Observatorio Metropolitano

Clarín 

Se presentó mediante una iniciativa popular, pero el oficialismo votó en contra. El plan para hacer un barrio y espacios verdes sigue frenado por la Justicia.

Como estaba previsto, el bloque oficialista de Vamos Juntos -y sus aliados del bloque UCR/Evolución, sumado a los legisladores libertarios- votaron en contra de la única "iniciativa popular" que llegó a la Legislatura desde que se creó esta herramienta, en 1996. Un proyecto de ley impulsado por la firma de 53.000 vecinos y vecinas que quieren un parque público en Costa Salguero.

El proyecto también buscaba derogar una ley que se votó en 2019 y que habilitó al Ejecutivo porteño a disponer de esas tierras y venderlas. Esta última ley se encuentra judicializada, con dos fallos que cuestionan su constitucionalidad. Actualmente se espera la decisión del Tribunal Superior de Justicia sobre esta cuestión.

Después de varias horas de debate, la sesión se terminó de definir por 35 votos en contra; 21 a favor; 1 una abstención (de Claudio Romero, de Vamos Juntos). Así, Emmanuel Ferrario, vicepresidente primero de la Legislatura, dio por finalizado el debate y archivó el proyecto de ley de "iniciativa popular".

Fue una sesión legislativa intensa, con muchas interrupciones y chicanas. En el inicio habló Daniel del Sol, de Vamos Juntos: "Debatimos qué tipo de ciudad queremos: la que busca profundizar el camino de la transformación o una Buenos Aires sin desarrollo ni inversiones. No tengo dudas de que la mejor opción es la del progreso, la del disfrute de sus espacios públicos. Espacios públicos que convoquen y atraigan gente para producir. En definitiva, una dinámica urbana que mejore Buenos Aires", manifestó el legislador.

El proyecto que reunió 50 mil firmas para hacer un parque en Costa Salguero fue rechazado por el oficialismo en la Legislatura.

En general, los legisladores de Vamos Juntos defendieron la propuesta de construir frente al río haciendo hincapié en que más del 70% de las 32 hectáreas serán destinadas a parques públicos. Además de que no se van a construir torres, sino edificios (de hasta ocho pisos).

Desde el Frente de Todos, los legisladores destacaron la lucha de los vecinos y vecinas, de las ONG y de colectivos como "Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas", entre muchos otros; quienes lograron difundir y concientizar sobre la iniciativa y lograron juntar más firmas aún que las necesarias para que el proyecto llegue al recinto.

Juan Manuel Valdés (FdeT) lamentó que el oficialismo "desconozca la importancia y el valor que esta iniciativa popular representa para la sociedad y niegue a los porteños la posibilidad de tener un parque público sobre la costa. Hoy Rodríguez Larreta eligió el cemento frente a la naturaleza; prefirió construir torres frente al río cuando lo que más falta son espacios verdes para vivir mejor, para respirar aire puro y prevenir inundaciones. Es inconcebible que cuando acabamos de atravesar una ola de calor extrema, cuando muchos vecinos estuvieron sin luz, el oficialismo rechace esta iniciativa".

Laura Velasco entendió que la iniciativa popular tenía como objetivo generar "beneficios ecosistémicos. El proyecto de parque público y verde que se trabajó con muchas personas, que tienen un enorme compromiso ambiental con la Ciudad, puso sobre el tapete un modelo. Ha permitido visibilizar la necesidad de defender corredores verdes en las tierras ferroviarios y el arbolado. Necesitamos más espacios verdes y más árboles", reclamó.

El bloque UCR/Evolución estuvo representado por Martín Ocampo. Fue ignorado cuando pidió un aplauso para los vecinos y vecinas que firmaron la iniciativa popular. Básicamente porque su bloque votó en contra de la iniciativa popular.

Pese al rechazo del interbloque oficialista, la experiencia marcó un camino para el futuro. La iniciativa popular es una herramienta valiosa, pero compleja: para que el proyecto de ley ingrese al recinto debe estar avalado con la firma del 1,5% del último padrón electoral local. Lo que implica que al menos 38.440 vecinos tienen que firmar para que el proyecto avance hasta el recinto (en las elecciones de octubre de 2019 se registró a 2.562.670 personas habilitadas para votar).

Sin embargo, esta iniciativa popular recolectó más firmas, fueron 53.000.

Las firmas luego fueron verificadas por el Tribunal Electoral porteño. No verifica todas, sino un porcentaje. Para las primeras 4.000 debe chequear un 3%. Lo que se hace de manera aleatoria. Si el 10% de las firmas verificadas muestra algún tipo de irregularidad, entonces la iniciativa pierde el derecho a ser publicitada. En este caso esto último no sucedió.

Una vez que se juntan todas las firmas, y se verifican, el proyecto ingresa a comisiones. Luego la Legislatura tiene un plazo de 12 meses para sancionar o rechazar el proyecto.

SC