Estado de alerta
El Presidente y el ministro de Educación evalúan las condiciones en las que se dan las clases presenciales en cada provincia y abordaron -en una reunión- la situación metropolitana ante el incumplimiento del fallo de la Justicia Federal por parte de la Ciudad de Buenos Aires, cuestión por la que analizan «alternativas» para desplegar una agenda de presencialidad «administrada» que permita reducir la circulación pero que haga posible la vuelta a las aulas.
La semana pasada, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, la Casa Rosada suspendió las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires por 15 días, a partir del lunes último y hasta el 30 de abril, y a partir de allí se desató un escándalo político y judicial sin precedentes que dejó en el medio a docentes y niños, particularmente de escuelas privadas, que siguieron abiertas pero en medio de una enorme confusión.
Esa medida fue judicializada por padres de alumnos y por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que el martes decidió desconocer un fallo judicial que ordenó establecer la modalidad virtual en todo el sistema educativo porteño, en línea con lo dispuesto por el Gobierno nacional entre las medidas sanitarias para hacer frente al exponencial aumento de casos de coronavirus en el marco de la segunda ola de la enfermedad.
En medio de ello, los gremios docentes permanecen desde el inicio de la medida realizando un paro de actividades para no incumplir un mandato que consideran “constitucional”. Y ante la presión de los establecimientos educativos privados hacia el personal docente, el Gobierno Nacional se vio forzado a «convocar» a dichas escuelas a dar continuidad educativa no presencial en toda el área del AMBA y se reunirá con ellas este miércoles.
Por ese motivo, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, y su par de Justicia, Martín Soria, enviaron una carta a la Confederación Argentina de Instituciones de Enseñanza Privada (CAIEP) para exigirles «sostener la continuidad educativa no presencial o en contexto virtual» hasta el 30 de abril de 2021 «en todos los niveles» en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El DNU del presidente Alberto Fernández que suspendió la presencialidad por 15 días «dispone medidas sanitarias que dan cuenta del severo riesgo epidemiológico para la población, causado por la velocidad en el aumento de la curva de contagios, particularmente en la zona del AMBA»
«No desconocemos la confusión que ha generado el dictado de una medida cautelar para continuar con las clases presenciales suspendidas por la norma federal citada, que fuera dispuesta por un tribunal local de la Ciudad de Buenos Aires sin competencia para adoptar esa decisión», resalta el texto. En ese sentido, precisa que la medida cautelar fue «dejada sin efecto por la justicia federal» en el día de ayer, y destaca que «a ello se suma» el expediente iniciado por el Gobierno porteño ante la Corte Suprema de Justicia.
En paralelo, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunciando la fabricación de la vacuna Sputnik en Argentina defendió la suspensión de clases presenciales y lo justificó con que «Argentina está en el peor momento» y que el país «atraviesa una situación crítica» por lo que insistió en la «necesidad de reducir la circulación de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires».