del uso de energía y de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Los problemas ambientales generados en las erróneas o inexistentes políticas urbanas estudiadas por el Cippec en 33 ciudades argentinas demuestran que las mismas crecen desmedidamente y no en proporción a su cantidad de habitantes.

En momentos en que la Legislatura de la Ciudad debate el proyecto de un nuevo Código de Planeamiento Urbano para Buenos Aires, se plantea una oportunidad para promover una política urbana integral de carácter nacional alineada con el Acuerdo de París en 2015 -suscripto por este gobierno-, que promueva una mayor compactación y densificación de las ciudades.

En un escenario donde la Nación, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires pertenecen al mismo signo político, cabe preguntarse si no sería adecuado y responsable reflexionar sobre la necesidad de una política conjunta para la gran metrópoli conformada por el área de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Basta resaltar que, según lo reflejan los censos, la ciudad de Buenos Aires tenía en 1947 2.980.000 habitantes y en el año 2010, 2.890.151: en más de cincuenta años la población de la ciudad de Buenos Aires ha disminuido. En el mismo período el gran Buenos Aires ha crecido de 1.750.000 en 1947 a 8.680.000 en 2001. Un crecimiento poblacional que genera el ingreso de más de 1.200.000 automóviles cada día a la ciudad. El actual Código de Planeamiento Urbano debe modificarse: desde su última actualización, en 1977, han cambiado los criterios de sustentabilidad, equidad e integración. Estamos frente a una oportunidad histórica para controlar la depredación urbana.

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Documento en CIPPEC

La agenda del hábitat en Argentina 

GABRIEL LANFRANCHI | GUADALUPE GRANERO | JUAN IGNACIO DUARTE

El hábitat digno es una deuda pendiente en Argentina, aún en 2017. Hoy, tres millones y medio de hogares –alrededor de un tercio de la población del país- no tienen una vivienda adecuada. A esto se agrega que un 15% de la población no tiene acceso a agua potable y más del 40% no cuenta con redes de cloaca. Quienes enfrentan mayores problemas en relación a la vivienda suelen tener, a su vez, peor acceso a las redes de transporte y tienden a ser los más afectados por inundaciones y golpes de calor, entre otros fenómenos producto del cambio climático. Es alarmante, además, la tendencia de aumento del déficit habitacional que se mantiene desde el 2001.

Ahora bien, el desafío no es meramente cuantitativo.

Para revertir una situación histórica de vulneración de derechos es necesario implementar políticas de hábitat que sean integrales. Este documento retoma los lineamientos plasmados tanto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015) como en la Nueva Agenda Urbana (2016) -dos acuerdos que expresaron un consenso global en torno a qué es la buena urbanización- y mira la política urbana desde una concepción integral. Así, la vivienda es parte de un sistema complejo, en el que interactúa con la infraestructura urbana, el transporte y el ambiente.

Desde esta perspectiva, se revisan algunas cuestiones estructurales para sentar las bases de estudios más exhaustivos en torno al hábitat: ¿cómo se organiza el Poder Ejecutivo Nacional para gestionar las políticas de hábitat? ¿Cuánto presupuesto se destina a su ejecución? ¿En qué medida cuenta Argentina con una normativa urbana y territorial adecuada para una buena urbanización?

La reconfiguración del Poder Ejecutivo Nacional en 2015 permitió una organización institucional más integral y fortaleció el rol de la planificación territorial. Sin embargo, el presupuesto asignado por ley para el hábitat disminuyó a la vez que los problemas urbano-habitacionales persisten. Así, el hábitat pasó de representar el 6,5% del total nacional en 2014, al 5,3% en 2017. Por otra parte, el Estado nunca plasmó en una ley nacional su capacidad de regulación en la materia y sólo un 20% de las provincias cuenta con normativa de ordenamiento territorial.

Fuente: Elaboración propia según datos publicados en ASAP, Oficina Nacional del Presupuesto y la cuenta de inversión del Ministerio de Hacienda.

En este escenario, el documento ofrece insumos para un debate más profundo y estructural de las políticas urbanas en Argentina. Esta reflexión atraviesa a los modelos de planificación, a las formas de regulación y a los marcos normativos que organizan el territorio. De esta manera, sienta las bases para entender cómo se diseñan, se gestionan y se articulan desde el sector público las políticas de hábitat en Argentina.

Abajo en pdf el documento completo para descargar.