El ente tripartito que debe encargarse de la tarea redujo en un 50% su estructura y tiene un presupuesto acotado; priorizará la limpieza y los tratamientos residuales; así lo explicó hoy el presidente del organismo designado por el gobierno nacional, Lucas Figueras. La Nación
15 de abril de 2024 - En 2008, la Corte Suprema ordenó el saneamiento del Riachuelo
Jesús Allende
LA NACION
Con una exposición a libro cerrado, el nuevo presidente designado en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), Lucas Figueras, que representa al gobierno nacional, presentó hoy el plan de acción del ente tripartito, integrado también por la Ciudad y la Provincia, para el saneamiento del Riachuelo, el cauce más contaminado del país en el que habita uno de cada 10 argentinos. Expuso en el Juzgado Federal Nº2 de Morón la agenda que definió –tras el cambio de gestión– cuál será el destino de la entidad este año. El funcionario ya ocupó el cargo durante la presidencia de Mauricio Macri y retoma el mando en un escenario de gran limitación presupuestaria para el organismo que recortó hasta el momento la mitad de su estructura.
Los ejes de la propuesta pretenden a través de un ente reducido enfocar los recursos en el cumplimiento de la orden de la Corte Suprema en la causa “Mendoza” que en 2008 ordenó la recuperación de la zona tras el desastre ambiental. El diseño del manual de Acumar hizo referencia al cambio climático, definió qué obras serán prioritarias y que continúan en su gestión, adelantó la eliminación de contratos con intermediarios como los cooperativistas que hoy desempeñan tareas en la limpieza de los márgenes y superficie del río, cuál será la asistencia social que se mantiene en la población afectada y sentó las bases para ampliar y facilitar la radicación de empresas en la Cuenca.
El funcionario asistió a la Justica luego de ser citado por el juez Jorge Rodríguez, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº2 que ejecuta la sentencia “Mendoza” en la que fueron condenados el Estado nacional, el provincial, y el de la Ciudad, Acumar y 44 empresas por daño ambiental. El motivo de la citación fue que hasta el momento el organismo había omitido presentar el informe trimestral sobre los avances en el Riachuelo. Rodriguez ordenó entonces que Figueras explique el plan de acción, los objetivos que pretende cumplir y las dificultades para alcanzarlos.
Por orden judicial la presentación no pudo ser delegada en otro funcionario y tuvo que realizarla el nuevo presidente, que adelantó el plan por escrito en el expediente al que accedió LA NACIÓN. En la audiencia también participaron los miembros del Cuerpo Colegiado que fueron designados por la Corte Suprema para auditar y monitorear los avances en el cumplimiento de la sentencia. No pudieron realizar preguntas ni intervenir en la exposición.
Ajustes
El plan de acción definió las políticas que se mantendrán y las que desaparecen. Un punto central fue el presupuesto acotado. Acumar tiene para este año fondos congelados de $19.000 millones, los mismos que tuvo en 2023 que le fueran asignado por la prórroga del Presupuesto Nacional de ese año, que fue elaborado en 2022, cuando la inflación anual no alcanzaba los tres dígitos como ahora. Acumar redujo la estructura del organismo en un 50% (pasó de 130 personas a 65) mediante la eliminación de las “unidades operativas cuya competencia se solapaba con otras áreas o no tenían una vinculación directa con el cumplimiento del Programa de Saneamiento que ordena el fallo”. En definitiva, señalaron desde el ente, desaparecieron las oficinas que repetían funciones o roles. “Se eligió mantener solo los recursos que están directamente vinculados a cumplir el fallo y se descontinuaron tareas como por ejemplo financiar una bicicleteada por la Cuenca”.
Por otro lado, sostuvieron, había tareas duplicadas como los muestreos de la calidad de aire, agua y suelos que realizaban tanto Acumar como Aysa y laboratorios por convenio. “Por supuesto que se va a mantener la continuidad del muestreo de calidad de aire y agua y suelos, pero a través del laboratorio que es propio de Acumar”, sostuvieron desde el organismo.
La reducción del ente, de acuerdo con Figueras, derivó en una disminución de gastos en la planta política, programas y acciones que no estaban vinculadas directamente con el cumplimiento del fallo a la vez que se suprimieron programas y fondos que sí estaban ligados al saneamiento. “Por ejemplo, la eliminación de intermediarios en los sistemas de planes sociales impide continuar, en los términos que venían desarrollándose, las vinculaciones con cooperativistas en la limpieza de márgenes”. El caso de los cooperativistas no nace del propio recorte de Acumar, sino que se trata de una consecuencia de la descontinuación por parte del Ministerio de Capital Humano del plan Potenciar Trabajo que impactó en la operación que realizaban estos grupos en la limpieza. Desde el organismo sostuvieron que están negociando con los municipios para que absorban el gasto para mantener su actividad.
El organismo a su vez evalúa la posibilidad de transferir progresivamente al Estado nacional y a los municipios que componen la Cuenca algunas responsabilidades y competencias, aunque no definió específicamente cuáles serían las tareas de las que se desligaría ya que se encuentra en tratativas con los gobiernos comunales.
Obras prioritarias en el Riachuelo
Las obras que aseguró su continuidad y que tienen el visto bueno del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, son las más grandes que provienen de financiamiento del crédito internacional del Banco Mundial. Una es el Sistema Riachuelo, que bordea el margen de la ciudad de Buenos Aires en un megacolector de 30 kilómetros de túneles que recolectan los desechos cloacales. Su construcción incluye el Emisario Subfluvial, que recorre 12 km del lecho del Río de la Plata para liberarlos en aguas abiertas y una planta de pretratamiento de los residuos que está avanzada en un 86%.
Por otro lado, informó que continuará con el Sistema Agua Sur, obra que está ejecutando Aysa y que se prevé que finalizará en 2027 para expandir la red de agua potable, y con la Planta Depuradora de Laferrere que tiene como fin tratar el líquido cloacal con impacto en 150.000 habitantes. Se está construyendo en La Matanza a la altura del arroyo Morales y avanzó un 14%.
Un punto que podría modificar la presencia de las empresas que componen la Cuenca es la puesta en funcionamiento del Parque Industrial de Curtidores, cuyas obras están demoradas. Si bien el crédito del Banco Mundial que lo financia termina en septiembre próximo, Acumar aseguró que cuenta con la aprobación del organismo para prorrogarlo y finalizar la planta de tratamiento de los contaminantes del polo de curtiembre radicado en Lanús, que estaría completada en un 75%.
“Por la crisis de los últimos años disminuyó casi en un 60% la cantidad de curtiembres que había activas al momento de iniciado el proyecto, lo que nos obliga a abrir más el abanico a otras industrias que trabajan en la Cuenca y que puedan ser incorporadas al Parque Industrial Curtidor, que no va a ser solamente curtidor, sino que abierto a más industrias para poder llegar al número de emprendimientos necesarios para poder operarlo”, sostuvieron a LA NACIÓN voceros de Acumar. Y agregaron: “La industria de curtiembre por el estilo de efluentes es de las más contaminantes, por lo que la planta de tratamiento va a tener capacidad de recibir industrias menos contaminantes que se adapten a su sistema, como frigoríficos, pinturerías y derivados.”.
Desafíos y asistencia social
El presupuesto reducido será un desafío para mantener la limpieza de los márgenes del río y el espejo de agua, terminar con la extracción y desguace de buques abandonados, limpiar los basurales –tarea que hoy realizan las empresas Covelia, ligada al gremio de camioneros, y Ashira– y terminar con el despeje del camino de sirga que libere finalmente las orillas de asentamientos y obstrucciones. Según detalló el organismo, esta última iniciativa se encuentra avanzada en un 89% y aún resta la relocalización de vecinos de la Villa 26 de la ciudad.
Otro desafío será conservar los humedales y áreas protegidas como las reservas naturales de Santa Catalina, Bosques Ciudad Evita y la Laguna de Rocha. Allí, deberán lidiar con la multiplicación en los últimos años de usurpaciones, asentamientos consolidados y desarrollos inmobiliarios no autorizados.
En cuanto a la asistencia social, Figueras detalló que habrá un refuerzo de los corredores sanitarios con los sistemas municipal, nacional y provincial, y en la atención ambulatoria en los barrios de difícil acceso mediante el uso de unidades móviles. Sostuvo que a los efectos de disminuir la mortalidad infantil se mantendrá el monitoreo de la situación ambiental epidemiológica, se consignarán nacimientos y defunciones por anomalías congénitas y enfermedades oncológicas y que estará garantizado “el acceso a la atención de alta complejidad neonatal”. Acumar pretende, a su vez, tener una mayor penetración en los barrios mediante mesas de participación vecinal sobre la “adaptación al cambio climático en lo referente a temperaturas extremas y catástrofes climáticas”.
Por último, Figueras sostuvo que habrá una revisión de los criterios para definir los barrios más vulnerables y el riesgo ambiental a través de un entrecruzamiento con los datos del Censo 2022.
En simultáneo la Corte Suprema ordenó a los dos juzgados federales que ejecutan la sentencia “Mendoza” que informen en los próximos 30 días los avances que hubo a 15 años del fallo. Uno es el que está a cargo del juez Rodríguez, en el que expuso hoy Figueras. El otro, es el Nº12 en el que se desempeña Ariel Lijo, uno de los candidatos propuestos por Milei para integrar la Corte Suprema.