Para dinamizar la economía, el gobierno de Milei alienta la disputa entre municipios. Pero las desventajas urbanísticas pueden contrarrestar sus beneficios. Cenital
El título de Clarín era contundente: “Tras cerrar oficinas en Córdoba, Mercado Libre invertirá US$ 65 millones en un municipio libertario”. El artículo explicaba que la plataforma de e-commerce de Marcos Galperín había decidido instalar su tercer centro logístico en Tres de Febrero, en el oeste del Gran Buenos Aires, atraído por sus bajos impuestos y por una ordenanza que sanciona a aquellos gremios o trabajadores que impidan el acceso a un establecimiento comercial.
La noticia, en apariencia de corte económico, tiene mucho que ver con la gestión de las ciudades y el impacto que generan las decisiones fiscales de los gobiernos locales. Y es que, como explicó Francisco Aldaya en Bloomberg Línea, la movida no sólo forma parte de la cruzada del gobierno de Javier Milei por generar competencia fiscal entre municipios sino que además pone en evidencia cómo las políticas impositivas locales “comienzan a incidir en el destino de las grandes inversiones privadas”.
Mercado Libre asegura que este nuevo centro de 58 mil metros cuadrados generará 400 empleos y que eligió como sede al municipio de Tres de Febrero por su menor presión tributaria. El distrito que conduce Diego Valenzuela –un ex PRO que hace poco se pasó al oficialismo de La Libertad Avanza– viene de promulgar una ordenanza “anti-bloqueo” y un régimen de promoción industrial que congela por 30 años la tasa de inspección de seguridad e higiene. “Bajamos los impuestos para que pasen cosas como estas. Mercado Libre nos eligió para invertir, es una muestra de que nuestra política fiscal funciona, atrae inversiones y genera empleo”, dijo Valenzuela.
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Casi en paralelo, la empresa cerró sus oficinas en Córdoba como castigo tras considerar que las tasas municipales de la segunda ciudad más grande del país eran “totalmente desproporcionadas”.
“Un papel lamentable”
Este tipo de conflictos se enmarca dentro del fenómeno de la competencia territorial, que las investigadoras Cristina Ibarra-Armenta y Alejandra Trejo-Nieto definieron como “el proceso mediante el cual los territorios, a través de distintos actores públicos y privados, establecen una variedad de estrategias y acciones intentando promoverse en los mercados locales y externos”.
Un ejemplo de esta hipercompetencia entre ciudades por captación de inversiones fue el caso de la segunda sede corporativa en Norteamérica de la empresa Amazon. En 2017, la compañía anunció la creación de unos nuevos headquarters, bautizados como HQ2, y animó a las ciudades a que se candidatearan para recibir sus oficinas. Podían postularse áreas metropolitanas con más de un millón de habitantes capaces de “atraer y retener talentos técnicos”, con un “clima de negocios estable y business-friendly”.
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Pero claro: camuflada entre diferentes “preferencias clave”, Amazon alentaba a las ciudades a que ofrecieran “incentivos disponibles para este proyecto”, entre los que se destacaban “créditos o exenciones impositivas, subsidios para relocalización y capacitación laboral, y reducciones en tasas”.
Los meses que siguieron pueden describirse como un race to the bottom o carrera hasta el fondo, con 238 ciudades de los Estados Unidos compitiendo por inversiones y puestos de trabajo a cambio de millonarias exenciones impositivas. La revista Wired los llamó “los juegos del hambre de Jeff Bezos”.
Incentivos contraproducentes
En respuesta, un grupo de economistas y urbanistas encabezado por el profesor Richard Florida firmó una petición dirigida a las autoridades de las veinte ciudades finalistas y a Amazon, alertando sobre el hecho de que “las exenciones impositivas y los incentivos ofrecidos por gobiernos locales son frecuentemente contraproducentes”.
Para los firmantes, estos incentivos “no alteran las decisiones sobre la localización de las empresas y son menos importantes que otros factores. Peor aún, estos incentivos y exenciones desvían fondos que podrían ser volcados a servicios públicos tales como escuelas, programas de vivienda, capacitaciones laborales y transporte, una manera más efectiva de estimular el desarrollo económico”.
La posición del profesor Florida es bien clara: “Amazon hizo todo bien; los que jugaron un papel lamentable fueron los alcaldes, los gobernadores y empresarios locales que se pusieron de rodillas y le dieron a Amazon muchísima cantidad de datos e información valiosísima”.
Money for nothing
De acuerdo con el think-tank Brookings Metro, las ciudades norteamericanas gastan entre 45 mil y 90 mil millones de dólares al año en exenciones fiscales con el objetivo de atraer inversiones corporativas (algo que pasa mucho en la industria del audiovisual, como los subsidios que el estado de Maryland le ofreció a Netflix para filmar House of Cards). En muchos casos, las inversiones esperadas no se materializan pero en el camino terminan beneficiando a grandes empresas que de todas formas ya estaban invirtiendo o pensaban invertir allí.
De hecho, la guerra entre ciudades por el HQ2 la terminaron “ganando” Long Island (en el estado de Nueva York) y Arlington County, en Virginia del Norte y cerca de Washington D.C. La decisión no sorprendió a nadie: Amazon Web Services (AWS) tenía un contrato multimillonario con el Departamento de Defensa, también en Virginia, y Jeff Bezos ya había mostrado un interés particular en la capital norteamericana, lugar en el que adquirió un museo (que convirtió en una lujosa propiedad personal) y el influyente Washington Post. Long Island, cerca de Manhattan, también era una decisión obvia, aunque Amazon enfrentó una fuerte oposición política y local y terminó abandonando sus intentos por instalarse. De esta manera, en 2023 abrió la fase 1 de su famoso HQ2 solo en Arlington County.
Esta batalla por quién baja más impuestos beneficia a los municipios con más espalda (o calidad urbana previa). Según la American Economic Association, las empresas tienden a aceptar acuerdos de subvenciones de lugares “más ricos, más grandes y más urbanos que el condado promedio”, mientras que los lugares más pobres se ven obligados a ofrecer mayores incentivos y terminan gastando más por cada puesto de trabajo creado. Y a veces, para nada: los beneficios fiscales sólo juegan un rol determinante en la decisión de localización de las empresas el 25% de las veces.
Sobre impuestos municipales
La comparación entre Estados Unidos y Argentina no es del todo exacta y requiere una aclaración. En los municipios argentinos, sobre todo en los últimos años, la presión fiscal fue en aumento y –en algunos casos– sin relación directa con el objeto del tributo.
Un caso testigo es, justamente, la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (TISH), una imposición que los gobiernos locales cobran en concepto de control de la seguridad, salubridad e higiene en locales y establecimientos comerciales e industriales.
Según un informe de la Universidad Nacional de La Plata, la TISH es, junto con la tasa por Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) y la tasa por Conservación y Mantenimiento de la Red Vial, uno de los tres gravámenes más importantes a nivel municipal. Según el documento, 109 de los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires cobran esta tasa todos los meses, con una alícuota promedio del 0,71% y un máximo de 5%.
“Al tomar como base imponible el valor de las ventas se podría clasificar a la TISH como un tributo general a los consumos (dado que resulta trasladable a los precios), con el agravante de operar (al igual que ingresos brutos) en cascada al ser de etapa múltiple y acumulativo, es decir que recae aún con mayor peso sobre los consumidores”, explicaron en 2015 la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación y la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS).
La recaudación municipal
La película de los últimos años muestra que los municipios bonaerenses están recaudando una proporción cada vez mayor de sus ingresos por la TISH y menor, por la de servicios generales o ABL. Para la UNGS, esto deriva en un fenómeno negativo para las finanzas públicas, ya que “lo que suele cobrarse a los hogares no es poco habitual que resulte insuficiente para solventar los servicios de alumbrado, barrido y limpieza (…), y lo que se extrae de la actividad económica en concepto de tasa por inspección de seguridad e higiene es regla que exceda largamente el gasto municipal por tal servicio”.
Los impuestos no son simplemente altos o bajos: son mejores o peores según de dónde se recauda, si son progresivos o regresivos, y qué tan fieles son al objetivo que dicen perseguir.
Retomando la idea del principio, es probable que en algunos municipios las tasas estén en niveles poco sostenibles o que –en una movida típicamente argentina– los gobiernos estén buscando cobrar impuestos entre los sectores más fáciles de fiscalizar, aún cuando termina generando efectos distorsivos o regresivos. Pero la respuesta a este fenómeno no puede ser una carrera hasta el fondo.
Los gobiernos locales deben diferenciar entre políticas de suma positiva (ayuda técnica a nuevas empresas, asesorías, infraestructura especializada) y otras de suma cero (simple promoción, atracción de inversiones de corto plazo, subsidios a la inversión, subsidios a la localización).
Revisados y ajustados
En Brasil, donde Mercado Libre invierte mucho más que en Argentina, los regímenes fiscales están siendo revisados y ajustados. El 1º de enero de 2024, el gobierno de Lula reformó el cálculo de los beneficios fiscales locales de la base imponible. Hasta entonces, si una empresa como Mercado Libre recibía una rebaja de impuestos locales –como en Minas Gerais– podía excluir ese beneficio de su base imponible (por ejemplo, si reportaba ganancias por 1.000 dólares pero con 100 de incentivos fiscales, pagaba impuestos como si solo hubiera ganado 900).
Ahora esos beneficios no podrán ser descontados. Otra: semanas atrás, el ministro de Hacienda brasileño, Fernando Haddad, anunció exenciones fiscales cuidadosamente dirigidas a inversiones en data centers ecológicos que reserven una parte de su capacidad para uso nacional. Pero se aclaró que las inversiones no informáticas relacionadas, como la construcción de edificios, no estarán exentas.
Activos específicos
Carlos de Mattos, figura fundamental en el estudio de las ciudades y los territorios en América Latina, decía que para evitar que este tipo de estrategias resulten en un juego de suma cero, hay que tener en cuenta que los factores que tienen mayor incidencia en la competitividad de una ciudad “son sus activos específicos, esto es, aquellos que aparecen como resultado de lo logrado a lo largo de la historia productiva del lugar y que indican su capacidad para desarrollar las tecnologías de manera específica”.
Por el contrario, “es menos importante la contribución de los activos genéricos del lugar, es decir aquellos que existen independientemente de los procesos productivos en los que son empleados (tales como materias primas, trabajo, capital, etc.)”.Dicho en sencillo: un nivel impositivo justo, cobrado sobre una base progresiva, que ayude a financiar mejor infraestructura, más seguridad y hasta una vida social y cultural más vibrante es mucho más atractivo para las empresas y talentos que una rebaja gigante de impuestos en un municipio desfinanciado. Si algún intendente está leyendo, le pido que imprima y guarde este párrafo