Costas y Cuencas de la Región Metropolitana de Buenos Aires: estudios, planes y proyectos

LAS CUENCAS METROPOLITANAS CONVOCATORIA 2016 35 María Gabriela Merlinsky EL CONFLICTO DEL RIACHUELO. CUENCAS METROPOLITANAS Y JUSTICIA AMBIENTAL especuladores inmobiliarios, pobladores sin tierra). Si reconstrui- mos las múltiples líneas de articulaciones y tensiones entre esos actores, descubrimos que es toda esa trama compleja de valores e intereses en disputa lo que define una situación que podemos denominar como conflicto ambiental. El conflicto por la recomposición ambiental del Riachuelo hace visible una diáspora de conflictos territoriales que, en algunos casos, han estado presentes en los últimos cien años. Sin em- bargo, se han vuelto más visibles y públicamente manifiestos en los últimos quince, y esto habla de una construcción social del problema en la que son cada vez más los actores afectados que quieren hacer oír su voz. En los últimos años he conducido diferentes investigaciones 1 que analizan el proceso de construcción de las demandas sociales y la elaboración de políticas públicas en torno a la recomposición ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo. Siguiendo ese cami- no hemos reflexionado en torno a las posiciones y argumentos de los actores que forman parte de este conflicto ambiental, así como las diferentes acciones políticas que son parte del Plan Inte- gral de Saneamiento Ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo. Para ello, hemos querido superar aquella visión que presenta a la sociedad y al Estado como si fuesen dos mundos separados. Por el contrario, nos interesa observar tanto las movilizaciones socia- les como sus repercusiones políticas; es decir, de qué manera se producen marcos institucionales que no solamente condicionan el conflicto sino que son el ámbito donde se producen sus con- secuencias más inmediatas. En una metrópolis desigual como es Buenos Aires, las aguas negras del río representan tanto una pro- mesa incumplida del Estado, como una forma de naturalización de la inequidad social, lo que está en la base de la desigualdad ambiental (Merlinsky, 2013). Los desafíos de la gobernabilidad ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo. Ordenamiento ambiental del territorio, enfoque integral en la gestión del agua y control de la contaminación industrial. En la cuenca Matanza-Riachuelo, el uso predominante del curso de agua ha sido su aprovechamiento como colector de efluentes cloacales e industriales. Por lo tanto, el organismo a cargo de la gestión de la cuenca tiene que establecer reglas institucionales para desarrollar sistemas de gestión ambiental de control de la contaminación y para establecer acuerdos de gestión coordina- da con otros actores que tienen intervención en el territorio. A partir de la intervención de la Corte Suprema de Justicia se han hecho visibles de manera creciente numerosas tensiones y con- flictos abiertos por la ocupación del territorio metropolitano. Por un lado, actores poderosos, como son las industrias, se niegan a relocalizar sus actividades o a pagar multas por contaminar, des- conociendo el poder de policía que le ha sido legalmente conce- dido a la ACUMAR. Por el otro, diferentes actores locales, muchas veces aprovechando el vacío que dejan las políticas municipales, promueven usos del suelo que entran en contradicción con el saneamiento y la recuperación del espacio público. Finalmente, hay grupos del sector inmobiliario que especulan con las tierras vacantes sin respetar los usos legales establecidos por la zonifi- cación urbana. En lo que refiere al ordenamiento ambiental del territorio, los gobiernos municipales son actores estratégicos. Aquí se requieren complejas herramientas de política que implican la articulación de una planificación local y una visión a escala metropolitana. En tanto a los gobiernos locales de la Provincia de Buenos Aires, la Constitución no les concede plena autonomía, y esto genera una relación política subordinada respecto del gobierno nacional y el provincial. De acuerdo con el esquema institucional de la ACUMAR, los gobiernos locales forman parte de un consejo consultivo, pero no son llamados a discutir acuerdos de gobernabilidad. Sin embargo, dado que las órdenes de ejecución de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia se orientan a metas muy precisas de intervención, son precisamente los municipios el ámbito jurisdiccional clave para la aplicación de esas medidas. Como tales, se han transformado en actores muy importantes en un proceso que continúa abierto con el monitoreo judicial de la causa. En lo que refiere a la provisión de agua y saneamiento, es im- portante considerar que la empresa encargada de la misma,