infobae | OPINIÓN | Matías Barroetaveña
La situación en el Riachuelo es crítica. El desmanejo de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) pone en peligro a cientos de miles de personas cada día, a niños, a adultos mayores. El Riachuelo no es solo agua contaminada. Sucede que el agua no es únicamente agua toda vez que las acciones y las omisiones sobre ella inciden de una u otra forma sobre el entorno que la contiene y las comunidades que lo habitan. Es por ello que la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las organizaciones del cuerpo colegiado que acompañan las tareas que se realizan en el Riachuelo advierten que, además de atender las obras necesarias sobre el cuerpo de agua del río, se debe sanear basurales, atender la salud, relocalizar viviendas, hacer asistencia social, planes de agua y reconversión industrial.
Al respecto, una serie de organizaciones que integran el cuerpo colegiado —Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Greenpeace Argentina, Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y Vecinos de la Boca— destacan en el documento: "A 9 años del fallo de la Corte, una política de Estado todavía ausente", que, de acuerdo con los informes de la auditoría interna de Acumar, el 57% de los basurales saneados ha sido reinserto nuevamente como basurales. De igual modo se pronunciaron críticamente respecto de las relocalizaciones, donde solo el 35% de lo proyectado ha sido reubicado, y aun así no exento de problemas y dificultades. Sobre la cobertura de agua y cloacas todavía resta alcanzar la mitad de la población que vive en la cuenca; en salud, no ha logrado identificarse de manera específica la población en riesgo, ni se generaron capacidades para evaluar la situación de salud ambiental, ni se articuló una intervención de las distintas áreas de Acumar para reducir la exposición de poblaciones especialmente vulnerables a amenazas producidas por la contaminación. En cuanto al control de actividades industriales, destacan que Acumar no interviene en materia de emisiones gaseosas, residuos peligrosos y contaminantes orgánicos persistentes, ni en la evaluación de impacto, ni en la habilitación de industrias de elevada complejidad ambiental. Tampoco en la resolución de problemas derivados de la localización de las industrias, ni en la planificación de los nuevos parques industriales.
Así las cosas, la cuenca constituye un espacio común, pequeño en su extensión territorial (menos del 1% del territorio nacional), demarcado por el escurrimiento del agua superficial de ríos y arroyos que terminan en el Matanza-Riachuelo, sobre el cual se desarrolla la vida, y el trabajo de más de siete millones de personas (casi el 20% de la población argentina).
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Durante muchos años asistimos al reclamo (genuino) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al entonces Gobierno nacional por una mayor apertura y participación en la toma de decisión sobre el accionar en la cuenca Matanza-Riachuelo. También presenciamos el nulo liderazgo en la materia por parte de la CABA, aduciendo que era imposible lograr coordinación y consensos con la nación y la provincia de Buenos Aires.
El 30 de noviembre de 2016, la CSJN convocó a todas las partes involucradas en la causa judicial a una audiencia pública para conocer el grado de avance de los mandatos incluidos en el plan de saneamiento que oportunamente fijó. En el portal del Centro de Información Judicial puede leerse que: "En la audiencia celebrada ante el Tribunal el 30 de noviembre de 2016 se constataron deficiencias en el cumplimiento del programa establecido en la sentencia de la Corte del 8 de julio de 2008".
En julio de 2017, a 9 años del fallo de la Corte, las mencionadas organizaciones nucleadas en el cuerpo colegiado presentaron un documento conjunto en el cual evalúan de manera crítica las acciones desarrolladas sobre la cuenca: "Ha transcurrido casi una década y todavía persisten debilidades en el control, el seguimiento y la falta de una mirada verdaderamente integral de gestión. (…) La llegada del nuevo gobierno, en el cual las tres jurisdicciones que integran la Acumar corresponden a un mismo signo político, generó expectativas en cuanto a poder superar la fragmentación existente y construir acuerdos más urgentes que imprimieran al organismo una dinámica diferente. Sin embargo, ello tampoco ha sido posible. (…) En tal sentido, en los 18 meses que corresponden a la actual gestión de gobierno, el organismo cambió dos veces su jerarquía institucional y tres veces su presidencia". En sus conclusiones se destaca: "Ya no resulta admisible que la formulación de las acciones y políticas indispensables para la cuenca se hagan efectivas únicamente a partir de las exigencias impuestas por el Poder Judicial o las demandas del público, sino que las mismas deberán surgir de acciones en donde se integre la participación de todos los sectores involucrados".
En noviembre de 2017, la CSJN se pronunció nuevamente con reproches respecto de las acciones llevadas adelante por Acumar, al requerirle presentar un informe con un calendario de acciones por objetivos. La autoridad responsable presentó dicho calendario entre los meses de febrero y marzo del corriente año. Luego, la Corte emitió opinión sobre el documento presentado con duras críticas acerca de la calidad de su contenido: expresa que el contenido del calendario "es insuficiente" y que las acciones por objetivos carecen de referencias; por lo cual ACUMAR tendrá que presentar un nuevo informe con las correcciones señaladas.
Asimismo, y paralelamente, se destacan las conclusiones del Informe de Seguimiento del Presupuesto PISA 2016, elaborado por la Auditoría General de la Nación, aprobado por la resolución nº 200/17 del citado organismo, donde puede leerse: "Por último, es de destacar que el PISA al 31 de diciembre de 2016 presenta fuertes inconsistencias de exposición, que denotan debilidades de control interno, y que afectan el nivel de confiabilidad del documento para ejercer un seguimiento y control del plan de saneamiento de la CMR".
Como corolario, la CSJN ha convocado a las partes a una nueva audiencia pública a celebrarse el próximo 14 de marzo, a fin de exponer oralmente sobre el avance de la ejecución de la sentencia definitiva que ordenó la recomposición del daño ambiental en la cuenca.
Hoy la situación político-institucional ha cambiado. Existe una homogeneidad en la conducción de los tres distritos en donde se asienta la cuenca, pero, lamentablemente, la tan reclamada y anhelada articulación de ciudad-provincia y nación a través de la Acumar constituye una abstracción: a la paralización de las obras, la reducción en provisión de salud y el repliegue en la gestión de saneamiento, se le suma la magra ejecución que ha tenido la autoridad de cuenca en estos últimos dos años de gestión. Basta con ver sus ejercicios presupuestarios, resumiendo la acción metropolitana para el Riachuelo en una serie de escasas (muy escasas) intervenciones públicas llenas de contradicciones.
Los metrobonaerenses conformamos una comunidad en donde, producto de la desigualdad en materia de gestión y presupuesto norte-sur, se registran grandes desequilibrios, quizás los mayores de la Argentina. Es tiempo de tomar decisiones y articular competencias entre todas las jurisdicciones, y superar la fragmentación institucional responsable de que la región metropolitana aún no haya podido coordinar su expansión y su crecimiento urbano con la finalidad de lograr desarrollo y calidad de vida para la región sur de la Ciudad y su área metropolitana.
El autor es director del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM).