2016 Febrero | Por Maximo Lanzetta, Nota desde el Informe digital de la Fundación Metropolitana
El saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo entra decididamente en una nueva etapa, marcada por tres hechos significativos. El primero, a fin de año el Juez Federal Jorge Rodríguez, a cargo de la ejecución de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dispuso que la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) elabore una nueva edición del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), esto es, una revisión del mismo. El segundo hecho es la nueva composición de Consejo Directivo de la ACUMAR, se trata de un ente tripartito, compuesto por representantes del gobierno nacional (50 %) del gobierno de la Provincia de Buenos Aires (25 %) y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (25 %), por primera vez, todos ellos responden a gobiernos del mismo signo político, la coalición Cambiemos. El tercer factor es que la ACUMAR ha regresado a depender institucionalmente de la cartera ambiental nacional, ahora devenida en ministerio, vale decir, el titular de la ACUMAR es ministro, y por lo tanto miembro del gabinete nacional.
La revisión del PISA es hoy una manda judicial, y resulta una excelente oportunidad para reformular el plan, cuyo origen estuvo tensionado por tiempos judiciales cortos y apuros en las presentaciones, que hicieron que muchas veces los procesos de consulta a las jurisdicciones no tuvieran la discusión necesaria.