Costas y Cuencas de la Región Metropolitana de Buenos Aires: estudios, planes y proyectos

COSTAS Y CUENCAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS AIRES: ESTUDIOS, PLANES Y PROYECTOS 38 CONVOCATORIA 2016 LAS CUENCAS METROPOLITANAS aun cuando hay un caso judicial abierto y se ha creado un orga- nismo para responder a estas demandas, en todos estos años, los grupos que viven cotidianamente en un hábitat degradado no han podido hacer oír su voz en lo que refiere a reclamos por derechos. Por un lado, no son un actor con voz en el proceso ju- dicial; por el otro, las medidas implementadas son fragmentarias y no incorporan criterios de justicia que reconozcan un conjunto de derechos que están estrechamente interrelacionados: el de- recho al agua, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda y el derecho al ambiente sano. Reflexiones finales Hacer un balance de la política de recomposición ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo implica plantear preguntas acerca de los desafíos de la gobernabilidad metropolitana. La degradación ambiental de la cuenca es una resultante de la falta de gestión integrada del territorio metropolitano de Buenos Aires, que está marcada por un localismo estrecho en la gestión municipal y por la falta de instancias de coordinación de las políticas jurisdiccionales. Son los proyectos políticos de los actores en diferentes niveles de gobierno (Municipio, Provincia, Nación) los que minan la posibilidad de una estrategia de política a escala metropolitana. Aquí hay dos asuntos clave: por un lado, es necesario superar la concepción de que un organismo viene a reemplazar a otros previamente existentes en la escala municipal o provincial (lo que genera grandes competencias interestatales) y, por el otro, prestar atención a los modos “informales” de coordinación, que suelen ser los mecanismos habituales de gestión de la política pública en los municipios metropolitanos. En ese sentido, es importante que se puedan identificar he- rramientas de gestión para lidiar con problemas de alta com- plejidad. Si la gobernabilidad depende de la naturaleza de los problemas enfrentados, es preciso decir que, tratándose de la gestión de recursos naturales, una cuestión primordial a abordar es la interdependencia existente en la gestión de los mismos. Ampliar la red cloacal sin construir plantas de tratamiento no es posible, pero hacerlas tiene consecuencias sobre la calidad de las aguas del cuerpo receptor de esos efluentes. Construir plantas aireadoras puede mejorar la oxigenación del agua, pero es una solución insuficiente sin un adecuado programa de control de los vertidos industriales contaminantes. Recuperar los márge- nes del río para generar espacio público es importante, pero si en ese territorio viven ciudadanos que no tienen medios para acceder a la vivienda, será necesario desarrollar una política de producción de suelo urbano para los sectores populares. Por otra parte, es necesario dotar de sentido a la arquitectura institucional del organismo de cuenca. Aquí la cuestión más im- portante consiste en movilizar a actores diferentes, e incluso con intereses conflictivos, en acuerdos de gobernabilidad común. Si esto no es posible, se trata de movilizar aquellos recursos po- líticos necesarios para confrontar los proyectos que se oponen a este objetivo. Un asunto clave aquí se refiere a la concepción con la que se piensa el organismo de cuenca, que requiere de un horizonte de largo plazo. Se trata de un proceso de construcción institucional que demanda tiempo; en ese sentido, la literatura muestra que es un proceso incremental de transferencia de fun- ciones y construcción de capacidades. Finalmente, aunque no menos importante, se requiere abrir una discusión pública en torno a problemas cuyo origen se cimienta en la desigualdad social y territorial tomando en cuenta una perspectiva de justicia ambiental en donde tenga lugar la pala- bra de los afectados. Las familias, organizaciones y grupos que sufren las consecuencias de la degradación ambiental exigen políticas de reparación a los cuerpos y los territorios que van más allá de medidas de remedio y discontinuas de asistencia sanitaria y que den por tierra la focalización territorial en un acotado nú- mero de familias. El “no reconocimiento” es un tipo de opresión que deforma y moldea la concepción que los seres humanos tienen de sí mis- mos. Es por eso que los afectados exigen igual tratamiento ante la ley: porque eso implica una batalla por el respeto y la autode- terminación. Esto abarca tanto la justicia distributiva (reparto de cargas, medidas de reparación) como la justicia procedimental; es decir, qué actores son tomados en cuenta en un diferendo, si se reconocen sus intereses, si pueden participar y cuál es el balance de poder efectivo que resulta de esas acciones. En los úl- timos años, los espacios de participación han sido muy escasos,