LA NACION | POLÍTICA | AXEL KICILLOF Por María José Lucesole
LA PLATA.- Axel Kicillof admitió que existen "muchas dificultades para avanzar en las soluciones" a las tomas de tierras. "Tiene que haber una respuesta del Estado", reconoció el gobernador bonaerense, que lejos estuvo de condenar las ocupaciones y usurpaciones que se extendieron en las últimas semanas y que generaron un reclamo directo de los intendentes opositores a la Provincia.
"Es innegable que hay una necesidad", agregó el mandatario, y consideró que "puede ocurrir" que haya intereses políticos detrás de la toma de tierras que se multiplican en todo el territorio provincial. Pero también extendió culpas a Juntos por el Cambio: dijo que "se habían dejado muchas casas sin terminar en la provincia, algunas en últimos cuatro años".
Aunque evitó entrar en generalizaciones, Kicillof vinculó a las tomas con una necesidad habitacional más que con un delito. Una posición que expresó ayer la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y con la que coincide buena parte del kirchnerismo, aunque no todos los socios de la coalición oficialista. El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, por ejemplo, se mostró a favor de que las tomas sean desalojadas. Es lo mismo que piensan -en reserva- algunos intendentes del peronismo.
"Ya tuvimos reuniones con intendentes. No todas las situaciones son iguales. Que hay necesidad es innegable. Queremos reconocer ese derecho desde el Estado. Queremos ver cada caso particular. Es difícil implementar grandes programas en medio de una pandemia. No prejuzgo. Hay que darle una solución", afirmó Kicillof.
Y prometió: "Ni bien podamos vamos a anunciar los planes de viviendas. La pandemia demora las posibilidades porque ni siquiera se puede autorizar la construcción", dijo.
"Silencio e inacción"
Desde el espacio opositor, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, salió al cruce para reclamarle a Kicillof que fije una postura clara "ante la incertidumbre y angustia de los vecinos". Otros jefes comunales de Juntos por el Cambio se expresaron en el mismo sentido, aunque sin apuntar contra Kicillof.
"Señor gobernador. Las tomas en la provincia se multiplican generando más miedo. La necesidad de algunos no pueden generar el caos de todos. El problema de la toma de tierras lejos de desaparecer se agrava por el silencio y la inacción", escribió Jorge Macri en Twitter.
"La posición del gobierno es urgente para tener un lineamiento claro. Es importante tener un estado presente que proteja lo que cada uno se ganó con su trabajo", agregó Macri.
"La toma de tierras es un tema que nos preocupa. Debemos trabajar para que se cumpla la ley. No puede haber discrepancias en éste sentido. Para lograrlo necesitamos que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto", sostuvo, sin personalizar, Néstor Grindetti, de Lanús.
"Necesitamos el compromiso del Gobierno provincial para proteger los derechos y evitar la explotación de la pobreza por especuladores e inescrupulosos. La necesidad de algunos no puede generar más caos e incertidumbre", señaló, por su parte, Diego Valenzuela, de Tres de Febrero.En sentido similar se expresaron otros intendentes opositores. "Los bonaerenses y quienes estamos al frente de los municipios necesitamos saber la postura del gobernador Kicillof sobre este tema que nos preocupa. Hay muchos vecinos pasándola mal por la situación económica derivada de la pandemia y sufren ante la injusticia del accionar de otros que adoptan esta metodología ilegal", señaló Darío Martínez, de Pergamino.
En la provincia ya hubo más de 1800 tomas de terrenos en este año, según una estimación del ministerio de Seguridad. El ministro Sergio Berni le dijo a LA NACION que hay cinco intentos de tomas de tierras por día en este territorio. Solo en La Plata existen más de 22 usurpaciones activas, desde el comienzo del año.
La intervención de la Justicia
Los alcaldes responsabilizan a la Justicia por la inacción: no hay desalojo posible sin una orden judicial. Los fiscales y los jueces, a su vez, están atados a un protocolo que demora los desalojos una vez consumado.
Se trata de la resolución 707/19, dictada en abril por la Suprema Corte de Justicia de la provincia, que estableció un "protocolo de actuación judicial frente a las usurpaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad".
El protocolo buscó prevenir o reducir el impacto social ulterior que pueden generar los desalojos forzosos y brindar protección a mujeres, niños, niñas adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y personas especialmente vulnerables en procesos de desalojos.
Dispone que antes de proceder a ordenar una restitución preventiva de un inmueble deben cumplirse múltiples trámites, más allá de la solicitud efectuada por el fiscal.
"Esta resolución complica mucho la recuperación de la tierra cuando no se los agarra in fraganti a los usurpadores. Eso complica muchísimo al Ministerio Público. Si la usurpación está consumada, es un momento muy difícil", se quejan algunos alcaldes peronistas, que piden reserva de identidad.