Observatorio Metropolitano

La Región Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es un territorio que tiene una gran presencia de agua y, sin embargo, al día de hoy hay distritos que poseen grandes problemas para el acceso a ella de manera segura.

Buenos Aires está lejos de ser un desierto o de estar en una situación compleja para tener disponibilidad de agua; nada que ver con el Gran Mendoza o muchas de las localidades de La Rioja, San Juan o Catamarca, donde el agua es un bien escaso por la aridez que poseen muchos de estos lugares. En el AMBA el agua dulce sobra: está la cuenca del Río de la Plata, la segunda más extensa de Sudamérica, junto con otras tres cuencas que atraviesan la región que son la del río Luján, Reconquista y Matanza-Riachuelo. Además, en la CABA circulan 11 cuencas según el Observatorio Metropolitano: los arroyos Medrano, Vega, Maldonado, Cildáñez, White, Radio Antiguo, Ugarteche, Boca-Barracas, Ochoa-Elía, Erézcano y Larrazábal-Escalada. Junto a este gran despliegue de cuerpos de agua superficiales también hay aguas subterráneas de gran extensión y, por otro lado, humedales y todo tipo de ecosistemas húmedos que se generan en la rivera de los ríos que no están canalizados.

Que aún existan millones de personas sin acceso a ella en esta región es una ridiculez que sólo en el capitalismo puede suceder. Además, varias de las cuencas nombradas se encuentran en una situación de fuerte degradación ambiental.

Agua y Saneamientos S.A. (AySA) posee un sistema de provisión que tiene su principal fuente de abastecimiento en el Río de la Plata, agua que ingresa a partir de tres grandes plantas potabilizadoras ubicadas en distintas zonas del área metropolitana: la Planta General San Martín, ubicada en la Ciudad Autónoma; la Planta General Belgrano ubicada en la localidad de Bernal, partido de Quilmes hacia la sur y, la Planta Juan Manuel de Rosas, en la zona norte, partido de Tigre.

En cuanto al sistema cloacal, la empresa consta de 21 plantas de tratamiento que, luego de procesar las aguas las vuelcan mayormente al Río de la Plata y, en menor medida, al Matanza Riachuelo y Reconquista.

Si tenemos que poner la lupa en la provisión de agua potable, hay partidos que están en una situación de mala cobertura. Malvinas Argentinas es el que peor servicio tiene, con solo el 14% de la población con acceso; le siguen José C. Paz con el 15% de cobertura, Ituzaingó con el 26%, Moreno el 36%, Merlo el 42%, Hurlingham el 45% y Ezeiza el 49%. Estos son los partidos con menos del 50% de la población con acceso a agua de red según los datos del Censo 2022.

Hay que tener en cuenta que la población que sí posee servicio de agua de red en estas localidades, en muchos casos la red sigue siendo no potable o con problemas para su uso por la presencia de arsénico, agrotóxicos y otros componentes como metales, lo que lleva a que haya casas que a pesar de tener agua de red instalan purificadores o toman directamente de agua comprada.

Ahora bien, para ponerlo en números concretos, tomemos el ejemplo de José C. Paz. Recopilando los datos de este artículo escrito por la investigadora del CONICET especializada en el tema Melina Ayelén Tobías junto con Lucila Moreno miembro del Instituto de Estudios Sociales en Contextos de Desigualdades (IESCODE), del total de población de este partido bonaerense que son 326.527 habitantes, sólo 51.161 personas tienen cobertura. Solo en este partido más de 275 mil personas no tienen agua de red en sus viviendas.

A continuación las estadísticas del conjunto del AMBA:

En el caso de la cobertura de cloacas es aún peor la situación. José C. Paz lidera el ranking de peor servicio, ya que tiene una cobertura del 8% de la población; le siguen Malvinas Argentinas con el 9%, Moreno con el 32%, Tigre 34%, Ezeiza 35%, Ituzaingó 38%, Merlo 39%, Almirante Brown 41%, Florencio Varela 46%, Lomas de Zamora 46%, Esteban Echeverría 49%, San Miguel 49%, Hurlingham 55%, Lanús 57% y La Matanza en un 58% de cobertura. El promedio del AMBA en cuanto a cobertura del servicio de cloacas de todo el AMBA es del 56%, muy bajo.

Como se puede ver la cobertura de red de cloacas es aún peor que el de agua de red. El problema es que al tener este servicio de red de cloacas tan malo, genera que las aguas negras o se infiltren en las napas por los pozos ciegos mal construidos o se vuelquen directamente a los ríos y arroyos cercanos favoreciendo su contaminación. En este marco, cuando una familia no tiene acceso al agua de red, una de las opciones que más se implementan es la de realizar la extracción de la napa más cercana, que suele estar fuertemente contaminada por lo ya planteado.

Esta situación genera un alto riesgo en la salud de las personas que no tienen acceso al agua potable de red para realizar sus actividades diarias.

La desigual distribución del servicio en el AMBA

El patrón de distribución en cuanto a red de cloacas y de agua es claro: La CABA y las localidades del Norte poseen mayor cobertura que las localidades del Oeste y del Sur de la región. ¿Por qué se da este patrón de distribución desigual?

Como destaca la investigadora del CONICET ya citada, en otro artículo reciente, este patrón desigual no es casual, sino que en la década de los 90, cuando el servicio estaba a cargo de la empresa privada Aguas Argentinas S.A, al analizar la inversión plantea que “en cuanto a la lógica espacial de expansión, durante la privatización se priorizaron las áreas con poder adquisitivo que permitan garantizar el pago del servicio, de modo, por ejemplo, que la zona norte se vio mucho más beneficiada que la zona sur u oeste de la prestación”, agregando que "el proceso de mercantilización del agua que tuvo lugar durante la privatización, y que desalentó la extensión de la redes en áreas vulnerables y periféricas, dando lugar a la configuración de un territorio desequilibrado y desigual, con tensiones constantes entre áreas conectadas e integradas de la ciudad y otras áreas periurbanas y vulnerables (villas y asentamientos) desconectadas y excluidas".

Es decir que en el período de los 90 cuando la empresa estaba bajo capitales privados, sus inversiones para ampliar la cobertura del servicio estaba guiada por la lógica de la ganancia y, por ende, se invirtió mucho en las localidades de la CABA y de la región Norte, por su alto poder adquisitivo y se relegó el Oeste y el Sur del AMBA, patrón que continúa al día de hoy.

Con la privatización que quiere impulsar el gobierno nacional de Milei nuevamente se quiere poner la lógica de la ganancia antes que asegurar el derecho al acceso a este servicio que hace a la salud pública de la población.

Por otro lado, los barrios populares, asentamientos precarios y villas poseen en variados casos canillas comunitarias para el acceso al agua. La canilla comunitaria puede ser una herramienta de organización frente a una necesidad urgente, pero no puede confundirse con una red de agua potable dentro de cada vivienda. Cuando decenas o cientos de familias tienen que desplazarse para buscar agua, el costo de garantizar el servicio termina trasladándose sobre quienes menos tienen y, en general, es sobre las mujeres que se ocupan de los trabajos domésticos invisibilizados. El problema deja de ser solamente quién paga la factura: también hay que preguntarse quién pone el tiempo, el trabajo y los recursos para conseguir el agua que no llega hasta tu casa.

En otros lugares, la situación llega al extremo de que las familias deben acarrear el agua desde puntos de distribución. El problema no es la ausencia de capacidad técnica para llevarla hasta las viviendas, sino la ausencia de una decisión política de hacerlo.

¿Un negocio o un servicio bajo control de quienes lo hacen funcionar junto a los usuarios?

El Gobierno de Milei no está simplemente discutiendo qué hacer con AySA: está licitando su privatización. En el marco del DNU 493/25 en mayo de 2026 el Ministerio de Economía formalizó el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para vender a un operador estratégico la totalidad de las acciones de AySA en manos del Estado Nacional, equivalentes al 90% del capital de la empresa.

La apertura de sobres de la licitación fue postergada al 15 de septiembre por pedidos de prórroga, en medio de amparos judiciales y movilizaciones. A la empresa la quieren rematar a un precio mísero, como se explica en esta nota. En la primera línea para su compra se anotan varios empresarios prebendarios con vínculos aceitados con este y los anteriores gobiernos, entre los que destacan los inefables José Luis Manzano, Daniel Vila (que ya se quedaron escandalosamente con Edenor y Metrogás) y Mauricio Filiberti, el “señor cloro”. Todo auditado por la estatal genocida administradora del agua Israelí Mekorot. No es una humorada del gobierno, no cuenta con esa capacidad cognitiva. Solo obscenidad.

El argumento oficial sobre la “eficiencia del capital privado” ya se probó en los 90 con Aguas Argentinas y terminó en estafa: las tarifas aumentaron un 300% mientras las obras de expansión en el Conurbano quedaron paralizadas por falta de rentabilidad. Un operador privado no va a enterrar caños en José C. Paz ni a extender la red en La Matanza si no obtiene una tasa de ganancia inmediata. La entrega de AySA no busca universalizar el agua y la red de cloacas, sino garantizar un negocio financiero con tarifas dolarizadas.

Si después de décadas de expansión urbana existen municipios donde menos del 20% de los hogares tiene agua de red, el problema no se resuelve entregando la empresa a un capital privado que busca recuperar su inversión y obtener ganancias. La extensión de redes hacia los barrios más postergados requiere, justamente, una planificación que no esté subordinada a la ganancia.

La única salida a tantos años de deterioro es una estatización total de la empresa, administrada de forma directa por quienes allí trabajan y quienes utilizan el servicio. El agua debe protegerse como un derecho humano y un bien común, no tratarse como un negocio.

Los Comités impulsados junto a Myriam Bregman en apoyo a la izquierda planifican nuevas acciones para potenciar esta lucha, enmarcada en la protección integral de los recursos hídricos, el medio ambiente y la salud pública. Todos estos reclamos confluirán en la "Marcha de la bronca" del próximo 19 de septiembre. Esta movilización, que gana cada vez más fuerza a nivel nacional, hará propio este reclamo con un objetivo mayor: construir el camino hacia una huelga general que derrote por completo el plan de ajuste del gobierno de Milei y sus cómplices.