Negocios & Política
17 de septiembre de 2021
El Ejecutivo local envió 16 proyectos urbanísticos a la Legislatura el lunes pasado, un día después de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), cuyos resultados favorecieron a la fuerza política que gobierna en la Ciudad.
La administración de Horacio Rodríguez Larreta firmó estos convenios con varias empresas privadas, entre las que se encuentran PMJ Fiduciaria, Grupo Azopardo, Mario Manso, Livnot, Proyecto 43, Marosmar, Management Libertador, Martesboys, Arcos 1865, Instrumentos Musicales, Marby y Nehuente.
Panorama general
Mediante esos acuerdos, el gobierno porteño habilita a las empresas solicitantes a construir, en 16 parcelas de la ciudad, torres que exceden la altura permitida y que llegan hasta los 72 metros que, sin embargo, serán desafectadas de las "normas de edificabilidad" que las rigen actualmente para habilitar construcciones en altura.
Las parcelas se encuentran en los barrios de Núñez, Belgrano, Palermo, Colegiales, Villa Crespo, Almagro, Caballito, Boedo, San Cristóbal, San Nicolás, San Telmo y Barracas.
Entre ellas, se destaca una que está ubicada en el barrio de San Nicolás, delimitada por la avenida Córdoba y las calles Reconquista, Viamonte y San Martín, y es lindera con la iglesia de Santa Catalina, una construcción que data de la época colonial y se encuentra en una zona de alto valor arqueológico.
Los otros 15 convenios fueron presentados en un mismo proyecto de ley y, al respecto, funcionarios del Gobierno porteño informaron que permitirán habilitar "casi 200.000 metros cuadrados construibles, crear cerca de 6.000 empleos, entre directos e indirectos, y generar contraprestaciones en favor del Estado por casi 36 millones de dólares".
Lo que se dijo
Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad e integrante de la Defensoría de Laburantes, consideró: "Luego del triunfo en las PASO, Larreta remitió inmediatamente a la Legislatura porteña 16 convenios urbanísticos que son excepciones a la planificación de la ciudad. Quiere llegar a obtener 200 millones de dólares con las decenas de convenios urbanísticos que pretende aprobar este año. Una vez más demuestra que su prioridad es garantizar que proliferen los negocios inmobiliarios bajo el velo de la pandemia, las elecciones y las crisis del país", opinó.
María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, dijo por su parte que los convenios urbanísticos "son leyes de planificación a medida de los intereses inmobiliarios y no de la ciudadanía".
Añadió que "la ciudad de Buenos Aires está sufriendo la fragmentación de su planificación a través de la acumulación de excepciones. Carecemos de un Código Ambiental y de un Plan Urbano Ambiental actualizado. El Código Urbanístico no se respeta porque cada negocio inmobiliario que se impulsa y que no se adecúa a sus parámetros genera la modificación ad hoc del código por ley".
Y apuntó que "en ninguna etapa de la discusión de estos convenios urbanísticos se convocó a la ciudadanía para su discusión, así como tampoco se realizaron las evaluaciones de impacto ambiental correspondientes".
Pedido de informes
Fue solicitado por la legisladora porteña del Frente de Todos Claudia Neira al Gobierno de la Ciudad y versa sobre "los aspectos técnicos, jurídicos-legales y administrativos" del llamado oficial para la presentación de convenios que posibilitó el otorgamiento de permisos para la construcción de torres.
“La Ciudad tiene un Plan Urbano Ambiental y un Código Urbanístico que definen dónde puede construirse y qué tipo de viviendas. Si bien el Gobierno planteó en un momento que no iba a continuar con la práctica de las excepciones normativas que habilitan construir donde no está previsto, con los convenios urbanísticos se volvió a la misma lógica”, advirtió Neira.
“Larreta pone a la Legislatura en un mero rol de gestor de permisos de construcción para grandes desarrollos inmobiliarios, y al Estado porteño en facilitador de esos intereses privados. No puede ser que toda la Ciudad hoy se construya en base a excepciones, sin estudios de diagnóstico, ni análisis técnicos serios. Hacemos un llamado a reflexionar sobre los alcances de esta herramienta y el rol que debe tener el Estado porteño en materia de desarrollo urbano”, concluyó.|