Carrió, Miño, parte del PRO y la Iglesia criticaron a Milei por frenar la integración sociourbana

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La charla fue organizada por Fundar, Cáritas y Techo Argentina en la UCA. "Sin clase media no hay movilidad social ascendente, sólo queda un país de ricos o pobres, que es adonde nos quieren llevar", sostuvo Carrió

15-10-2024 01:06

Aseis años de la sanción de la ley de integración sociourbana, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, la exsecretaria de Integración Socio Urbana, Fernanda Miño, y quien fuera su predecesor en la gestión de Mauricio Macri, Sebastián Welisiejko, criticaron este lunes al Gobierno de Javier Milei por frenar la política de integración sociourbana de barrios populares.

"Sin clase media no hay movilidad social ascendente, sólo queda un país de ricos o pobres, que es adonde nos quieren llevar", sostuvo Carrió durante una charla en la Universidad Católica Argentina (UCA) organizada por Fundar, Cáritas y Techo Argentina. La abogada cerró su alocución advirtiendo que el Gobierno de Javier Milei pretende ganar las elecciones del año que viene para derogar la Constitución y erradicar los derechos humanos.

Por su parte, Garcia Cuerva reivindicó la integración sociourbana como un hito de las últimas gestiones de Maurico Macri y de Alberto Fernández, y transmitió su preocupación ante la falta de compromiso del actual Gobierno para continuar esta política pública. "Esta política pública ha sido revolucionaria, porque sentó a los pobres en la discusión junto a los políticos, los curas, la academia y demás actores", afirmó.

Además, el religioso resaltó el mensaje del papa Francisco al indicar que "fue una política que construyó puentes" entre distintos sectores de la política y de la sociedad. “Creo que Argentina tiene una cultura hoy ligada al tema de la pobreza, que es: o la gran ignorancia o lo que yo llamo el sistema tobogán. El Papa plantea la cultura del encuentro y el tender puentes, eso fue la política pública de la integración de barrios populares: tender puentes.”

“Porque el puente tiene dos partes, pero están al mismo nivel. El problema de la Argentina hoy es que tenemos una gran indiferencia o la política pública -digo yo- del tobogán, desde arriba yo te doy a vos que estás abajo.  Por eso es: a los pobres, pero no con ellos o desde ellos", selaó

Miño recordó que "esta no fue una política de un sector, habíamos logrado que toda la sociedad trabaje por la integración de los barrios populares: gobiernos locales, cooperativas, clubes de barrio, empresas, iglesias". "Yo creo que no nos perdonan haber utilizado el Aporte de las Grandes Fortunas para esto, pero no voy a bajar la cabeza y seguiré peleando por lo que creo", dijo la dirigente del Frente Patria Grande, quien días atrás sufrió un violento allanamiento policial.

Por último, Sebastián Welisiejko llamó a "construir una alternativa política que nos saque del lugar de queja y nos ponga a generar soluciones que nuestro país necesita". "Esta política fue un ejemplo de que podemos hacerlo", aseveró el exsecretario de Integración Socio Urbano, que estuvo acompañado por otros exfuncionarios del PRO como María Migliore, Juan Maquieyra y Gabriel Castelli.

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Qué dice la ley de integración sociourbana

La ley 27.453, que establece el régimen de regularización dominial para la integración sociourbana, habla sobre el “conjunto de acciones orientadas a la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial”.

“Tales acciones deberán ser progresivas, integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad”, detalla la ley. A través del Registro Nacional de Barrios Populares, el Ejecutivo “individualiza los bienes inmuebles a expropiar” y le adjudica cualquier obra a realizarse “en un 25% como mínimo, a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular integradas, preferentemente, por los habitantes de los barrios populares”.