Página 12
Por Nicolás Romero
El proyecto de Larreta cosechó un rechazo de entre el 97 y el 98,3 por ciento
A días de que finalicen las sesiones virtuales (terminan el 27) de la audiencia pública que trata el proyecto de ley del Ejecutivo porteño para rezonificar las tierras donde están ubicados los predios de los complejos Costa Salguero y Punta Carrasco, para construir un barrio premium con edificios que irán de los 18 a los 28,8 metros de altura, la incógnita que se abre es si algo de lo dicho en las jornadas, en las que la iniciativa cosechó críticas a mansalva, va a ser escuchado por el gobierno local. Y en este sentido, de acuerdo a algunas fuentes consultadas por este diario y a algunos pasos dados por el gobierno, todo indicaría que la ley va a ser aprobada por el oficialismo cuando la Legislatura retome las sesiones ordinarias, a pesar de la participación récord en la audiencia, donde el rechazo al proyecto impulsado por Horacio Rodríguez Larreta osciló entre el 97 y el 98,3 por ciento.
El proyecto del Ejecutivo porteño para construir edificios en los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco, en la Costanera Norte, a 450 metros del aeroparque Jorge Newbery, que seguirá su derrotero por las comisiones de la Legislatura una vez que esta retome en marzo las actividades, tiene todavía algunos escollos. Entre ellos, un amparo (Https://www.pagina12.com.ar/301225-la-justicia-ordeno-que-no-se-avance-con-la-venta-del-predio-) que suspende la venta de las tierras y un informe (https://www.pagina12.com.ar/309327-costa-salguero-obstaculos-para-el-proyecto-de-larreta) de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que rechazó el emplazamiento del desarrollo inmobiliario con las alturas proyectadas. A lo que debería sumarse el amplio rechazo que recibió en las audiencias de organizaciones sociales, ecológicas, barriales y de sectores de la oposición, así como también de exconvencionales constituyentes, periodistas, actores y actrices, y vecinos y vecinas sin tradición militante que intervinieron por primera vez a través de este mecanismo.
Sin embargo, para el oficialismo porteño este último punto no es un obstáculo a superar. Aunque sostienen que el debate es legítimo, tienen una mirada que tiende a ver y pensar que todos los que se expresan en contra del proyecto en las audiencias son básicamente opositores. En esa línea, un vocero del Ministerio de Desarrollo Urbano remarcó que "una vez pasada la audiencia tomaremos todas las propuestas y las miraremos a ver si hay algo para modificar. Pero si estás viendo las exposiciones, lo que se ve es una oposición no constructiva, de rechazo a que se haga cualquier otra cosa que no sea un parque completo, cuando la realidad es que se va a hacer parque en el 76 por ciento de la superficie de un predio que tiene 13 hectáreas".
Y agregó: "Nosotros tenemos una posición que tiene que ver con el urbanismo que es: donde vos no acercás la ciudad, la infraestructura pública termina fracasando. Y si ponés un parque cien por ciento, te puede pasar como le pasa a la reserva que tiene atrás Ciudad Universitaria, donde después de las cinco de la tarde ni te podés acercar porque no hay luz, es insegura, difícil para llegar y nadie la usa". Y para graficar la posición oficial, explicó que "cuando estás solo o con amigos vas a una playa desierta, pero después, cuando empezás a ir con tu familia o tu hijo empezás a ir al que tiene baño, un restaurante, un lugar donde te podés quedar todo el día. El concepto es el mismo, el debate está abierto, pero la realidad es que hubo un concurso público con la participación de 99 estudios de arquitectura, donde 97 proyectaron algún tipo de urbanización y solo 2 plantearon hacer parque".
El vocero ministerial remarcó que el proyecto que plantea un desarrollo urbanístico que contempla viviendas, oficinas, estacionamientos, locales gastronómicos y comerciales "va a salir porque es muy bueno para desarrollar la ciudad, para seguir acercando la ciudad al río y para recuperar el río que hace añares está tapado por predios de uso privado". Al mismo tiempo, dijo que son "optimistas con el resultado" que pueden esperar en la causa que tienen trabada la venta por un amparo presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el IPYPP y la Diputada Nacional Gabriela Cerruti, que cuestiona la legalidad de la Ley N° 6.289 que autorizó la venta. También explicó que los técnicos del gobierno en materia aeronáutica están discutiendo con la ANAC los cuestionamientos que recibió por parte de este organismo. "Todavía el tema no se resolvió, pero para nosotros no es correcto lo que dice la ANAC sobre las alturas", afirmó.
Por otro lado, al evaluar la situación, el abogado Jonatan Baldiviezo, titular del ODC e integrante de la Coordinadora La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, dijo a Página/12 que "hay cosas buenas y malas" para cuando la Legislatura retome en marzo la discusión de la ley. "La buena es que sigue siendo unánime el rechazo a la privatización de la costanera en las audiencias, que sigue vigente, por ahora, el fallo que suspende la venta de Costa Salguero, y el informe de la ANAC que establece que se tiene que bajar el volumen de construcción para evitar problemas de seguridad con aeroparque. En contra, algunas cuestiones que visibilizan que el gobierno no va a cambiar de opinión".
Entre esas cuestiones, el letrado señaló dos que indican la voluntad del gobierno de avanzar con la ley a pesar de las críticas. "Por un lado, salió una licitación para una consultoría que trabaje el estudio de impacto ambiental del Distrito Joven. En ese estudio el gobierno encomienda a la consultora que tenga en cuenta el proyecto ganador de Costa Salguero. Es decir, están contratando a una consultora para que haga el estudio de impacto ambiental de la obra que estamos discutiendo", remarcó.
Por otro, explicó que "el gobierno hizo en diciembre un convenio con Aysa para construir el colector cloacal que se llama Colector Baja Costanera, y en los informes el gobierno menciona que ese colector cloacal va a ser para trece emprendimientos inmobiliarios. Entre esos trece hay alguno que ya están aprobados, como Catalinas Norte II, pero hay otros que no están aprobados, y entre esos figuran Punta Carrasco y Costa Salguero. Lo que muestra que el gobierno porteño está avanzando con todo eso como si no estuviéramos discutiendo nada o como si la discusión ya estuviera saldada. Ni siquiera espera formalmente que finalice la discusión de la ley y se levante la sentencia judicial".
En paralelo, el relevamiento (https://www.pagina12.com.ar/312906-quienes-y-como-participan-de-las-audiencias-por-la-venta-de-) que viene haciendo de las audiencias el Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas muestra que el rechazo de los participantes a la privatización de la Costanera Norte es casi unánime. El repudio a lo que muchos ven como un negociado de tierras, por el cual diversos colectivos se movilizaron en noviembre pasado con la consigna No vendan la Costanera, y para lo cual se siguen recolectando firmas en https://change.org/nuestracostanera , que lleva juntadas más de 47.300, se mantuvo casi constante desde que comenzaron las sesiones el 27 de noviembre.
Y si bien se registraron muchas ausencias entre los inscriptos, por variados motivos, entre los que se incluye que muchos oradores dijeron no haber recibido a tiempo el correo electrónico con el link, el ID y la contraseña necesarios para ingresar a la plataforma digital Zoom, hasta el jueves pasado, de los 1859 participantes, 1816 rechazaron el proyecto (97,7 por ciento), y sólo 43 hablaron a favor.
Entre los argumentos más empleados por los expositores constan: primero, la falta de espacios verdes en la Ciudad, segundo, recuperar el acceso al río, en tercer lugar, frenar la venta de bienes públicos, y en cuarto, que se trata de una ley anticonstitucional. Otras argumentaciones apuntaron al cambio climático; a que la urbanización implicará una barrera entre el río y la Ciudad y a que vulnera leyes, entre ellas, el Plano Urbano Ambiental (PUA). En las últimas jornadas se sumó una nueva crítica luego de que se difundiera que el jefe de Gobierno incorporó en el Presupuesto 2021 de "contingencia" gastos por 4800 millones para "infraestructura en Costa Salguero".
La arquitecta e integrante del colectivo María José Leveratto dijo a este diario que la mirada del gobierno de que todos los que participan son parte de la oposición choca con la realidad de unas audiencias con record de inscriptos en las que participaron muchas personas que intervinieron por primera vez en la cuestión pública. También sostuvo que no es verdad, como sostiene el oficialismo, que el proyecto tiene el aval de los arquitectos, ya que, además del colectivo que integra, que salió al tatami del debate ciudadano para pedir el archivo del proyecto con 342 firmas de colegas juntadas en sólo tres días, hay otras organizaciones de profesionales que se sumaron al rechazo. El 21 de diciembre se expresó en contra el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, y el miércoles 16 de diciembre también pidió su archivo la Sociedad Central de Arquitectos.
En tanto Leveratto se encargó en su exposición del 28 de diciembre pasado de visibilizar el espacio que se va a privatizar. "Esta ley vende tierra y entrega concesiones en porcentajes altísimos. En Punta Carrasco concesionan el 35 por ciento del suelo y si a esto se le suman las calles, veredas y circulaciones internas quedará, con suerte, un 50 por ciento de terreno libre. Serán retazos de espacios verdes entre una multiplicidad de edificios de 4 pisos de altura. En Costa Salguero la barrera construida ocupa en total el 42 por ciento del predio, porque al 26 por ciento que se vende, nuevamente, hay que sumarle calles y veredas. La propuesta de parque es casi el jardín del barrio y queda por detrás, filtrado, controlado y segregado. No se engañen, no nos engañen, este proyecto de ley no deja lugar a ningún gran parque público, abierto y democrático“, sostuvo durante su presentación vía Zoom.
Desde otro ángulo, el exconvencional Constituyente Antonio Elio Brailovsky, quien fue uno de los responsables de la redacción de la Constitución de la Ciudad, dijo en su intervención del 20 de enero que cuando se dieron "en 1996 las discusiones en las comisiones, allí se analizó cómo impedir la privatización de la costa porteña y no era solamente la costa en general sino el ejemplo citado continuamente en las comisiones era el riesgo de que se privatizara Costa Salguero. De modo que el texto constitucional está redactado para quitarle a la Legislatura competencias y atribuciones para hacer esa privatización: ampliar los espacios verdes y no reducirlos, mantener el carácter público de la costa y no privatizarla y les recuerdo que se aprobó por unanimidad", advirtió y recordó que "el área costera de la Ciudad está definida como “Espacio Público de Libre acceso y circulación”. En cumplimiento de este artículo los terrenos de Costa Salguero está calificados como ”urbanización parque “ en el Código de Planeamiento urbano y no pueden calificarse de otra manera es decir que no tiene otra actividad posible que la recreativa al aire libre, y el texto no admite otra interpretación que la interpretación literal" .
En este sentido, Baldiviezo remarcó que aún si se cayera el amparo que presentaron contra la Ley N° 6.289, por no haber cumplido con los requisitos constitucionales para su sanción, ya que la ley se aprobó en una sesión sin el procedimiento de doble lectura con audiencia pública como establece la ley y por violar la Constitución porteña, si el Gobierno avanza con esto queda la opción de volver a plantear en la justicia otra acción judicial". No obstante señaló que hay un paso previo importante que la Legislatura no suele hacer y es que, por ley, debe elaborar un informe dando respuesta a las miles de intervenciones ciudadanas realizadas en las audiencias. Y si bien puede unificar los argumentos críticos, dado que muchos se repiten, tiene la obligación de responder qué toma y qué no de cada intervención. Y remarcó que "amerita que lo realicen con una audiencia en la que hubo más de 7000 inscriptos".