CLARIN - Por Gonzalo Bañez Villar
La transferencia del Puerto de Buenos Aires a la Ciudad fue uno de los reclamos constantes que Mauricio Macri le hizo a la ex presidenta Cristina Kirchner a lo largo de los 8 años que estuvo al frente del Gobierno porteño.
Durante el camino hacia las elecciones de 2015, el traspaso se convirtió en una de las promesas de campaña del mismo Macri. También la tomó Horacio Rodríguez Larreta, quien hoy ocupa el cargo que dejó el Presidente. Finalmente, a poco más de un año de haber comenzado el mandato de ambos, la Ciudad de Buenos Aires inició el proceso legal para recibir la administración del puerto, que hoy está en manos del Estado nacional.
El escrito, al que tuvo acceso Clarín, significó la instancia formal necesaria para dar inicio a las negociaciones por el traspaso. La respuesta aún no llegó, pero será afirmativa. Allí se conformará una comisión con miembros de la Ciudad y de la Nación para coordinar los pasos necesarios hasta concretar la transferencia. Entre ellos se encuentra uno de los temas más sensibles y por el cual, aseguran por lo bajo, hasta el momento no hubo ningún avance formal: el manejo del dinero del Puerto de Buenos Aires.
Los balances portuarios en 2016 arrojaron un superavit mayor a los $500 millones. Si bien esa plata puede ser reinvertida en obras ligadas al puerto, está prohibida su transferencia al Tesoro Nacional. Quien maneje las decisiones del puerto, dispondrá del dinero para ubicarlo donde crea conveniente. Hoy el control es de la Administración General de Puerto (AGP), a cargo de Gonzalo Mórtola, rugbier egresado del colegio Cardenal Newman, el mismo que Macri, y nombrado en su puesto por Guillermo Dietrich (Transporte).
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El Puerto de Buenos Aires dio de baja un negocio vinculado a Moyano
Los exportadores e importadores ya no tendrán la obligación de pagar el seguro TAP y podrán ahorrar 4 dólares por tonelada. Lo ofrecía una empresa, IVETRA, que estaba ligada al Sindicato de Camioneros .
La nueva conducción de la Administración General de Puertos (AGP) decidió poner fin a una suerte de "peaje" que se cobró en el puerto de Buenos Aires y Dock Sud en los últimos cinco años por cifras cercanas a los 150 millones de dólares anuales. Se trata del seguro Transporte Argentino Protegido (TAP), que era exigido a todos los operadores de las terminales porteñas y únicamente lo ofrecía una empresa llamada IVETRA, a la que siempre se vinculó con el líder de la CGT y del gremio de los Camioneros, Hugo Moyano.