Costas y Cuencas de la Región Metropolitana de Buenos Aires: estudios, planes y proyectos

34 CONVOCATORIA 2016 LAS CUENCAS METROPOLITANAS COSTAS Y CUENCAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS AIRES: ESTUDIOS, PLANES Y PROYECTOS cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), un organismo tripartito integrado por representantes del Gobierno Nacional, el Gobier- no de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Es importante destacar que ACUMAR tiene plenas competencias para intervenir en el territorio y, para ello, tiene que llevar adelante un Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo (PISA). El mismo fue monitoreado mediante audiencias públicas hasta que, en el año 2006, la Corte dictó sentencia por prevención y recomposición e impuso medidas de implementación. En estos once años la relación entre el poder ejecutivo y el judicial ha sido tensa pues la política para el Riachuelo ha estado someti- da a revisión en los tribunales. ACUMAR ha tenido grandes dificul- tades para consolidar su estructura institucional y para sostener un plan de mediano y largo plazo: una muestra de ello es que en los últimos diez años el organismo ha renovado sus autoridades prácticamente cada año y medio, al tiempo que ha modificado su estructura funcional en al menos quince oportunidades. Esto nos lleva a afirmar que es importante hacer una revisión de los desa- fíos político-institucionales que es necesario enfrentar cuando se trata de cuencas metropolitanas que se extienden en territorios de alta degradación ambiental. Especialmente, es necesario abor- dar un conjunto de problemas de gran envergadura, cuyo trata- miento requiere, entre otras acciones, sanear cuerpos de agua en estado anóxico, intervenir sobre industrias, fuentes puntuales y difusas de contaminación, preservar áreas ambientales de reserva y definir modos de prevención y recomposición del daño gene- rado sobre millones de personas. Se trata de un desafío político que requiere afrontar problemas multidimensionales, donde es la crisis de organización social la que está en la base de la crisis ambiental. La definición de estos asuntos, si bien guarda relación con la constitución física del ambiente, se desarrolla fundamen- talmente mediante un proceso de valoración social mediante el cual diferentes actores han podido definir y considerar cómo es que los flujos del agua son manipulados por determinadas geo- grafías del poder (Swyngedouw, 2004). En este artículo quisiera ocuparme de dos asuntos que son im- portantes para entender la significación política de este conflic- to: por un lado la cuestión referida a los desafíos para la gober- nabilidad ambiental de la cuenca; por el otro, me interesa seguir el alcance de las medidas en términos distributivos y en relación con un enfoque de derechos. Mi propuesta es reflexionar sobre los diferentes obstáculos políticos que se presentan para llevar adelante una política de recomposición ambiental del Riachuelo y también abrir interrogantes sobre los criterios de justicia que orientan las acciones, en términos de los actores e intereses que son tomados en cuenta. El conflicto del Riachuelo La degradación ambiental del Riachuelo es el resultado de un modelo de desarrollo que implica la mercantilización de los recursos naturales y que se apoya en un imaginario social que considera que es posible la extracción ilimitada de los mismos. Se trata de un modelo de expansión productiva que supone una forma de organización social que implica un acceso desigual a los recursos del ambiente. En la cuenca Matanza-Riachuelo, las tensiones ambientales están estrechamente vinculadas al rol que históricamente han jugado los actores económicos a partir de su poder discrecional para usar los recursos del ambiente como medios de producción y como colectores de efluentes peligrosos. Su capacidad para imponer a otros actores los costos ambientales de sus prácticas económicas (lo que en lenguaje económico se llama externaliza- ción de costos ambientales) y la falta de regulación estatal es lo que explica el alto nivel de degradación ambiental de la cuenca, donde los principales afectados son los habitantes que viven en asentamientos populares, que no tienen acceso al agua segura. Si prestamos atención a las disputas que se manifiestan en el espacio público, podemos reconocer una serie de conflictos entre actores económicos (diferentes usos productivos, actores inmobiliarios), entre actores políticos (el Gobierno Nacional, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciu- dad Autónoma de Buenos Aires, y los gobiernos locales), actores económicos y empresas de servicios públicos (AySA, la empresa de agua y saneamiento, o el CEAMSE, la empresa de gestión de los residuos sólidos urbanos) y conflictos entre diferentes usos del suelo urbano (disputas entre propietarios del suelo urbano,