Tiempo Argentino
La Coordinadora contra los Desalojos y por la Vivienda denuncia que, tras los desahucios, el gobierno de la Ciudad vende las propiedades a precio vil en beneficio de IRSA y otras firmas.
Por: Santiago Nuñez
“Lo que viene pasando en la ciudad es una clara política gubernamental de realizar desalojos a sectores vulnerables. Ahí sobrevuela la idea de ‘merecer vivir en la ciudad’, algo que en su momento introdujo (Osvaldo) Cacciatore en la época de la dictadura», le dice a Tiempo María de la Paz Toscani, investigadora del Conicet, que se dedica a los temas de desalojos, y agrega: “Estamos viendo cómo año a año los hogares se endeudan cada vez más para pagar el alquiler. Las encuestas dan que más del 50% de los ingresos se dedica a eso”.
Toscani trabaja codo a codo con organizaciones sociales como la Coordinadora Contra los Desalojos y por la Vivienda. Esta agrupación denuncia que los desalojos en la ciudad tienen una finalidad: la venta de inmuebles a remate. Según sus números, hay 254 juicios de desalojo por parte del gobierno, 150 en el fuero civil y 104 en el contencioso administrativo. Además, desde 2025 entraron a subasta 320 soluciones habitacionales que podrían atender las necesidades inmediatas de por lo menos 1000 personas y, en los últimos cinco años, el gobierno tomó posesión de 415 inmuebles, 240 de los cuales ya fueron subastados. Hoy hay 281 inmuebles “ociosos” esperando ser rematados.
“Comprobamos en los hechos que se desaloja para rematar”, asegura Gigi Krein, diseñadora y militante de la Coordinadora. “Macri logró hábilmente desarrollar desalojos inmediatos sin mediación judicial. Lo hacen por riesgo de derrumbe, por ejemplo. Nunca se dejó ingresar a los arquitectos que iban como peritos de parte de los vecinos. Hay gente que se enteró un día que a la noche no dormía en su casa. Y eran familias tomadas como desalojadas, no evacuadas”.
Toscani refuerza este último punto: “Los desalojos pueden ser por distintas vías. Hay desalojos civiles cuando el motivo es por falta de pago y desalojos penales cuando el motivo es por usurpación. También están los desalojos administrativos, que esos los impulsa y ejecuta el gobierno de la ciudad. Generalmente estos desalojos tienen un escaso protagonismo. Lo que viene sucediendo desde esta gestión es que ahora son moneda corriente. Entonces, esta medida por riesgo de derrumbe la está realizando la Guardia Civil. Viene con una velocidad de un desalojo cada 30 horas. La política del Estado es esta idea de recuperar inmuebles y eliminar a los ocupas”. Completa Krein: “Son las operaciones que llevaba adelante Walter Gomez Dis, jefe de la guardia de auxilio, vicedecano de FADU”, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.
Gigi cuenta un caso testigo: “Nos llegó en su momento una chica sin laburo con su hija de tres años que no tenía dónde ir, ni sabía que tenía juicio: se enteró cuando un oficial de policía fue a decirle que la dejaban en la calle en una semana. El inmueble es del gobierno. En la página de remate del Banco Ciudad aparece un departamento de ese edificio”.
Tan burdo es el mecanismo que en julio de este año aparecieron fallos judiciales que lo dejaron al desnudo. La magistrada María Elena Liberatori declaró a una intervención en la calle Carlos Calvo 550 como una “vía de hecho”, denunció el Observatorio de Derecho en la Ciudad.
Hay juicios por desalojo en edificios que son estatales: “¿Por qué el gobierno querría echar a alguien si ya le garantiza el derecho a la vivienda? —se pregunta Krein—. A lo sumo se puede charlar si hay que comprarlo con un canon, pagar un alquiler u otorgar un pedido de uso en comodato. Esa debería ser la discusión, no si se va o se queda la persona”.
Negociados
Esta política es un negocio para pocos. “Rematan a precio vil. Esa es la denuncia que hacemos. Pensá que en el mercado un monoambiente está a 60 mil dólares, más o menos. En ese caso, a veces se compran seis monoambientes a menos de ese precio, o algunos más. Eso lo capta IRSA. Y hay capitales más chicos invirtiendo en todo esto”, denuncia Krein. Según un pedido de información de la Coordinadora, el gobierno recaudó apenas $ 469.627.716 en bienes rematados en el último año (poco más de 313 mil dólares). Como si fuera poco, solo $ 135.999.337 fueron asignados a alguna partida: no se sabe dónde están los $ 333.628.379 restantes.
Estas organizaciones sociales tienen propuestas al respecto. Krein plantea una modificación de la Ley 6247 de Disposición de Inmuebles: “Cuando el gobierno se quiere sacar de encima un inmueble o un terreno que le es propio, primero necesita una ley en la Legislatura. Esas leyes siempre se votan entre gallos y medianoche. Esas tierras o esos inmuebles que quedan liberados, hay formas de gestionarlo a través del Estado. No es solo la subasta pública el destino cierto que tienen esas viviendas. Nosotros proponemos que se haga una disposición directa de los inmuebles y de las tierras del Estado al Instituto de Vivienda de la Ciudad, para poder no solo gestionar soluciones habitacionales para el sector popular, sino también la posibilidad de tener tierra”. También plantea que los recursos de las herencias vacantes pueden ir a la urbanización de las villas y el financiamiento de soluciones habitacionales para sectores que lo necesitan.
Toscani agrega: «Es necesario también que el Estado genere un stock público de viviendas que permita limitar la especulación del mercado. Necesitamos imitar a algunos países europeos donde hay una oferta estatal o pública de viviendas que permite generar oferta más barata para población de menores ingresos o de ingresos medios”.
Krein sugiere que estos recursos son de los trabajadores de la ciudad. “Si son del Estado, son del pueblo”. Por ende, es fácil llegar a la siguiente conclusión. “No deberían caer en las garras del mercado inmobiliario. No debería priorizarse el mercado frente a las necesidades”.