Boletín marzo OM | CPAU
La agenda urbano-territorial de Argentina, en este marzo 2025, es tan heterogénea como singular. Son muy variados e inquietantes los ítems que suscitan la necesidad de volver a pensar, colectivamente, el presente y el futuro. Y, aunque los objetivos y los instrumentos del planeamiento son hoy objeto de interrogantes, la diversidad de temas y la profusión comunicativa, nos obligan a recuperar la iniciativa. De algún modo, el futuro también resulta de los temas de hoy.
En primer lugar, ¿réquiem para los programas de hábitat y vivienda?
En un país con pobreza creciente, con personas que no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas de trabajo, salud y educación y sin posibilidad de acceso al mercado inmobiliario “formal” ¿cómo resolver el acceso a la tierra y a la vivienda? En el inicio del siglo XX, la vivienda social, subvencionada por el estado, o los municipios, o en relación con formas cooperativas, se instalaba como un ítem de las agendas de los gobiernos nacionales y municipales. En los años de la segunda posguerra fueron un relevante objeto de las políticas re-distributivas de los estados de bienestar. A fines del siglo XX, con menos programas públicos, se intentó diversificar las iniciativas según los destinatarios. ¿Y ahora qué?
En Argentina, aunque persisten organismos y programas en provincias y municipios, el Decreto n° 70 publicado en febrero 2025 por el Poder Ejecutivo Nacional, elimina la Secretaría de Hábitat y Vivienda, con despidos y el pase a disponibilidad de los equipos técnicos, hechos que dan cuenta de una decisión estructural a nivel nacional que, al mismo tiempo, deja a la deriva, y sin financiamiento, a un amplia gama de programas e institutos provinciales. Meses antes, se había desjerarquizado al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, convertido en Secretaría, ya en diciembre de 2023. En ese contexto, se desintegraron el Procrear (Decreto n° 1018/24) y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social (Decreto n° 6/25), mientras el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) se reducía a su mínima expresión, por nombrar algunas de las líneas de acción afectadas.
Como consecuencia, la clausura de la Secretaría también retira el respaldo a programas y obras de provincias y municipios. No es de soslayar que en febrero 2025, había 992 proyectos en ejecución -de entre 100 y 300 casas cada uno-, con diferentes niveles de avance. Se habrían invertido, ya, más de US$3000 millones para la construcción de alrededor de 100.000 viviendas. Según se informa, las provincias podrán optar por adquirir los desarrollos en curso y finalizarlos con recursos propios, situación a todas luces, inviable para el presupuesto de muchos de los Gobiernos locales. Según los argumentos oficiales: “la Secretaría había sido un espacio de mal uso de fondos y corrupción”, con programas que “fomentaban el clientelismo político y la ineficiencia”. Seguramente, había muchas cosas para mejorar, ajustar, reformular en todas las escalas de reparticiones y programas, pero la eliminación in toto de un área en el organigrama del gobierno, implica desconocer una problemática, a todas luces, de carácter estructural.
Aparentemente, la politica se funda en una constatacion: “El Gobierno Nacional está cambiando el modelo de la corrupción de sueños compartidos por el modelo del crédito privado y la libertad” (ver: https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-gobierno-nacional-disolvio-la-secretaria-de-vivienda-de-la-.... Ahora bien, qué créditos y qué libertades se vinculan con una vivienda social, que, como demostró la historia, es una “mercancía imposible”? Iván Kerr, ex secretario de Vivienda durante el gobierno de Mauricio Macri, ilumina esos desajustes: “La política habitacional no puede depender exclusivamente del crédito bancario. Es necesario un esquema híbrido que combine herramientas de financiamiento público y privado, que garantice acceso progresivo a soluciones habitacionales según la capacidad de pago de cada sector.”
De algún modo, la eliminación de la Secretaría de Vivienda, sin una estrategia o una serie de programas que puedan retomar sus objetivos, parecer ser una renuncia explícita a enfrentar un problema estructural, que habrá que considerar de todos modos.
En segundo lugar, ¿se suspenden también las obras de infraestructura y la provisión de los servicios públicos? ¿para siempre?
Las rutas, la energía, el agua, son insumos para la producción y para la reproducción de la vida. A principios de siglo se “nacionalizan” y “municipalizan” los servicios públicos, entendidos casi, en su estatuto de necesidades básicas de la población. A mediados del siglo XX, su acceso se universaliza como reaseguro de urbanidad. A fines del siglo XX, en Argentina, a la sombra del acuerdo de Washington, se privatizan los servicios, y entrado al siglo XXI vuelven a ser nacionalizados. Esos controvertidos procesos, tienen por detrás también el rol de la “obras públicas” como fuente de empleo, como estrategia para enfrentar ciclos de crisis. Las empresas y los servicios públicos, es cierto, adolecen, en ocasiones, de problemas de eficacia y eficiencia en su gestión, ahora bien ¿se suprimen o, en una dinámica de reordenamiento, se reorganizan o se optimizan sus alcances en vistas de potenciar sus modos de operar?
En cierto modo, esa estrategia, que se aplica también a los organismos interinstitucionales como los comités de cuencas que tanto costó instalar, implica ignorar los problemas sin resolverlos. El cierre de ACUMAR es ilustrativo. Se trata de un ente autárquico creado en diciembre de 2006 como respuesta a una denuncia colectiva de un grupo de vecinos de Villa Inflamable en Dock Sud por los altos niveles de contaminación. Fabio Márquez, precisó que el desguace pone en peligro el “control a las empresas, a los vuelcos, al desarrollo de la calidad del agua, la limpieza y el reverdecer de los márgenes”, en relación con diagnósticos científicos y con la formulacion e implementacion de politicas ambientales y sociales metropolitanas. Los problemas ambientales, los efectos del cambio climático -como lo muestran los dramáticos y cíclicos eventos catastróficos- aunque se los ignoren, suceden. Las inundaciones de Bahía Blanca, los incendios estivales en el sur, el decrecimiento de los glaciares, advierten sobre la relevancia de espacios institucionales para la planificación, la prevención y la actuación con articulación jurisdiccional.
Desde esa perspectiva, si bien pueden plantearse interrogantes acerca del “cómo hacer las cosas”, conocer, prevenir, planificar el territorio se presenta como una tarea ineludible en momentos de crisis. Es en esa instancia, cuando es preciso proteger las estructuras territoriales y sociales sobre los efectos de los devastadores procesos que promueven crecientes desigualdades territoriales y sociales. Junto con las urgencias inmediatas, es preciso pensar en el devenir.
En tercer lugar, ¿qué agenda para Buenos Aires?
En la esfera de Buenos Aires-ciudad, en este año electoral, se presentan varios ítems de una agenda, un tanto heterogénea.
Entre otros anuncios, en febrero 2025 se presenta un plan de transporte, que considera la renovación de subtes y premetros, los circuitos de los colectivos, la transición energética y el ordenamiento del tránsito. Se dan a conocer varias iniciativas: la propuesta de la línea F del Subterráneo porteño, la inclusión de autobuses eléctricos y la uniformidad cromática de los colectivos porteños. En esa línea, se presentan también los gráficos de un ambicioso anillo vial que comunica el Aeroparque y la Costanera norte con la ciudad existente. En principio, saludamos con alegría la existencia de programas que contemplan acciones de diversos tipos en el corto, mediano y largo plazo. No obstante, y como siempre, estos programas suscitan interrogantes, y esta bien que así sea, pues las innovaciones se deben fundar sobre un zócalo de consensos que aseguran su sustentabilidad. En ese punto, ¿qué rol le cabe a la línea F dentro de la red de subterráneos ya proyectada? ¿sobre qué proyecciones de densidad, crecimiento u otros factores se funda su priorización? ¿Están contempladas las condiciones para su factibilidad? Cabe preguntarse también acerca de las modalidades, según las cuales, el anillo vial propuesto se inscribe dentro del listado de temas prioritarios y de los estructurales que se propone resolver la ciudad.
Más allá de las controversias, contar con programas precisos, de mediano y largo plazo, es importante, pero no es de soslayar las articulaciones que establecen con el resto de los planes y programas sectoriales. En efecto, resta conocer cómo se articulan esas propuestas de movilidad con la ciudad que resulta del recientemente actualizado CUR, aprobado en diciembre de 2024. Sin entrar en el detalle del CUR, debatido en mil foros: ¿cuál es la ciudad que propone el CUR, que de algún modo se va ir materializando con los nuevos edificios? ¿Qué sucederá con los sectores a crecer, con los cambios de uso, con la densificación impulsada sobre las avenidas?
Como corolario de estas preocupaciones, y con el interés desde el CPAU de contribuir con materiales sistematizados a los debates de este año electoral, la Comisión de Urbanismo, junto con los programas de Encomiendas, del Bien Común, Moderna Buenos Aires y de nuestro Observatorio Metropolitano, se proponen construir un panorama de lo que se sabe y de lo que falta saber. A nivel de instrumentos existentes, se trata de restituir la ciudad que resulta del CUR. ¿Cómo identificar la ciudad futura que resulta de la aplicación del articulado de una normativa que, en sí misma encierra una amplia gama de ambigüedades? ¿Qué mapas anticipan el Buenos Aires del devenir? ¿Qué características tiene la Buenos Aires de 2025?. La ciudad del CUR, es un insumo insoslayable para pensar el presente y el futuro de la ciudad.
Ya dijimos otras veces que no imaginamos un plan oldfashion, con un libro de diagnóstico y propuestas a todos color… En esta instancia, se trata de una propuesta casi en blanco y negro, para contribuir en este contexto convulsionado, a conocer lo que hay, a proteger el “chasis” -lo bueno que tiene la ciudad, su gente, los recursos institucionales-, y al mismo tiempo, ir trazando lineamientos, aunque sean provisorios e inciertos, de escenarios de futuro. Desde ahí, tal vez se pueda conversar con la amplia gama de actores que desde diferentes espacios se interesan en el devenir de Buenos Aires, y, en particular con quienes participan de las áreas de Gestión Urbana y con el Consejo del Plan Urbano Ambiental, como espacios destinados a pensar el planeamiento.
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NOTICIAS
11/febrero/2025
LA NACION - Por Candela Contreras
Los motivos detrás del cierre de la Secretaría de Vivienda y qué pasará con los proyectos en marcha
La medida fue publicada en el Boletín Oficial y responde a una reestructuración del Ministerio de Economía; un equipo transitorio se encargará de terminar de decidir sobre los programas disueltos o en proceso de disolución, incluyendo el Procrear, que se cerró a fines de 2024.
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12/febrero/2025
La Nación
Iván Kerr: “El cierre de la Secretaría de Vivienda de la Nación es el fin de la política habitacional en el país”
Eliminar la Secretaría de Vivienda por parte del Gobierno es la crónica de una muerte anunciada, según Iván Kerr, ex secretario de Vivienda del gobierno de Mauricio Macri.
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6/marzo/2025
Infobae
Ciudad: nuevo aumento de la cantidad de personas que viven “en situación de calle”
Más de 4.000 personas están en la indigencia extrema, incluyendo niños y ancianos
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10/marzo/2025
Sur capitalino
El Gobierno de Milei desguazó la ACUMAR
El Gobierno despidió a más de 300 trabajadores de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), este desguace del organismo se traduce en el abandono del plan de saneamiento que mejoró la calidad de vida de más de 5 millones de personas que habitan la cuenca y volvió navegable las aguas del Riachuelo.
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8/marzo/2025
Tiempo Argentino - Por Antolín Magallanes
El fin del Riachuelo
Después de que la Corte cerrara su participación en la mayor causa ambiental de la historia argentina, el gobierno avanzó con el despido de la mitad del personal de ACUMAR.
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11 de febrero de 2025
Página 12
El Gobierno celebró el cierre de la Secretaría de Hábitat y Vivienda
Mediante un decreto el gobierno puso manos de provincias y municipios desfinanciados la iniciativa de construir inmuebles y obras de urbanización. Para Sturzenegger la solución al problema habitacional “no es construir viviendas en lugares disfuncionales” y se jactó de que el cierre de la secretaría permitirá “importantes ahorros en personal”. El organismo que el ministro desvaloriza permitió en dos décadas que más de 100 mil familias accedieran a una vivienda.