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La izquierda diario -   Lunes 4 de marzo |

SOCIEDAD Salud

El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, presentó un nuevo protocolo para abordar a personas en situación de calle con consumos problemáticos de sustancias y otros padecimientos de salud mental. La polémica propuesta pone el eje en la internación como respuesta, vulnerando derechos, además del ya vulnerado derecho a la vivienda.

Melina Michniuk
Lic. en Psicología. Residente en el Hospital Elizalde - Agrupación Marrón @melinoe123

Micaela Sabater
Estudiante de Psicología | UBA

Geraldine Panelli
Lic. en Psicología

¿La internación como solución a la falta de vivienda?

Estos días fue noticia el anuncio de Jorge Macri sobre un protocolo para atender a personas con padecimientos de salud mental que se encuentran en situación de calle. El mismo constaría de la intervención por parte del equipo del BAP, la policía o la Dirección de Atención Inmediata, quienes se ocupan de investigar si la persona está siendo buscada por algún familiar y también, de definir si la misma requiere de ser derivada para evaluación psicológica a un hospital. Dicha derivación sería sin mediar consentimiento posible, dado la asimetría de poder entre una persona en situación de calle y un policía o equipo profesional estatal. En el hospital, un equipo interdisciplinario debería determinar si requiere de tratamiento y definir una posible internación involuntaria.

Según datos de febrero del 2024 del ReNaCalle, hay más de 8 mil personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires, un número bastante más elevado que los datos oficiales. Los últimos datos que había arrojado el Gobierno de la Ciudad en abril del 2023, indicaba que el total era de 3.511, lo cual expresa que en menos de un año la cantidad de personas, mujeres, niños y jubilados sin acceso a vivienda creció más del doble. Distintas investigaciones señalan que casi el 80% presenta algún padecimiento de salud mental (Gutwinski et al. 2021). Esto no se debe a que haya una particular prevalencia de trastornos de la población sin vivienda, sino justamente a que dichos padecimientos se dan frente a las condiciones inhumanas a las que se ven expuestas quienes viven en esas condiciones, sin vivienda; sin higiene; sin acceso, muchas veces, a los alimentos; sin trabajo; segregados y estigmatizados. Como para intentar sintetizar todas las carencias que sufren en un contexto de años de crisis económica que se viene arrastrando, el gobierno de Alberto, Cristina y Massa no revirtió el ajuste de Macri y, el peronismo deja correr las brutales medidas del actual presidente Milei, que tan sólo en dos meses de gobierno, llevó los datos de pobreza al 57,4%, el registro más alto en los últimos 20 años (27 millones de personas son pobres y 7 millones viven en situación de indigencia).

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Lo comunicado por el nuevo Jefe de Gobierno porteño, fue acompañado de una serie de críticas a la Ley 26.657 (Ley Nacional de Salud Mental), específicamente al artículo 20 de la misma, que dispone la internación involuntaria de una persona “como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios y sólo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”. Este artículo busca disminuir las internaciones compulsivas o prolongadas y apunta también, a la prevención del riesgo de conducta suicida, a partir de evidencia que resalta un aumento significativo en dicho riesgo durante el año posterior a la experiencia de internación en un hospital monovalente (Jordan & McNiel, 2019).

Es importante contextualizar que la Ley 26.657 se posiciona a la vanguardia al recibir elogios por parte de organismos internacionales de renombre, entre ellos la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Su reconocimiento a nivel internacional destaca la relevancia y eficacia de esta legislación, consolidándose Argentina como un referente destacado en el ámbito de la salud mental con enfoque en derechos humanos. La Ley 26.657 pone el énfasis en la promoción y protección de la salud mental, aunque, después de más de 13 años de su sanción aún quede un largo camino por recorrer, sobre todo en su real implementación a partir de la asignación presupuestaria correspondiente para la reconversión de los hospitales monovalentes y la creación de dispositivos de inclusión y atención comunitaria.

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Jorge Macri, accionando este protocolo, muestra su afán por la internación compulsiva como solución para “limpiar la calle”, verdadera preocupación de fondo del mandatario que desde que se encontraba en campaña al cargo, no paró de estigmatizar a quienes se encuentran en situación de calle, en lugar de ofrecer una respuesta habitacional acorde a la ciudad más rica del país, con mayor tasa de viviendas ociosas y con precios de alquileres cada vez más descomunales. El protocolo implica un retroceso al avance histórico que implicó la conquista de la ley, buscando relegitimar uno de los fines que tuvieron en los inicios los hospitales psiquiátricos en la Argentina: resolver la situación habitacional de los grupos marginados como parte del control social.

Esta pesadilla ya la vivimos, el primer censo nacional de personas internadas por cuestiones de salud mental (2019), del cual participaron 750 personas, arrojó datos preocupantes: el 60% de quienes se encontraban internados no habían dado su consentimiento informado para ingresar, dejando al descubierto una vulnerabilidad significativa en un sistema que no los protegía. El 37% de las personas fueron internadas debido a problemas relacionados con la esfera social y la vivienda, señalando una intersección crítica entre salud mental y circunstancias sociales. El 25% de las personas entrevistadas atravesó una internación prolongada de 11 años, planteando interrogantes sobre la eficacia y las condiciones humanas de los sistemas de atención a la salud mental en los monovalentes. Esta historia, marcada por datos inquietantes, nos invita a reflexionar sobre el urgente llamado a transformar y mejorar nuestros enfoques y repudiar estos protocolos que atentan contra los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad.

Sin embargo, frente a esta cuestionable propuesta, el ex candidato a Jefe de Gobierno, de Unión por la Patria, Leandro Santoro, salió a agradecer a Macri y a reivindicar como parte de las iniciativas para salud mental que desde su espacio político ofrecían, la inclusión de más ambulancias psiquiátricas del SAME, pero ni una palabra dijo del resto de la propuesta. Esto no sorprende en el marco de colaboración que es propio de la Ciudad de Buenos Aires entre el PRO y sectores del peronismo y radicales, que son parte del Frente de Todos/Unión por la Patria.

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Opinamos que es fundamental adoptar una perspectiva social en el ámbito de la salud mental, que vaya más allá del modelo médico hegemónico. La salud mental debe ser pensada de manera integral, contemplando variables, como el acceso a la vivienda y trabajo digno, a la educación, a los alimentos, etc, es decir, tener en cuenta los determinantes sociales que afectan a la salud mental. Por lo cual, consideramos que para resolver los problemas de quienes se encuentran en situación de calle, la respuesta tiene que empezar por garantizar el acceso a condiciones materiales de existencia básicas, como lo es contar con un lugar donde vivir y no por la patologización de una problemática esencialmente social, producto de decisiones políticas de quienes hace años gobiernan la Ciudad al servicio de los negocios de unos pocos.