Los detalles del proyecto del Gobierno para urbanizar 4228 villas de todo el país

Infobae |Política | Por Patricio Tesei | 11 de abril de 2018

Lo impulsa el Ministerio de Desarrollo Social. Propone la expropiación de las tierras y la realización de acuerdos con los habitantes para la entrega de escrituras

En agosto de 2016, el Gobierno comenzó a realizar un relevamiento junto a diferentes ONG y movimientos barriales para determinar la cantidad asentamientos en todo el país. Según los datos del Registro Nacional de Barrios Populares, que instrumenta el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Carolina Stanley, se identificaron 4.228 villas. Sumadas, cubren una superficie de 415,5 km2, dos veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Y en esas tierras viven aproximadamente 3.5 millones de personas.

En base a esta información, y como parte de un plan integral, el Ejecutivo elevará al Congreso un proyecto para urbanizar estos asentamientos y avanzar con acuerdos para que sus habitantes se transformen en propietarios.

La iniciativa comenzará a discutirse en las comisiones en los próximos días y propone que se declare "la utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles" que componen el Registro Nacional de Barrios Populares. Además, faculta a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para realizar convenios con provincias y municipios para la transferencia de estos inmuebles y para establecer mecanismos de compensación impositiva.

Según el proyecto, al que accedió Infobae, la tarea de la AABE será "individualizar los bienes inmuebles a expropiar, llevar adelante las tasaciones, iniciar los juicios de expropiación y establecer un marco regulatorio especial para la regularización dominial de las
viviendas".

En tanto, Desarrollo Social tendrá a su cargo la coordinación, con los organismos competentes, del acceso a los servicios públicos básicos por parte de los habitantes de los barrios populares. En este punto, y de acuerdo al relevamiento, el 93,81% no cuenta con acceso de agua corriente; el 98,81% no cuenta con acceso a cloacas; el 70,69% no cuenta con acceso a energía eléctrica; el 98,49% no cuenta con acceso a la red de Gas Natural.

Como parte del proceso de urbanización, el proyecto dispone la creación de un fideicomiso y se suspenden los desalojos por dos años. Según el Gobierno, será un proceso "que puede durar años", y los títulos de propiedad se realizarán en base a los Certificados de Vivienda Familiar, instrumentados por la ANSES, que se comenzaron a entregar a los habitantes censados en junio del año pasado.

Con este certificado se puede acreditar la existencia y veracidad del domicilio, a los efectos de solicitar la conexión de servicios tal como agua corriente, energía eléctrica, gas y cloacas; solicitar CUIT y CUIL, realizar peticiones ante los organismos públicos; solicitar prestaciones de salud, previsionales y educativas. Hasta el momento, ya fueron entregados 94.692 certificados.

DATOS
Según información del Registro Nacional de Barrios Populares, el 68% de los barrios tienen menos de 150 familias; el 55% se desarrolló previo al 2000, el 26% durante la década del 2000, el 14% entre 2010 y 2013, y el 4% entre 2014 y 2016.

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Infobae | Por Patricio Tesei | 23 de mayo de 2017
ptesei@infobae.com

Mapa de las villas en Argentina: juntas, son más grandes que la ciudad de Buenos Aires

Eso se desprende de un relevamiento que realizó el Estado junto a organizaciones civiles y movimientos barriales entre agosto de 2016 y mayo de 2017. La mayor concentración tiene lugar en la provincia de Buenos Aires

¿Cuántos asentamientos hay en la Argentina? ¿Cuándo nacieron y cómo fue su desarrollo en el tiempo? ¿Cuál es la situación de los millones de personas que viven en ellos? Un relevamiento que realizó el gobierno nacional junto a diferentes ONG y movimientos barriales entre agosto de 2016 y mayo de 2017 busca abordar esta problemática.

Los primeros resultados de este informe, que reveló ayer Infobae, componen el decreto 358/2017, firmado por el presidente Mauricio Macri; por el jefe de Gabinete, Marcos Peña; por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley; y por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

La norma, entre otros puntos, establece la creación del Registro Nacional de Barrios Populares y su incorporación dentro del ámbito de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Se trata de 4.100 villas relevadas en todo el país, donde la mayor concentración tiene lugar en la provincia de Buenos Aires (1.612) y que, si se agruparan todas en un mismo territorio, conformarían un área más grande que la ciudad de Buenos Aires.

Más de la mitad de las villas (2.275) nacieron antes del 2000, mientras que 749, casi un cuarto del total, son posteriores a 2010. En tanto, de 1.340.272 personas relevadas, el 38% son niños o jóvenes de hasta 20 años, y el 3% son mayores de 65 años.

Se denomina "barrio popular" a los barrios donde viven al menos ocho familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos o más de los servicios básicos: agua corriente, energía eléctrica o cloacas.

Según se establece en el decreto, la función principal de este registro será "asentar los 'barrios populares', las construcciones existentes en dichos barrios y datos de las personas que las habitan a efectos de desarrollar políticas públicas habitacionales inclusivas". Y será, además, la base de datos para iniciar políticas tendientes a la regularización dominial.

"La precariedad en la tenencia del suelo incide negativamente en la calidad de vida de las personas, limitando el acceso a la infraestructura y a los servicios públicos, lo que contribuye a la generación de situaciones de pobreza, marginación y fragmentación social", expresa entre los argumentos la norma.

Por otro lado, las familias que forman parte de este registro recibirán un Certificado de Vivienda Familiar, instrumentado por la ANSES, que será requisito suficiente para "acreditar la existencia y veracidad del domicilio, a los efectos de solicitar la conexión de servicios tal como agua corriente, energía eléctrica, gas y cloacas; solicitar CUIT y CUIL, realizar peticiones ante los organismos públicos; solicitar prestaciones de salud, previsionales y educativas".

"Es esencial reconocer los importantes esfuerzos que han realizado durante años los habitantes de las villas y asentamientos, denominados Barrios Populares, al construir sus viviendas y su barrio, a pesar de las enormes dificultades, inequidades y reglas de un mercado que los excluye. Se hace indispensable apoyar a los habitantes de los barrios populares otorgándoles seguridad respecto de la tierra que habitan, del acceso a los distintos servicios básicos y de la integración urbana y social", agrega el texto.