¿Qué está sucediendo en las villas porteñas? Ante la amenaza de cierre del IVC, si le sirvió a Adorni podría servir para la clase media y a los sectores populares de los barrios. El rol del Estado en tiempos de libertad, de mercado. La Izquierda Diario | Tiempo Argentino
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Motosierra Macri. Amenaza de cierre en el IVC: menos urbanización y más represión, el Estado porteño en los barrios populares
La política habitacional se redujo a su mínima expresión en estos 3 años de gestión de Jorge Macri, cuyo gobierno fue copado por los libertarios tras su derrota legislativa. Empezó con fuertes recortes presupuestarios al organismo que se encarga de implementarla: el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC). Ahora amenazan con el cierre definitivo, tras tres años de vaciamiento en los que el jefe de gobierno se cansó de declarar el fin de las políticas públicas de los barrios populares para enfocarse en “las clases medias”, ahora pasa de las palabras a los hechos con cierre de oficinas, despidos y reubicaciones.
Clase media Vs. villas? No! todas son familias trabajadoras
La nueva orientación política se centra en el ataque al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), continuador de la antigua Comisión Municipal de la Vivienda (CMV), principal organismo responsable en intervenir con políticas de mejoras en las villas porteñas y habitacionales en general. El instituto implementa los proyectos de urbanización con sus múltiples operatorias de intervención en villas. Así como también programas de vivienda asequible, obras y proyectos, y financiamiento de créditos, entre otras áreas.
Más allá de sus intenciones, el ejecutivo no puede eliminar directamente el IVC que, por ser un ente autárquico, debe ser a través de legislatura. El que impulsa el cierre es Nicolás Pakgojz, legislador libertario que viene de las filas del PRO, fué quién presentó un proyecto de ley para el cierre definitivo del organismo. Pakgojz es ex titular de la Agencia de Bienes del Estado (ABEE), responsable de rematar más de 200 hectáreas de tierras urbanas para el negocio inmobiliario en los últimos años. Esta práctica se continúa hoy con la intención de desprenderse de 64 propiedades porteñas que, IVC mediante, podrían destinarse para viviendas asequibles para las “clases medias” o para aumentar la oferta de alquileres accesibles en una ciudad en la que un tercio de su población alquila. Por más que no le guste a Adorni quien sí adquirió una de sus tantas propiedades gracias a los créditos otorgados por el IVC.
Pero, ¿qué pasa en las villas porteñas?
El IVC se implanta en el territorio en donde se implementan los distintos proyectos. Depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat (ex elefante blanco), donde las autoridades vienen aplicando retiros voluntarios, despidos de trabajadores, cambios de direcciones, y como consecuencia de esto, cierre de estas oficinas territoriales.
No es casual que el desguace haya comenzado por el barrio que fue pionero en conquistar la Ley 1770/05, la primera de muchas leyes de urbanización de la ciudad, además de la ley 5705/15. Ambas fueron el producto de la lucha y organización del conjunto del barrio y permitió la creación de los módulos de Papa Francisco, en los que hoy habitan más de 1200 familias, aún muchas siguen esperando una solución habitacional.
Aún queda por implementar gran parte de los proyectos de urbanización. En la 20 faltan consumar más de 500 esponjamientos (patios) por abrirse para que las viviendas del macizo puedan ventilar. Más de 350 viviendas se encuentran en Emergencia Habitacional, con casos graves de humedad y patologías constructivas de todo tipo. También quedan pendientes la apertura de pasajes y con ellos decenas de mejoramientos habitacionales y de miles de conexiones domiciliarias a la red de infraestructura que queda inconclusa.
En la 21-24 si bien no hay proyecto de urbanización rige la “Causa Mendoza” que obliga al estado a intervenir. Allí aún falta que el IVC construya las viviendas para relocalizar a cientos de familias que se encuentran en alto riesgo ambiental y sanitario sobre el camino de Sirga. En la 1.11.14 aún faltan cientos de conexiones domiciliarias a la red de agua y cloacal, así como el mantenimiento de la red pluvial. En la Rodrigo Bueno (Ley 5798/17) y Playón de Chacarita (Ley 5799/17) faltan más de 100 viviendas por ejecutar, se adeudan decenas de mejoramientos habitacionales, sin contar las que se encuentran en emergencia habitacional. Sin embargo, se vienen dando de baja a los pocos convenios que estaban por iniciarse.
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Algo en común a estos barrios donde se han abierto calles y pasajes para garantizar el tendido de infraestructura que posibilita la llegada de los servicios formales de la ciudad, es que solo en unas pocas decenas de casas recibieron las obras de conexión necesarias. Quedan más de 200 viviendas pendientes de conexión en Playón de Chacarita y en el caso de la 20 asciende a 400 conexiones pendientes. Esto deja una obra de infraestructura sepultada en donde ya se hizo una inversión millonaria de fondos públicos, corriendo el riesgo de quedar obsoleta si no se garantizan las conexiones domiciliarias.
Otro aspecto transversal es que IVC no ha realizado ninguna mesa participativa en los barrios mencionados donde rigen las leyes de reurbanización. A su vez las cuadrillas de mantenimiento cloacal, pluvial y suministro de agua brillan por su ausencia, mientras colapsan las redes, revientan las cloacas y se inundan los pasajes cada vez que llueve, atemorizando a cientos de familias de volver a perder todo.
A pesar del estado social y habitacional crítico de los barrios populares de la ciudad el estado no se retira de los barrios. Reemplaza el presupuesto para urbanizar las villas con el aumento de operativos policiales y una escalada represiva con especial saña hacia la juventud y las comunidades migrantes. En la 20 en particular estuvo el caso de gatillo fácil de Juan Gabriel en navidad. En las tierras más caras de la ciudad en la Villa 31, el jefe de gobierno lanzó una campaña de Orden y Limpieza, convirtiéndola en un gueto cerrando sus accesos y robándole las garrafas a los comerciantes. Vienen reduciendo al mínimo las tareas de la ley de reurbanización. Si bien interviene la UPE y no el IVC, sólo lo hace a través de amparos judiciales.
¿Qué están haciendo las y los trabajadores y comunidad para enfrentarlo?
Ante este panorama los trabajadores del IVC vienen enfrentando los despidos y el vaciamiento. Con rifas solidarias para bancar a las compañeras despedidas y jornadas de difusión para alertar a los barrios, las y los trabajadores apuestan a la alianza con los vecinos para frenar los planes del gobierno. Son las y los vecinos de los barrios los principales interesados en que estas obras se terminen y las y los trabajadores quiénes tienen la capacidad de garantizarlas.
En este marco los trabajadores se vienen organizando en asambleas donde votaron sumarse a la Jornada Federal de los movimientos sociales el día 7 con sus propios reclamos. Están convocando a vecinos a que sean parte por la continuidad de los proyectos de urbanización de las villas porteñas, contra el cierre del IVC y para enfrentar el recorte de más de 950 mil planes “volver al trabajo” que implicaría un golpe más al bolsillo de las familias trabajadoras de los barrios populares.
Pero no es solo el IVC que está bajo ataque, hay otros organismos autárquicos en la ciudad que están en situaciones similares como Estadísticas y Censos (el Indec porteño) donde hubo 80 despidos y se revirtieron 60. En Juegotecas que depende del mismo ministerio se unieron la comunidad y sus trabajadoras para frenar el cierre de las mismas. Aunque la situación del conjunto de los trabajadores municipales está bajo la lupa de la motosierra libertaria.
En este clima de incertidumbre donde la motosierra del estado se da en todos los organismos y dependencias no se puede luchar por separado, y hay que llamar a una asamblea general empezando por todos los trabajadores del ministerio y que no nos dividan más entre afiliados, no afiliados, contratados, de planta y el sindicato de un color o de otro.
Parte de nuestra lucha es también por unificar a todos los trabajadores municipales para impedir que desguace los organismos que cuentan con profesionales que tienen un conocimiento adquirido sobre el territorio que sería imposible reinventar y que brindan servicios y derechos adquiridos por las comunidades.
