Página 12 | Por Carlos Rodríguez
Un proyecto que no tiene el consenso vecinal
Los consejeros vecinales, junto con organizaciones sociales como el Observatorio del Derecho a la Ciudad, expresaron su rechazo al proyecto de ley presentado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con el supuesto objetivo de lograr la urbanización del barrio Carlos Mugica (ex Villa 31-31 Bis). Facundo Peralta, vecino del barrio e integrante de la Mesa de Urbanización Participativa, le dijo a PáginaI12 que esa iniciativa “no cuenta con el consenso de los vecinos, establecido como condición ineludible en la ley 3343, de urbanización, sancionada en 2009, de manera que se trata de un intento de imposición de Rodríguez Larreta”. El Observatorio, por su parte, sostuvo que la iniciativa oficial tiene “un norte muy claro: transformar un proceso de integración social y urbana de un barrio popular en un proceso de expulsión lenta de su población” con vistas a “la explotación futura y especulativa del mercado inmobiliario”.
Peralta recordó que la ley 3343 estableció que el plan de urbanización debía ser consensuado con los vecinos y aprobado por “los dos tercios de los once consejeros vecinales, algo que el gobierno porteño no pudo lograr, de manera tal que ahora pretende imponer su postura, que atenta contra el derecho que tenemos los vecinos”. La arquitecta Sandra Sánchez, integrante del Observatorio, coincidió en que el proyecto firmado por Rodríguez Larreta “de ninguna manera fue consensuado con los vecinos del barrio y lo único que busca es mercantilizar una iniciativa que por el contrario debe garantizar el acceso igualitario a los servicios públicos y al equipamiento urbano en las mismas condiciones que en el resto de la Ciudad”.
Las críticas están dirigidas al proyecto remitido a la Legislatura por el jefe del gobierno porteño el 18 de septiembre. El Observatorio recordó que la ley de 2009 fijaba como objetivo central que el barrio Padre Carlos Mugica “no sea destruido en su totalidad y reemplazada su población” sino que “por el contrario, se lograra la integración social y urbana” y que a la vez “se reconozca la identidad, la cultura, la morfología, los lazos sociales y económicos que fue construyendo su población actual”. Esa política, que debe mantenerse en el tiempo, sin plazos, será imposible de lograr con un proyecto que busca “la expulsión de las familias por la presión del mercado inmobiliario frente a su debilidad económica”.
Lo que busca el proyecto oficial es que la tierra pública, que pertenece al Estado, caiga en manos del mercado inmobiliario, que fijaría las normas para escriturar las parcelas y viviendas ocupadas desde hace décadas por los vecinos. Lo que Rodríguez Larreta le pide a la Legislatura es “la autorización para que la tierra pública (...) termine finalmente en manos del mercado especulativo inmobiliario” que establecerá las reglas para las formas de pago, con lo cual “la tierra que está fuera del comercio por ser pública (...) sea mercantilizada, que ingrese al mercado inmobiliario y quede simplemente sujeta a los mandatos de criterios puramente económicos sin la necesidad de cumplir ningún fin social”.
Mientras, por un lado, se endurecen las condiciones de acceso a la vivienda social de los actuales pobladores del barrio, se fija una serie de medidas que facilitarían la compra a precios irrisorios de sectores externos que podrían acceder a parcelas valiosas que quedarían en manos del mercado inmobiliario. El Observatorio puso énfasis al señalar “la desprotección en la que quedarán las familias del barrio por el shock económico que implica pasar de la informalidad a la formalidad”.
Esto se debe a que “las familias deberán pagar de un momento a otro, sin que puedan adaptarse y en un contexto de grave recesión económica del país, el crédito por la vivienda que adquirirán en propiedad, las expensas, los servicios públicos, los impuestos inmobiliarios, etcétera”. Lo que se prevé, sin necesidad de profundizar en el análisis, que muchas familias quedarían al borde del desalojo porque no podrán afrontar los pagos que les impone el texto del proyecto oficial.