Ámbito - POLÍTICA
Por Patricia García - 06 Octubre 2020
El jefe porteño acordó contraprestaciones para permitir sumar altura a torres al lado del Campo de Polo y en Puerto Madero, entre otras demandas. Avanza en cambio con normativa para valorizar Costa Salguero y que salga a remate.
Horacio Rodriguez Larreta envió a la Legislatura porteña el pedido de un combo de excepciones al Código de Planeamiento, que hubiera puesto la lupa en el exConcejo Deliberante, tras suscribir acuerdos con privados que solicitan cambios de norma para sus proyectos constructivos. Todo en medio de la pandemia y con el fundamento de que las “contraprestaciones”, insertas en los convenios, se utilizarán para amortiguar la emergencia sanitaria en la Ciudad de Buenos Aires.
A esos tres convenios, se le suma la necesidad del jefe de Gobierno de convalidar un proyecto de un barrio de lujo en Costa Salguero para que los terrenos tengan un valor más significativos cuando la Ciudad los saque a remate. Ese es un tema aparte, que no desvela tanto al Gobierno porteño porque contaría con los votos para su aprobación.
En cambio, los tres convenios no conforman al radicalismo, socio clave en el recinto de la Legislatura para utilizar la mayoría automática que ostenta el oficialismo porteño (Vamos Juntos). No solo eso, los aliados de la Coalición Cívica que tiene el PRO, no comulgan con la votación de excepciones y reclaman un norma más amplia y sustentable en el Código de Planeamiento Urbano. Es algo atinado, pero que complica ahora a Larreta, quien por los menos deberá congelar uno de los convenios, otro aguardar mejor momento y un tercero que sí podría aprobarse cuando el bloque lo lleve al recinto el jueves, junto con el proyecto Salguero de Costanera Norte.
Por su parte, el Frente de Todos se opone a todas esas iniciativas, entre otros motivos por el beneficio extra para los propietarios.
Un tema sensible podría lograr que Vamos Juntos llegue a los 31 votos (la mitad más uno) que necesita para aprobar los proyectos, como la necesidad de reactivar la construcción para impulsar el reinicio de la economía tan castigada en tiempos de epidemia.
El convenio más polémico se refiere a dos parcelas compradas por las empresas Kilómetros SA - creada en 2016- y Arkinver Sa (inscripta en 2018), en 2017 y 2018 al Estado Nacional durante la presidencia de Mauricio Macri. Eran edificios donde funcionaba la Sastrería Militar y la Obra Social de las FFAA. Según recuerdan legisladores del oficialismo, las firmas ya habían pedido una excepción y ahora van por otra que les permita una mejor capacidad constructiva y uso del suelo.
Ese convenio se firmó el 15 de septiembre pasado y en una semana ya se trataban en la Comisión de Planeamiento a cargo de la legisladora Victoria Roldán Méndez (VJ) y donde es vicepresidente Javier Andrade (Frente de Todos) quien piloteó un dictamen de minoría.
Lo que sucede es que las parcelas en cuestión están lindando con el Campo de Polo y muchos creen inconveniente una torre de altura en ese lugar, más allá de lo controvertido de la excepción por la cual las empresas le darían a la Ciudad de Buenos Aires un lote allí mismo que es tierra inundable y u$s 2,5 millones que Larreta volcaría a la emergencia sanitaria. El Código Urbanístico impone una “compensación” a la Ciudad cuando sus modificaciones aumenten el valor de los inmuebles. Se trata de dos parcelas en la avenida Dorrego entre Clay y Huergo separadas por la calle Baez, de las cuales una quedaría para la Ciudad, si cambia la normativa constructiva. Es un lote de unos 6 mil m2 con “riesgo hídrico” donde se realizaría una plaza. La Legislatura porteña, de aprobar el convenio, permitiría una torre de hasta 96 metros de altura, pero además se cuestiona la demolición de los dos edificios militares que se consideran con valor patrimonial e histórico.
Dentro del PRO, inclusive, hay legisladores que en voz baja aseguran “no lo veo”, para reflejar que votarían a favor por disciplina pero no por convencimiento.
Otros u$s 2.5 millones obtendría la Ciudad de Buenos Aires a través de otro convenio para la edificación de una parcela en Puerto Madero, en la calle Juana Manso, donde se permitirían hasta 140 metros de altura. “La modificación de la normativa urbanística tiene como fundamento otorgar a la mencionada parcela una morfología distinta a la permitida actualmente, posibilitando la localización de un edificio de perímetro libre con basamento y una altura máxima de ciento cuarenta (140) metros, a fin de continuar con el desarrollo urbano del sector Puerto Madero”, sostiene el documento firmado en los primeros días de septiembre pasado, donde con la modificación de la normativa urbanística, las firmas Profidu S.A. y Mitre Construcciones S.A. proponen abonar al Gobierno la compensación.
El otro convenio es acerca de un inmueble en la calle Fitz Roy y Ramirez de Velazco en el barrio porteño de Villa Crespo. Los propietarios piden aumentar dos pisos a los ocho que tienen permitidos y de acuerdo al convenio firmado con el Gobierno porteño, la Ciudad recibirá u$s 1 millón y una parcela para espacio verde de alrededor de 1200 m2.
Por ahora Vamos Juntos que cuenta con 26 legisladores de los 60 del recinto más los 9 aliados del radicalismo y dos del socialismo, podría reunir 31 votos para la aprobación del proyecto de Costa Salguero. También con ayuda de la UCR, ya que cinco diputados de la Coalición Cïvica no acompañarían estas iniciativas, tendría sanción la excepción para el inmueble de Villa Crespo, pero el llamado “Sastrería Militar” no vería tan fácil la luz del recinto, mientras que el lote de Puerto Madero está más cerca de conseguir los votos aunque no en lo inmediato.
“Estamos asistiendo a un hecho histórico admitiendo mayor constructividad y altura a cambio de una contraprestación dineraria mínima en comparación con los altos beneficios del privado. Por esta razón entre otras, la Ley no es pareja para todos, al que pueda pagar, el Gobierno de la Ciudad le adapta el Código”, explicó Andrade.
El legislador considera que “para mayor gravedad, se trata de terrenos que pertenecían al Estado Nacional, que la gestión del ex Presidente Macri vendió a privados, quiénes lo pagaron a un precio acorde con lo que se podía construir allí. Las contraprestaciones incluyen magros hechos urbanísticos, como una plaza a 6 cuadras de los Bosques de Palermo o una franja de terreno en Villa Crespo que ya la Ley obliga al dueño a ceder”.