El proyecto inmobiliario consiste en la ampliación del barrio privado Puerto Escondido, y afectaría el acceso de familias isleñas y ribereñas al Arroyo Guazú Nambí y al Río Luján. Denuncian tala de árboles, destrucción de un muelle público y usurpación de bienes de uso común. La Izquierda Diario
El predio conocido como ex-SOEVA, ubicado a orillas del Río Luján frente a la desembocadura del Arroyo Guazú Nambí, concentra en sus 24 mil metros cuadrados un relicto de humedal continental, un bosque nativo y las últimas vías de acceso público a la costa en esa zona de Tigre. Durante décadas fue un espacio verde de uso recreativo y social para la comunidad, además de cumplir un rol ambiental clave en la regulación hídrica.
Sin embargo, vecinos y organizaciones socioambientales denuncian que la mayor de las urbanizaciones cerradas, Nordelta, busca avanzar allí con la ampliación de Puerto Escondido, uno de sus barrios privados construidos sobre humedales de la cuenca del Río Luján. El emprendimiento incluye lotes sobre la ribera, calles públicas y un puente que constituye el único acceso al Barrio Parque Guazú Nambí y el paso de vinculación entre las islas del Delta y el continente.
Avance privado sobre tierras públicas
El proyecto se sostiene en adjudicaciones irregulares y usurpaciones en beneficio de los empresarios Adrián Gustavo Sucari, Martín Horacio Sucari y Marcelo Roberto Sielecki, quienes ya realizaron tala masiva de árboles, la destrucción de un muelle de uso público, el alambrado del camino de sirga —espacio de libre circulación garantizado por ley— y la apertura de un canal que desembocaba en el Arroyo Guazú Nambí, violando una medida cautelar dictada por la Justicia.
Si bien el Juzgado Federal en lo Correccional y Criminal N°1 de San Isidro se declaró incompetente y giró la causa a la justicia provincial, el Juzgado de Garantías N°2 de Tigre ratificó la cautelar que mantiene paralizadas las obras.
Derechos en riesgo
Vecinos del Barrio Parque Guazú Nambí y familias isleñas advierten que el avance privado sobre el ex-SOEVA afectará gravemente su vida cotidiana. El proyecto impediría a los pobladores isleños utilizar el Arroyo Guazú Nambí, su única vía de amarre y desembarque en el continente, clave para abastecerse de agua y alimentos, trasladarse a sus trabajos, enviar a los niños a la escuela o acceder al sistema de salud.
Además, la privatización de las calles Dellepiane y Sucre dejaría sin acceso al barrio a los habitantes ribereños, profundizando el aislamiento y la vulnerabilidad. La elevación artificial de terrenos por parte de los barrios privados sobre las tierras bajas del humedal también genera riesgo de inundaciones, daños a las viviendas y problemas de salud derivados de la humedad constante.
Un modelo de urbanización excluyente
El caso del ex-SOEVA se inscribe en un proceso histórico: desde 1977, con el decreto-ley 8912 de la dictadura cívico-militar, se impulsó un modelo de urbanización privada sobre humedales y riberas. En Tigre, el primer antecedente fue el Club Náutico Boat Center; hoy, más de 100 urbanizaciones cerradas cubren el 60% del área continental del municipio y bloquean más de 22.500 metros de ribera del Río Luján.
Lejos de revertir este esquema, los gobiernos democráticos lo profundizaron, con consecuencias de fragmentación territorial, gentrificación social y destrucción ambiental, que afectan sobre todo a los sectores populares frente a catástrofes climáticas e inundaciones.
“Defendemos lo que queda”
Para las comunidades ribereñas e isleñas, la defensa del ex-SOEVA y del Arroyo Guazú Nambí es una lucha por sus derechos humanos básicos y por el ambiente. Las organizaciones exigen que el Estado cumpla con su obligación de proteger los bienes públicos, garantizar el derecho a un ambiente sano y priorizar a los sectores vulnerables, en lugar de favorecer los intereses de los desarrolladores inmobiliarios.
Para ello se vienen organizando, realizando actividades de visibilización y difundiendo la situación.
Foto: ANRed