Un rápido repaso a las evidencias que quedan expuestas pone en primer plano las articulaciones entre dinámicas globales y lo nacional-local. La existencia de una sociedad en la que las movilidades intensas, diversificadas, de escala planetarias son un rasgo constitutivo ha quedado en exposición, una vez más. No sólo por la expansión global de la pandemia originada en una región particular del mundo, sino también por las múltiples situaciones de personas que, en simultáneo, estaban fuera de los lugares de residencia habituales por muy distintos motivos. Es una foto detenida de un mundo en movimiento.

También queda a la vista, una vez más, que las movilidades son altamente selectivas en términos sociales y que esos flujos en redes planetarias se canalizan a través de los principales nodos en esa interacción global. Al mismo tiempo, estos movimientos en redes se tensaron con territorios estatales con capacidad para redefinir la porosidad de las fronteras, las condiciones de circulación, la clausura de nodos y para desarrollar toda una serie de regulaciones que interactúan en esa zona conflictiva entre lo global y lo nacional.

Hay otras evidencias menos fascinantes que las que transmite la imagen de una sociedad planetaria interconectada. La presión del capitalismo para no detener su proceso de reproducción (aún a costa de arriesgar la salud de los trabajadores y de toda la población); las dinámicas del capitalismo financiero que continúa reproduciéndose distanciado cada vez más de la producción de bienes y servicios; la precariedad del trabajo y de la vida de los trabajadores, dependientes de empresas sin memoria histórica de sus ganancias y con una memoria muy fresca de las pérdidas del presente; la fragilidad de las pequeñas y medianas empresas y de los trabajadores independientes; los impactos de décadas de políticas neoliberales sobre los sistemas públicos de salud. Ajustando aún más el foco, también volvieron a la primera plana las desigualdades e injusticias que padecen cientos de millones de habitantes urbanos de todo el mundo, que carecen de viviendas adecuadas, residen en hábitats contaminados, habitan territorios excluidos y excluyentes, desprovistos de equipamientos, de redes sanitarias y de servicios urbanos, sin empleo o con empleos tan precarios que es la activación de los cuerpos cada día la que permite conseguir unos magros ingresos. Nada de esto es nuevo, pero como sucede en toda crisis de envergadura, las vulnerabilidades preexistentes quedan al desnudo de una manera más brutal. Toda la investigación sobre teorías del riesgo (ambiental, tecnológico, biológico) nos enseña que además de atender la emergencia hay que trabajar en la construcción de una realidad distinta.

Retornan al primer plano de la escena el Estado y los proyectos políticos que se articulan en torno a él. Son acciones estatales de escala nacional las decisivas para darle forma, enfrentar y gestionar la crisis derivada de la pandemia COVID-19. La mayor o menor apertura de las fronteras o incluso su cierre; la política sanitaria, el equipamiento, la disponibilidad de insumos, el planteo de estrategias sanitarias y la elaboración de protocolos en materia de salud; la regulación del trabajo y del transporte; las acciones individuales que pueden desarrollarse en tiempos donde se prioriza la vida de los habitantes, de cada uno y del conjunto; la asistencia económica frente a las situaciones críticas generadas. Son todos aspectos en los que ninguna lógica de mercado puede regir para lograr el bienestar social. Y es ese Estado, atento a la heterogeneidad territorial pero al mismo tiempo articulado en el marco del federalismo, el que puede consensuar estrategias geográficamente diferenciadas para retomar el pulso de la vida social, lo que incluye obviamente su dimensión económica. Consolidar esta perspectiva también es una bisagra entre lo que hay y lo que está por venir.

Entre los desafíos, hay muchos que ya conocemos y otros nuevos o que resignifican a los anteriores a partir del tembladeral que supone una oleada de infectados y muertos de alcance mundial y un detenimiento del ritmo acelerado en una sociedad vertiginosa. Los reclamos por una sociedad más igualitaria y más justa y por espacios de la vida cotidiana más inclusivos vienen siendo sostenidos por movimientos políticos y sociales, desde hace décadas, con dispar respuesta en términos de políticas públicas. Desde el punto de vista de un urbanismo situado en las coordenadas espacio temporales de las ciudades argentinas, la agenda de temas pendientes recoge los clásicos sobre el hábitat (sobre todo por el hábitat popular), el ambiente, la movilidad y el acceso a los servicios y a las oportunidades de empleo.

Sin ánimo de un análisis exhaustivo, repensar la movilidad para el futuro próximo plantea una serie de aspectos críticos. La pandemia ha vuelto a destacar el rol clave de los sistemas de transporte público para garantizar la movilidad cotidiana. Representan el primer paso de equidad social para posibilitar la movilidad en regiones metropolitanas extensas y complejas. Hemos visto a través de los medios cómo gran parte de las personas que realizan trabajos esenciales se desplazan en transporte público. Un primer aspecto a tener en cuenta aquí son las características que tendrán esos viajes en relación con el cuidado, la prevención y las distancias sociales que será necesaria mantener. Y al mismo tiempo, habrá que considerar -algo de esto ya se hace- las necesarias adecuaciones de la oferta (frecuencias, estado de los vehículos, condiciones de higiene, seguridad, capacidad, cobertura espacial y temporal) para poder hacer frente a un transporte masivo y seguro, cuando las ciudades intenten recuperar a pleno su movimiento cotidiano. En tensión con el uso del transporte público y con un cuidado colectivo, las tentaciones hacia la autoprotección individualizada entrañan el riesgo de un aumento del uso del automóvil particular que impactaría fuertemente en las condiciones de movilidad generales. La oposición entre transporte individual seguro y transporte público riesgoso es una situación injusta que a todas luces tiene que ser evitada.

La segunda tensión pone en relación las movilidades de proximidad y las movilidades a escala metropolitana. La posibilidad de realizar trayectos cortos para acceder a equipamientos y servicios diversos en la escala local es un objetivo prioritario en materia de políticas urbanas. En este sentido, las regiones metropolitanas que cuentan con variedad y diversidad de centralidades comerciales y de servicios tienen una fortaleza estructural, no siempre valorada en términos de planificación urbana y de movilidad. Aún queda mucho por hacer, como han demostrado las diferencias sociales en el acceso al sistema bancario durante el aislamiento social obligatorio, dificultades tanto en términos de uso de tecnologías de información como de concentración de los puntos de acceso físico al sistema. La dispar calidad de servicios educativos y sanitarios distribuidos en el territorio es otro de los aspectos en los que la proximidad está puesta en cuestión e impacta sobre la movilidad, como demuestran diferentes estudios.

Pero estos viajes de proximidad no pueden hacer perder de vista la necesidad de apoyar, sostener y mejorar condiciones de desplazamiento a escala metropolitana. Las propuestas de mayores viajes a pie, movilidad saludable, uso de las bicicletas, entre otras, tienen una limitación socio-territorial clara cuando intentan imponerse como orientadoras de la planificación de la movilidad, descuidando la heterogeneidad metropolitana. Quizás el acceso al trabajo y a las oportunidades de empleo sea el ámbito en el que más se evidencia esta dimensión. En el caso de la Región Metropolitana de Buenos Aires, se trata de viajes más largos y de mayor duración que la del resto de los viajes cotidianos, implican mayor uso de transporte público masivo, requieren más cantidad de transbordos y, a pesar de cierta tendencia a la flexibilidad, tienen patrones temporales más rígidos en términos de recurrencia y horarios de realización. De todas las personas que diariamente se desplazan con motivos de trabajo, las más perjudicadas son quienes tienen bajas calificaciones y bajos ingresos. Son los trabajadores que no pueden realizar trabajo a distancia o teletrabajo dada su función básicamente operativa o no calificada y el desajuste entra la residencia y el lugar de trabajo hace que atraviesen extensas zonas metropolitanas cruzando centralidades, atravesando ejes radiales y uniendo las geografías sociales más dispares. Los ejemplos más visibles de estos trabajadores vulnerables son las trabajadoras del servicio doméstico, los trabajadores de la construcción, las cuidadoras de personas mayores o enfermas, los peones en distintas actividades, changas, vendedores callejeros, recicladores urbanos, que no encuentran en las proximidades de su residencia oportunidades de obtener un ingreso, por mínimo que sea. Esta complejidad conmina a una atención simultánea a la proximidad y a la dimensión metropolitana.

Las políticas públicas volvieron al primer lugar de la escena, aún para muchos de quienes abogan por un Estado mínimo, apenas viabilizador de las condiciones de reproducción del capital y facilitador del funcionamiento del mercado. Para quienes apostamos a los proyectos de futuro basados en políticas públicas participativas y coproducidas con los movimientos sociales, atentas a las necesidades heterogéneas y diversas de la sociedad y de los territorios, integrales en su concepción y en su implementación, esta centralidad de las políticas estatales no hace sino confirmarlas como la mejor posibilidad de una vida más justa en una sociedad democrática y equitativa.

Mg. Jorge Blanco 
Director del Instituto de Geografía Filo - UBA
Docente e Investigador en Planificación Territorial, Transporte y Movilidad.
Miembro del Programa Transporte y Territorio