Costas y Cuencas de la Región Metropolitana de Buenos Aires: estudios, planes y proyectos

COSTAS Y CUENCAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS AIRES: ESTUDIOS, PLANES Y PROYECTOS 36 CONVOCATORIA 2016 LAS CUENCAS METROPOLITANAS AySA, es un actor político de relevancia, tanto por su dotación de recursos financieros y humanos como por su capacidad his- tórica de intervenir en el territorio. Su estructura de funciona- miento corresponde a una empresa que tiene muchos años de operación y un rol político central en la gestión de los recursos hídricos. Por otra parte, cuenta con recursos técnicos y organiza- cionales que le permiten ejecutar obras de gran envergadura. Un conjunto importante de las acciones previstas en el plan director de AYSA están localizadas en el área geográfica de la cuenca; sin embargo, el problema central es que la planificación de obras está orientada por un enfoque sectorial cuando una interven- ción ecosistémica requiere que se avance en una articulación intersectorial de la política. En cuanto a la política de control industrial, un determinante clave es que los actores económicos tienen prerrogativas históricas que les permiten un uso discrecional del suelo urbano. De acuerdo con su visión descarnada de la gestión del recurso, el Riachuelo es un receptor de efluentes. Esta perspectiva obedece a una racionalidad económica en la que opera una ecuación depredadora: se puede utilizar el recurso hasta agotarlo, en tanto el agua segura venga desde otro lugar. El problema aquí es que aún no se ven mecanismos institucionales que los obliguen a asumir compromisos colectivos de cumplimiento, algo que no implica necesariamente que deban ser incluidos formalmente en la compleja arquitectura del organismo de cuenca. En todo caso, se trata de generar estrategias que puedan enfrentar las barreras políticas que estos actores plantean. La experiencia comparada en organismos de gestión de cuen- cas ha mostrado que en diferentes países de América Latina y Central los problemas referidos a la falta de coordinación de los actores y al incumplimiento de la normativa ambiental son frecuentes. Diferentes estudios de caso (Dourojeanni, Jouravlev y Chávez, 2002; Faustino y Jiménez, 2005) señalan que es impor- tante considerar un esquema gradual para la conformación de los organismos de cuenca, lo que incluye tanto la sensibilización y la comunicación como la formación de alianzas. Se requiere además un proceso de consolidación operativa de cada uno de los actores gubernamentales que intervienen en la gestión del agua. Se debe equipar o reforzar los ríos de la cuenca y todos los sistemas hidráulicos construidos con una serie de estaciones de monitoreo del agua, información satelital y, en general, dotar a la entidad con el equipo suficiente para conocer las situaciones y proyectar acciones. Los sistemas de información son esenciales para la planificación de las infraestructuras, para la definición de las políticas urbanas y para el monitoreo constante en la gestión del riesgo de desastres. Se debe invertir mucho más en conocer cómo funcionan sus ecosistemas, en mantener una red de infor- mación ambiental y en reforzar los programas de investigación. Justicia social y justicia ambiental La conceptualización de los problemas ambientales como con- flictos en torno al acceso y disponibilidad de los recursos natu- rales enfatiza que la elección de las instituciones de gobierno es un problema de justicia social antes que de eficiencia (Martínez Alier, 2004; Fraser y Honneth, 2006). En esos términos, toda po- lítica ambiental es una política distributiva, porque sus institu- ciones, y regulaciones (tanto si las establece como si las omite) facilitan el acceso preferencial de algunos actores a los recursos naturales, al tiempo que limitan el de otros. Las inequidades metropolitanas en la cobertura de agua potable y saneamiento son un ejemplo de política ambiental regresiva. También lo es la distribución de la población y los peligros ambientales en el es- pacio, donde las deficiencias en el control de las actividades con- taminantes y la falta de una política de ordenamiento ambiental del territorio llevan a que los más pobres estén localizados en los sitios más peligrosos. Por esa razón los problemas de la cuenca Matanza-Riachuelo deben ser abordados en clave de justicia so- cial y ambiental. En estos años hemos hecho un seguimiento sistemático de las acciones de ACUMAR en materia de asistencia sanitaria a la población en riesgo y también en referencia a las diferentes so- luciones habitacionales que se han diseñado para la población viviendo en los bordes costeros, en el territorio que corresponde al trazado del camino de sirga. 2 Aquí es importante destacar que el plan sanitario de emergencia tuvo importantes avances entre 2010 y 2014, período durante el cual se realizaron acciones de diagnóstico, se puso en funcio-