Parlamentario
Los diputados porteños comenzaron a trabajar sobre los nuevos Códigos que impulsó el Gobierno de la Ciudad, entre los cuales se encuentran el Urbanístico, Edificación, Contravencional y Electoral.
El 2018 es un año signado por los cambios en las distintas normativas de la Ciudad, es por ello que los diputados porteños comenzaron a trabajar en las reformas del Código Urbanístico, Edificación, Contravencional y Electoral. Las medidas fueron impulsadas por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.
Es preciso mencionar que todas las iniciativas que se están debatiendo en la Legislatura porteña fueron anunciadas durante el 2017 por Rodríguez Larreta y cuentan con un amplio debate, en el que participan funcionarios, diputados y los vecinos de la Ciudad.
Una Ciudad más moderna
A lo largo del 2017 el oficialismo porteño insistió en reiteradas oportunidades con la creación de un nuevo Código Urbanístico -dado que el actual data de 1977, pese a que se le realizaron diversas modificaciones-, sin embargo el debate se postergó para este año y se convirtió uno de los temas más fuertes de la agenda parlamentaria.
Al respecto el Gobierno porteño explicó que “estamos impulsando la reforma del actual Código de Planeamiento Urbano, con el objetivo de brindar un nuevo marco normativo a la gestión urbanística que responda a las necesidades actuales de la Ciudad” y remarcaron que con esta iniciativa prevén “devolver la homogeneidad al tejido urbano de la Ciudad, generar las condiciones para una mejor convivencia entre las distintas actividades y proponer una densidad poblacional adecuada”.
Entre los puntos más destacados del proyecto del Ejecutivo se encuentran: la eliminación del uso del Factor De Ocupación Total (FOT) -es la superficie cubierta total edificable- y las tangentes como parámetros de qué se puede y qué no se puede construir, reemplazándolo por tipos de construcción según su volumen. Además, plantea la graduación de mixtura de usos en toda la Ciudad en contraposición a las antiguas zonificaciones.
En este sentido, el nuevo Código permitirá diseñar una ciudad cuyo principal beneficiario será el vecino, ya que se conservará la identidad de los barrios y se impulsará el desarrollo áreas relegadas.
La propuesta del oficialismo cuenta con cinco pilares fundamentales a la hora de crear dicho Código: alturas máximas de construcción, estética de las cuadras, estructura de ciudad policéntrica, impulsó de unidades sustentables y revalorización de zonas subdesarrolladas.
Al respecto de estos cambios, el Ejecutivo señaló que se establecerán “alturas máximas de construcción, para respetar la identidad de cada barrio” dado que “esto dará mayor previsibilidad, y el vecino podrá conocer cuáles son las alturas permitidas para la construcción en su manzana”. También remarcó que se prevé “ordenar la estética de las cuadras, para propiciar un espacio público más amigable; por ejemplo, ya no se permitirán construcciones retiradas de la línea municipal, que generan distancia entre el peatón y las edificaciones”.
“Vamos a promover una ciudad policéntrica, lo que atraerá comercios y servicios a los barrios” ya que “de esta manera se evitará que determinadas áreas concentren únicamente actividades específicas, permitiendo que el vecino pueda satisfacer sus necesidades o intereses sin salir de su barrio”, sostuvieron desde el Gobierno y plantearon “un desarrollo urbano consciente a partir de la identificación y creación de unidades sustentables, que se desarrollarán entre avenidas o calles transitadas; en el que se redirigirá la circulación vehicular hacia las avenidas, se priorizará la movilidad peatonal y la creación de nuevos espacios verdes”.
Además, se revalorizarán las zonas subdesarrolladas dado que “esto creará una mayor integración social dentro de determinadas zonas de la Ciudad, por ejemplo las áreas linderas al Riachuelo y a la Autopista General Paz”.
Cabe destacar que el presidente del Observatorio de Derecho de la Ciudad, Jonathan Baldiviezo, junto a 200 organizaciones y colectivos porteños impulsaron en la Legislatura un rechazó al tratamiento legislativo de ambos proyectos.
En los fundamentos de la medida, Baldiviezo explicó que “estos proyectos de ley no surgieron de un participación ciudadana real, adecuada y eficaz tal como lo establece la Constitución de la Ciudad y el Plan Urbano Ambiental” y consideró que “son una clara muestra de la falta de reconocimiento de las aspiraciones de la comunidad”.
Además, aseguró que “no están sustentados en un diagnóstico participativo integral de la ciudad” ya que “no existen estudios de ningún tipo sobre las problemáticas actuales de la ciudad ni del estado de situación de cada uno de los servicios públicos y la calidad de vida de sus habitantes”.
Las nuevas edificaciones de la Ciudad
En el marco del debate acerca del planeamiento urbano del distrito capitalino, los legisladores porteños -también- se encuentran analizando el nuevo Código de Edificación de la Ciudad, a través del cual se prevé regular los parámetros que deben cumplir los edificios en relación a la estética urbana, a la habitabilidad, salubridad, a la accesibilidad, a la seguridad y a la sustentabilidad.
El proyecto se encuentra divido en cinco Títulos que establecen condiciones y estándares a lo largo del proceso de las obras: en el Título Primero quedan plasmados los objetivos, alcances del marco normativo y las generalidades del código.
En el Título Segundo se definen condiciones para los procedimientos administrativos referidos al proceso de obra, haciendo especial hincapié en la razonabilidad y eficiencia de los controles del proceso. La simplificación, agilización y transparencia son los vectores ordenadores de los criterios de clasificación de los permisos. Se categorizan los distintos tipos de permiso a los efectos de establecer diferentes tipos de tramitación. La responsabilidad de los sujetos intervinientes, su identificación y registro son aspectos de especial importancia en la nueva norma. Se clarifican los alcances de cada uno y se crea el registro de empresas constructoras.
Por su parte, el Título Tercero engloba a todas las condiciones y prestaciones referidas al proyecto. En esta instancia se define el marco regulatorio que establece los parámetros que deben cumplir los edificios en relación a la estética urbana, a la habitabilidad, salubridad, a la accesibilidad, a la seguridad y a la sustentabilidad.
El Título Cuarto, refiere al proceso en la etapa de la ejecución de las obras, su seguridad y los controles.
El Título Quinto establece nuevos requerimientos vinculados a la Conservación y Mantenimientos de los edificios luego de finalizadas las obras en el entendimiento de que las obras deben ser eficientes no sólo en el momento de su construcción sino a lo largo de toda su vida útil.
Cabe remarcar que mientras se debaten estas medidas, la Legislatura porteña aprobó -el 19 de abril- con 41 votos positivos y 15 negativos el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que emitió Rodríguez Larreta mediante el cual buscará frenar la construcción de edificios de más de 12 pisos en la Ciudad, mientras se debate el nuevo Código Urbanístico.
De esta manera, de acuerdo al decreto “los trámites para solicitar permisos de obras nuevas o ampliación que se inicien a partir de la publicación de este texto y que soliciten edificios de perímetro libre y cuya altura supere la altura máxima permitida en el proyecto del Código Urbanístico, quedan suspendidos por un periodo de 180 días”.
Cambios en las contravenciones
Otro de los grandes temas que comenzaron a debatirse esta semana en la Legislatura porteña son las modificaciones al Código Contravencional, mediante el cual se prevé crear nuevas figuras para sancionar el ciberacoso y las pegatinas de oferta sexual. También buscarán prohibir a los limpiavidrios y cuida coches que no cuenten con autorización.
En ese sentido, uno de los cambios importantes propuesto es el sistema de denuncias: se harán de manera anónima, dado que según cifras del Ministerio Público Fiscal en la Ciudad registran 3 denuncias de acoso sexual por semana, ya que pocas mujeres se animan a hacer la denuncia porque tienen miedo a posibles represalias y también porque el trámite puede ser engorroso.
Asimismo, el proyecto hace especial hincapié en que mujeres, niñas y los jóvenes están expuestos al ciberacoso. Por tal motivo se crearán dos figuras para sancionar la difusión no autorizada de imágenes y la suplantación digital de la identidad; también, se establece un agravante cuando la víctima sea menor de edad o mayor de 70 años, cuando sea realizado por un jefe o promotor de eventos, o sea cometido por parejas o exparejas.
Otra figura que se incorporará es Pegatinas, que busca sancionar aquellos afiches que promueven la oferta sexual, vinculadas muchas veces con la trata de personas. Contempla también la clausura del establecimiento cuando la beneficiaria sea una empresa y/o local. Asimismo, se establece un agravante para el Acoso sexual cuando las víctimas sean mujeres y/o niños, y en caso de que los agresores sean dos o más personas.
Por otro lado, se creará la figura que prohíbe limpiar vidrios sin autorización, a la vez que agrava las penas cuando las contravenciones se realicen en perjuicio de mujeres, tanto en el caso de quienes ofrezcan el servicio de limpiar vidrios como de cuidar coches sin autorización, o cuando esos servicios sean ofrecidos por dos o más personas.
A la medida se oponen los trabajadores populares dado que según explicó una de los miembros de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CETEP), Soledad Cabral, “no somos delincuentes, no nos merecemos una peor, no merecemos ir presos” y remarcó que “sólo somos un grupo de personas que no tenemos trabajo, nosotros pedimos a voluntad, no prepoteamos a nadie”.
“No queremos que la policía nos siga pegando, no queremos ir presos, tampoco podemos pagar las multas de las que se está hablando”, indicó y sentenció que “nosotros queremos trabajar pero en Argentina no hay trabajo”.
Un Código Electoral propio
Con el objetivo de saldar una deuda histórica de la Ciudad, Rodríguez Larreta envió al Parlamento porteño una iniciativa para que el distrito cuente con un Código Electoral propio. El propósito de la medidas es el de lograr una más completa autonomía en materia político-electoral y dejar de regirse por leyes nacionales.
En los fundamentos de la medida, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, explicó que “la Ciudad requiere de un régimen electoral propio, que refleje las capacidades de innovación institucional, necesidades y coyuntura de nuestro distrito, sin necesidad de continuar utilizando las normas nacionales”.
El proyecto remitido a la Legislatura es resultado del proceso que comenzó a fines del año 2015 en el ámbito del Ejecutivo a través de Dialogando BA, un programa que mediante mesas temáticas de diálogo pretende aportar a la construcción de instituciones democráticas y políticas sustentables. En ese marco, se conformaron cinco mesas dedicadas a la reforma electoral sobre los ejes de participación, autoridad, campaña y tecnología en las que participaron distintos actores institucionales, el Ejecutivo, legisladores, Tribunal Superior de Justicia, Cámara Nacional Electoral, etc.
Uno de los aspectos más innovadores de la medida es el de la creación del Instituto de Gestión Electoral. Tendrá potestades administrativas en materia electoral y la integración del Tribunal Electoral -creado por la Ley N° 7 Orgánica del Poder Judicial- el que tendrá a su cargo funciones jurisdiccionales. Dicho tribunal tendrá la función, junto al Tribunal Superior de Justicia, de realizar un control judicial suficiente sobre todo el procedimiento electoral.