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La Asociación por la Justicia Ambiental y el Observatorio del Derecho a la Ciudad presentaron un amparo porque dicen que no fue convocada una audiencia pública reglamentaria. También afecta al Código de Edificación.
Ante un pedido de la Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM) y el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la jueza Andrea Danas dictó una medida precautelar que suspende el tratamiento legislativo de los proyectos de ley para reformar los Códigos Urbanístico y de Edificación. Argumentan que ni el Poder Ejecutivo ni la Legislatura porteña convocaron a una audiencia pública reglamentaria.
La medida regirá “hasta tanto la Legislatura y el Poder Ejecutivo informen en el plazo de cinco días, el estado parlamentario de los mismos, sus antecedentes y si efectivamente se ha convocado a audiencia pública previo a su tratamiento legislativo”.
Las entidades que promovieron la medida judicial expusieron: “De acuerdo al artículo 63 de la Constitución de la Ciudad es obligatoria la convocatoria a audiencia pública “antes del tratamiento legislativo de proyectos de normas de edificación, planeamiento urbano, emplazamientos industriales o comerciales, o ante modificaciones de uso o dominio de bienes públicos.
La Jueza expresó en su fallo que “la suspensión del procedimiento legislativo se presenta como una medida necesaria para preservar los mecanismos de participación ciudadana garantizados constitucionalmente, y compatibilizar los intereses en juego, hasta tanto el tribunal pueda evaluar la procedencia de la medida cautelar solicitada, con mayores elementos de juicio”.
Las asambleas y organizaciones sociales desde que el GCBA informó su decisión de aprobar el Código Urbanístico y un nuevo Código de Edificación para la ciudad cuestionaron que las instancias de discusión y participación ciudadana no se cumplen o constituyen una mera formalidad”, dijeron el ODC y la AJAM.
La modificación de ambos códigos se debate en la Comisión de Planeamiento Urbano, presidida por la legisladora de Vamos Juntos Victoria Roldán Méndez. La semana anterior se discutieron los capítulos de la reforma con integrantes de las 15 Juntas Comunales.
El año pasado, cuando el debate recién iniciaba, entidades barriales acudieron a la justicia y presentaron una medida para que Ciudad convoque a un debate abierto. Se hizo un foro en la Jefatura de Gobierno del barrio de Parque Patricios (Comuna 4). Para las autoridades porteñas fue un espacio de debate legítimo, mientras que para entidades que participaron dijeron que fue una puesta en escena ya que no fue vinculante.
La reforma de los Códigos inició a fines de 2016 con la elaboración de una propuesta del Consejo del Plan Urbano Ambiental porteño. Durante 2017 hubo reuniones informativas en las Comunas y distintos borradores que dieron lugar al proyecto de ley que ahora se discute en la Comisión de Planeamiento Urbano.