La paralización de obras por el cierre operativo de la subsecretaría a cargo afecta a más de cinco millones de habitantes de barrios populares. Página|12
Por Juan Garriga
23 de febrero de 2026
“Las personas que viven en las villas son como nosotros y tienen la misma dignidad que nosotros”, afirmó Gustavo Carrara al cuestionar el freno a la política de integración socio urbana y el desmantelamiento de la estructura estatal que la ejecuta. La frase, pronunciada durante una conferencia de prensa en el centro porteño, sintetizó la preocupación de la Mesa Nacional de Barrios Populares ante la reducción presupuestaria y la paralización de obras que impactan sobre 5 millones de personas en todo el país.
Bajo la consigna “Sin integración socio urbana no hay futuro para 5 millones de personas”, representantes de la Iglesia, organizaciones sociales y movimientos populares expusieron las consecuencias del cierre operativo de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SSISU). El panel estuvo integrado por Carrara, presidente de Cáritas Argentina; Juan Maquieyra, director ejecutivo de TECHO; Fernanda García Monticelli, ex subsecretaria de Gestión de Tierras de la SISU; y Lila Calderón, referente del Barrio Obrero de Cipolletti.
Durante el encuentro se remarcó que la política de integración sociourbana logró trascender dos gestiones de distinto signo político y consolidarse como un consenso nacional desde su creación en 2016 y su aprobación por unanimidad en el Congreso en 2018. Los expositores coincidieron en que no se trata de una bandera partidaria sino de una herramienta de transformación social auditada por organismos internacionales como el BID y por entidades nacionales como la SIGEN y la UCA, que certificaron su transparencia y ejecución territorial.
Carrara fue contundente al describir el contexto social. “Estamos en una cultura de la voracidad y el descarte”, señaló, y subrayó que urbanizar implica garantizar agua potable y electricidad segura, pero que la integración va más allá: supone protagonismo comunitario. “¿Qué adulto que tenga un poco de corazón puede decir ‘que mis hijos coman, pero si otros no comen no hay problema?’”, planteó.
Desde el territorio, Calderón describió la situación previa a la intervención estatal. Habló de barrios con más de 70 años de abandono, sin agua, luz ni cloacas, donde las familias debían conectarse de manera precaria a la electricidad con riesgo de incendios o electrocución. “Nos quedaron en el camino muchos vecinos y vecinas muertas”, afirmó, al recordar inundaciones y accidentes evitables.
García Monticelli aportó cifras de la gestión. Señaló que el 80 por ciento de los barrios populares tuvo algún tipo de inversión pública y que se desarrollaron más de 1.200 proyectos de integración sociourbana. Además, se generaron 24.000 lotes con servicios y 250.000 mejoras habitacionales a través del programa Mi Pieza, orientado a mujeres de barrios populares. “No se está desmantelando una oficina pública, sino la pieza ejecutora de la política”, advirtió, en referencia a los equipos técnicos que relevan, planifican y actúan ante desalojos.
Maquieyra recordó que el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y la Ley 27.453 surgieron de un proceso “de abajo hacia arriba” que luego fue votado por unanimidad en el Congreso. “Se hizo encontrando a los distintos y se sustentó haciendo”, resumió, en alusión a las decenas de miles de obras ejecutadas. Y lanzó una pregunta que atravesó la conferencia: “¿En qué Argentina queremos vivir? ¿En una donde, si nacés en un barrio popular y no hay obras de integración, vas a vivir 11 años menos?”.
El trasfondo del reclamo es la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) dispuesta por el Decreto 312/2025 y la reducción drástica de personal en la SSISU, cuya dotación pasó de 585 trabajadores en 2023 a 290 en diciembre de 2025. Más de 300 contratos vencen a fin de mes. Según los datos difundidos, existen más de 700 obras frenadas, más de 11.000 mujeres afectadas por la interrupción del programa Mi Pieza y 860.000 Certificados de Vivienda Familiar vigentes cuya tramitación depende de equipos hoy desarticulados.
En la Argentina hay 6.467 barrios populares donde viven más de 5 millones de personas. La política logró más de 1.300 obras de infraestructura básica, generó más de 150.000 puestos de trabajo y otorgó 250.000 mejoramientos habitacionales. También permitió regularizar conexiones eléctricas, mitigar riesgos ambientales y fortalecer la seguridad en la tenencia de la tierra mediante el certificado creado por el Decreto 358/2017.
Los expositores advirtieron que la paralización no es una discusión administrativa sino el incumplimiento de una ley vigente. Recordaron que el Juzgado Federal de Pehuajó dictó una medida cautelar que ordena no innovar y garantizar la continuidad de las obras con financiamiento comprometido, al considerar que la liquidación total del FISU podría vulnerar derechos reconocidos por la Ley 27.453.
El reclamo fue respaldado por más de 200 adhesiones de organizaciones y entidades de todo el país, entre ellas Cáritas Argentina, TECHO, la UTEP, institutos del CONICET, universidades nacionales, la Pastoral Social y sindicatos como la UOCRA, Fempinra, UEJN y SIPREBA. “Los barrios populares no son la casta. La SSISU es agua, luz, trabajo y seguridad en la tenencia para un millón de familias”, sintetiza la declaración conjunta.
Para la Mesa Nacional, el desmantelamiento implica dejar sin ejecución efectiva un marco legal que reconoce la existencia de más de 6.400 barrios populares y declara de interés público su integración. “Reducir equipos técnicos y paralizar obras no es eficiencia. Es desmantelar la capacidad del Estado para garantizar derechos”, señalaron. En esa línea, Carrara cerró con una definición que excede el debate presupuestario: reconocer la dignidad de quienes viven en villas y asentamientos no es una consigna, es una obligación democrática.