Recientemente, el Observatorio Metropolitano publicó y presentó una actualización del Mapa de Subastas de Tierras Públicas en la Ciudad de Buenos Aires. Alrededor de este enorme trabajo de registro, monitoreo y análisis, se vienen generando una serie de reflexiones que, desde la perspectiva del derecho a la ciudad y el acceso al hábitat, problematizan lo actuado por el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad en relación a esta cuestión y promueven discusiones respecto a las mejores prácticas para la movilización del suelo público vacante.

Es interesante revisar la reciente política de subastas en relación a experiencias anteriores.

“Las tierras públicas, sean nacionales o de la ciudad, son un activo escaso y estratégico que, con intervención del Estado local, son un elemento para regular el valor del suelo en las ciudades. Con su venta se pierde una de las principales herramientas para orientar el desarrollo urbano y las oportunidades de construcción de viviendas que colaboren a reducir el déficit habitacional o la creación de nuevos espacios verdes y públicos de calidad”

“El principal argumento para la venta de tierra fiscal es el de desprenderse de terrenos del Estado Nacional que se encuentran "subutilizados" en zonas privilegiadas de la ciudad para poder financiar la operatoria urbanística del Paseo del Bajo, entre otros proyectos. Es decir, se subasta tierra pública a precio corriente (sin la totalidad de la valorización conferida por los factores mencionados) para financiar la propia obra pública que aumenta la renta del suelo apropiada enteramente por el sector privado.”​

“Las políticas de tierras de otras grandes ciudades incluyen ocasionalmente ventas de bienes (con procesos que en general dejan otras aperturas programáticas y proporciones de vivienda social, espacio público o equipamiento comunitario, además de reinversión en ferrocarriles cuando se trata de tierras que le pertenecen), pero también de adquisición como reserva estratégica para las intervenciones urbanas.”​

“En el caso del sistema ferroviario, la desafectación de tierra en áreas centrales de las ciudades debería ser objeto de un proceso de análisis público que contemple o descarte según el caso la posibilidad de futuros proyectos de transporte. Experiencias recientes como el caso de los accesos a los puertos de Rosario y Bahía Blanca, demuestran que lo que hoy en día aparentemente no tiene uso, en 25 o 30 años puede tornarse central en una política de desarrollo de transporte que beneficie a la producción al tiempo que mejore la calidad de vía de los habitantes.”​