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El ministro Sergio Berni contabilizó 140 intentos de usurpación de tierras en lo que va del año en la provincia de Buenos Aires Fuente: LA NACION
LA PLATA.- En la provincia de Buenos Aires hay cinco intentos de toma de tierras ilegales cada semana. Este es el registro del Ministerio de Seguridad, según informó Sergio Berni a LA NACION. En otras palabras: se registraron 140 tentativas de usurpaciones a lo largo del año.
El fenómeno es histórico, pero tomó nueva dimensión en la cuarentena con las fuerzas de seguridad de la provincia gobernada por Axel Kicillof abocadas a otros controles de circulación y un mayor crecimiento de la pobreza.
Los intendentes del Gran Buenos Aires observan con preocupación estos movimientos y las tomas se reiteran.
Las usurpaciones ilegales ponen en vilo a los intendentes y a los vecinos. Nadie quiere reprimir a los usurpadores. Pero cada vez es más difícil controlar las tomas de tierras clandestinas: no todas están movilizadas por la necesidades de personas vulnerables en situación de calle o falta de hábitat, según se evalúa.
En La Plata ya se registraron entre 18 y 22 intentos de usurpaciones este año.
También hay focos en Florencio Varela, en Cañuelas, La Matanza y en los municipios de Pilar y de Presidente Perón. Y, con menos intensidad, entre los partidos de San Martín, Vicente López y Escobar.
Protocolo ante usurpaciones
Los alcaldes responsabilizan a la Justicia por la inacción: no hay desalojo posible sin una orden judicial.
Los fiscales y los jueces, a su vez, están atados a un protocolo que demora los desalojos una vez consumado.
Se trata de la resolución 707/19, dictada en abril por la Suprema Corte de Justicia de la provincia, que estableció un "protocolo de actuación judicial frente a las usurpaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad".
El protocolo buscó prevenir o reducir el impacto social ulterior que pueden generar los desalojos forzosos y brindar protección a mujeres, niños, niñas adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y personas especialmente vulnerables en procesos de desalojos.
Dispone que antes de proceder a ordenar una restitución preventiva de un inmueble deben cumplirse múltiples trámites, más allá de la solicitud efectuada por el fiscal.
"Esta resolución complica mucho la recuperación de la tierra cuando no se los agarra in fraganti a los usurpadores. Eso complica muchísimo al ministerio público. Si la usurpación está consumada, es un momento muy difícil", se quejan algunos alcaldes peronistas, que piden reserva de identidad.
Por caso, en Florencio Varela tras una seguidilla de tomas de tierras, vecinos denunciaron la inacción del Ministerio Público Fiscal de Quilmes frente a la ocupación ilegal de parcelas ubicadas detrás del Museo Provincial Guillermo Enrique Hudson, donde aseguran que una inmobiliaria ya está vendiendo lotes de manera fraudulenta.
Carlos De Sanzo, presidente de la Asociación Amigos del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson, y el director del Museo Hudson, Rubén Ravera, radicaron la denuncia contra el fiscal general de Quilmes, Marcelo Dragui, y los fiscales Carina Gil y Pablo Leguizamón, ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados de la Provincia. La denuncia fue confirmada a LA NACION por esa oficina de control judicial y no es el único caso de tomas judicializadas.
"Es un negocio. Son tomas que tienen sentido vinculados a negocios", aseguró Oscar Negrelli, secretario de Coordinación de La Plata, donde se registraron hasta 22 usurpaciones en lo que va de este año.
"Hubo represiones policiales duras en Villa Elvira y en el barrio Aeropuerto", informaron a LA NACION en la organización Barrios de Pie.
El municipio de Escobar quiere evitar la propagación de estos conflictos e inició acciones ante la Fiscalía N°5 local para que investigue nexos de supuestos vendedores de lotes sin documentación.
Registros para evitar fraudes
Para limitar estos procesos -largos y muchas veces infructuosos- algunos municipios como Escobar arman registros de venta de lotes para evitar fraudes.
En La Matanza hubo una toma muy grande en Ciudad Evita, donde debieron intervenir los curas en opción por los pobres para logar un acuerdo y evitar represiones. El intendente Fernando Espinoza quiere evitar conflictos en el distrito, que ya tiene 115 asentamientos instalados a lo largo de décadas.
Otros alcaldes tienen mano más dura: "Acá no lo intentan porque saben que los sacamos a escobazos", dijo el intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, a LA NACION.
En tanto, los intendentes opositores directamente culpan a las autoridades del Poder Ejecutivo provincial y nacional por este fenómeno de usurpación creciente.
"De vez en cuando hay algunas personas que tratan de meterse entre San Martín y Vicente López. Si estos muchachos no ordenan su política interna y no definen qué está bien y qué está mal vamos a vivir momentos complejos y difíciles", dijo el jefe comunal Jorge Macri a LA NACION.
"El Presidente, más que el gobernador, va a tener que empezar a asumir costos. Ese mecanismo lo conozco, tiene vida propia. Si no lo ordenan, es imparable", aseguró el intendente de Vicente López.